¿Desandando la Paz de Westfalia?

Pero su importancia fundamental radica en el hecho de que significó el inicio de un nuevo orden mundial que giraba alrededor del principio de la soberanía nacional y la integridad territorial como basamentos de la existencia de los estados, finalizando el principio feudal dominante hasta ese momento, por el cual se concebía a territorios y pueblos como patrimonio hereditarios. Significó ni más ni menos que el nacimiento de lo que conocemos hoy como Estado Nación.

En función de ello, se consolida la figura del Estado como el principal responsable de velar por la soberanía y la integridad territorial de su territorio, y de su población el sostenimiento y participación como carga pública, llegando a alcanzar en términos de estrategia su mayor esplendor en el concepto de la nación en armas durante la Revolución Francesa. Este concepto que rigió la organización política internacional y las operaciones militares hasta fines de la Segunda Guerra Mundial pareciera haber comenzado a mutar.

Durante la Guerra Fría, las superpotencias dominantes y ante la alta posibilidad de mutua destrucción nuclear en caso de un enfrentamiento directo, recurrían a sus satélites para dirimir sus diferencias a través de los llamados conflictos de baja intensidad y en la actualidad, basados en una lógica similar, comienzan a proliferar los llamados ¨Ejércitos privados¨, ¨Mercenarios¨, ¨contratistas¨, que ofrecen a los estados sus servicios en forma privada.

Si bien la figura de los Mercenarios se remonta a la antigüedad y tiene su esplendor durante el Renacimiento, empresas como Blackwater, Wagner, y SADAT entre otras, atacan Estados o participan en conflictos proporcionando apoyo tecnológico (principalmente de comunicaciones y geolocalización) para alcanzar los objetivos que los gobiernos que disputan el liderazgo mundial no pueden llevar adelante en forma abierta.

Blackwater fue creada en 1997 por Erik Dean Prince, un ex integrante de los selectos Navy SEAL, en tiempos de la Presidencia de George Bush padre. Inicialmente enfocado en proporcionar entrenamiento militar avanzado, continuó evolucionando hacia el desarrollo de operaciones de acción directa como contratista del Pentágono, destacándose en diversas operaciones en Irak como parte de las operaciones especiales que tenían como objetivo principal a Osama Bin Laden.

Producto de su participación en dicho conflicto debió enfrentar acusaciones judiciales como la masacre de 14 civiles iraquíes y decenas de heridos de la Plaza Nisour en 2007, que le valieron la condena a 4 de sus integrantes en 2014, aunque finalmente fueron indultados durante la presidencia de Donald Trump en 2020.

En el caso de Wagner, y si bien su mayor notoriedad la alcanzó durante las operaciones en el conflicto Rusia – Ucrania, sus inicios se remontan a la participación en la invasión de la península de Crimea y el Donbas durante 2014, existiendo evidencia también de su participación en Sudán, Mali, Mozambique, República Centroafricana, Libia e inclusive en Medio Oriente en Siria. Fue fundada por Yevgeny Prigozhin, un oligarca ruso de aceitados contactos en el Kremlin y conducida militarmente por un ex Oficial soviético integrante de las Fuerzas Especiales del GRU, Dmitry Utkin.

Pero sus actividades no se agotan en operaciones militares duras exclusivamente en los clásicos dominios terrestre, aéreo, y marítimo, sino en operaciones multi-dominio que incluyan las operaciones militares cibernéticas, de información (pública y de espionaje), gracias al elevado grado de tecnología que manejan sus integrantes.

Y es justamente el carácter clandestino de estas organizaciones, lo que les permite ser empleadas por los gobiernos sin adjudicarse la responsabilidad de sus actos. Se estima que el número de combatientes que suman estas organizaciones se encuentra en franco crecimiento, con salarios ofrecidos de alrededor de 3000 dólares mensuales.

Pero no son solo las funciones militares de acción directa las ofrecidas por privados a los estados para influir en los conflictos en desarrollo. La evolución geométrica de la tecnología generó la aparición de nuevos actores que bajo la misma lógica de las organizaciones mercenarias, ponen a disposición de los estados sus servicios que pueden afectar seriamente el desarrollo de las operaciones militares, especialmente en los dominios (entendiendo como tales al ámbito donde se llevan a cabo operaciones militares) de la información y espacial.

Otros actores gravitantes en la generación y conducción de conflictos son las empresas conocidas como “Tecnológicas”. Entre ellas Palantir (empresa de seguridad y tecnología involucrada en las guerras de Irak y Afganistán, protagonista clave en la captura de Bin Laden, y actualmente presente en Ucrania), cuyo líder: Alex Karp, opina que EEUU debe conducir las acciones del mundo accidental contra su contrapoder “El poder de los sistemas avanzados de guerra algorítmica es ahora tan grande que equivale a disponer de armas nucleares tácticas frente a un adversario con sólo las convencionales. El público en general tiende a subestimar esto. Nuestros adversarios ya no lo hacen”.

“Cuanto más peligroso sea el mundo, más valdrá la ingeniería de software”, insiste Karp, siempre obsesionado por la rentabilidad económica. Hoy, Palantir tiene un valor estimado de 21.000 millones de euros y también tiene claro para quién trabaja: “Estamos por la victoria de Occidente, por una Defensa reforzada y por el uso de la fuerza en un contexto de guerra” (Nogueira, 2024).

El empresario sudafricano Elon Musk quizás sea, en forma mas visible, otro representante de esta situación, a la luz de la cada vez mayor información disponible sobre su participación directa e importante en el conflicto entre Ucrania y Rusia a través de su empresa SpaceX, cortando el servicio de Internet proporcionado a través de Starlink y mediante los cuales Ucrania planeaba efectuar un ataque con drones submarinos a naves de la flota rusa estacionadas en el Mar Negro.

De este modo se observa la aparición de un nuevo actor, de carácter privado, que adopta decisiones en base a sus intereses comerciales, que pueden no coincidir con los del Estado que contrató sus servicios y de los cuales pueden depender el desarrollo de sus operaciones militares.

Dicha centralidad, se da a partir de una transferencia de la competencia estatal a manos no-estatales y no-soberanas, ajenas a las limitaciones del derecho internacional. “Por tanto, estos contratistas se transforman en la ‘mano invisible’, no-punible, de los gobiernos que delegan la competencia militar en el capital privado, un capital del que se espera además que sirva con fidelidad. Pero en su carácter de vendedores de servicios militares, difícilmente los empresarios de la guerra sabrían responder a leyes diferentes de las que rigen al mercado. Pensarlos según una lógica proteccionista del interés nacional implicaría el grave error de confundir sus motivaciones y naturaleza¨ (Gaiada, 2023).

El rol cada vez mayor de los contratistas privados se ve puesto de manifiesto también por su mayor capacidad de I+D, superior inclusive por su capacidad de adaptación e innovación a la de las grandes multinacionales tradicionales. Para acudir al rescate de los astronautas norteamericanos transportados por Starliner de la megaempresa Boeing, que deberán permanecer en la Estación Espacial Internacional por fallas en el vehículo espacial previsto para su regreso, la NASA se vió obligada a recurrir a los servicios de SpaceX.

Es también destacable y sugestivo el rol de la aplicación X, propiedad del mismo empresario y cuya injerencia en cuestiones políticas de las naciones fue incrementándose al ritmo de la aparición de figuras políticas no tradicionales o mejor aún de la necesidad de sus propios intereses.

En términos de operaciones de información, redes como CNN, CBS, BBC, Al- Jazeera, CCTV, RT, etc, representan intereses privados y públicos que buscan en situaciones conflictivas, incidir sobre la clase dirigente, electorados, población en general y en caso de conflictos sobre la moral de sus tropas en función de sus propios intereses o de aquellos que representan.

Según diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, “las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional son aplicables al uso de las TIC y de los Estados y el Estado debe cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales¨.  Esto permite entrever que es altamente probable que este contrapunto entre intereses de los Estados y Privados requiera de alguna legislación supranacional que regule el funcionamiento del ambiente Cibernético.

Días atrás, el académico Juan Gabriel Tokatlian sostuvo, acerca de la importancia de la empresas tecnológicas a la par de los Estados: “En el año 2017 Dinamarca nombró un embajador ante el Silicon Valley, encargado de las relaciones con los poderosos actores del sector tecnológico. En años recientes, también lo hicieron Austria, Gran Bretaña y Estonia”. Embajadores encargados de las relaciones internacionales con el Estado, y embajadores encargados de las relaciones con la Empresas Tec¨.

En nuestro país, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto ley para modificar la Ley de Defensa y permitir un ¨empleo intermedio¨ de las FF.AA contra el terrorismo, cuyo análisis se está efectuando en el marco de la Comisión de Defensa del Congreso y para emitir opinión sobre la misma se me requirió participación en dicha comisión. Como expresé, la herramienta propuesta resulta innecesaria, no idónea, ambigua y voluntarista.

En primer lugar, es innecesaria porque el marco legal vigente ya habilita el empleo de las FF.AA, previa declaración del Estado de Sitio, cuando el PEN lo considere necesario. No es idónea porque propone el empleo del Instrumento Militar en base a una Estrategia basada en la reacción y no en la anticipación.

Enfrentar al terrorismo en estos términos implica ir detrás de las consecuencias del hecho terrorista consumado. El combate contra el terrorismo internacional mas exitoso es aquel que logra que la acción terrorista no se llegue a concretar.

En el terrorismo, la principal violencia se ejerce sobre los civiles, por lo cual requiere centrarse en la seguridad de las personas, mas que destruir al enemigo (Mary Kaldor, 2021).

Para ello, es esencial disponer de una Inteligencia Estratégica eficaz, interconectada con los servicios de inteligencia mas eficientes que compartan el tipo de amenaza, marco legal que permita un alto nivel de coordinación entre poderes y agencias del Estado (Defensa, Seguridad e Inteligencia), los recursos necesarios que eviten caer en el voluntarismo declarativo, sin ambigüedades respecto de las facultades que se le otorgarán al Instrumento Militar para evitar que quienes se enfrenten efectivamente a la amenaza o agresión, deban desfilar ante tribunales que juzgarán su accionar con criterios propios del principio de empleo de Fuerzas de Seguridad o Policiales, cuando han sido formados para enfrentar a un enemigo de alto nivel de peligrosidad y letalidad, y finalmente una fuerte voluntad política.

Los ejemplos del G-20 y la actualidad de Rosario son ejemplos contundentes de lo expresado. Mientras tanto, sería suficiente para avanzar en esta dirección derogar el Decreto 727, que reglamentó la ley de Defensa desvirtuando su espíritu y limitando el empleo de las FF.AA a agresiones estatales militares externas, en lugar de solo agresiones externas.

Pero a mi criterio y opinión, ambas visiones no se compadecen con las características de los conflictos del futuro porque establecen el empleo del Instrumento Militar en función de la dirección de la amenaza, en lugar de hacerlo por su intensidad y con la aparición de nuevos actores que claramente no cuadran dentro de los límites que establece el decreto 727 por no tratarse de amenazas militares estatales externas, como en el caso de los Ejércitos privados de mercenarios, organizaciones terroristas del tipo Hezbollah y Al Qaeda a los cuales se suman empresas privadas, tecnológicas y de comunicaciones cuya influencia en las operaciones militares resulta cada vez mayor.

La intensidad de la amenaza o agresión como criterio de empleo permitiría claramente establecer cuando emplear Fuerzas policiales locales, Fuerzas de Seguridad Federales y cuando Fuerzas Armadas. Un Estado que se autorestringe al empleo de su última ratio en materia de coacción incluso cuando exista el riesgo de su supervivencia como comunidad organizada, independientemente de desde donde provenga la agresión, es sencillamente un sinsentido.

Es a través de este concepto de empleo que el Estado garantiza los principios de racionalidad, progresividad y proporcionalidad, además de constituir ¨per se¨ un mensaje disuasivo para quien pretenda llevar a cabo una agresión contra nuestro país.

Pero un error garrafal sería emplear a las FF.AA para funciones que (si bien puede llevarlas a cabo por el principio de que quien puede lo mas, puede lo menos) no son de naturaleza específica de una Fuerza Armada sino mas bien de una Fuerza de Seguridad o Policial (Patrullaje, control de personas y vehículos, operación de control en puestos fijos y móviles, control y vigilancia de instalaciones e inmuebles y aprehensión en flagrancia).

Las FF.AA no son refuerzo de las FFSS o Policiales, sino que hacen lo que ellas no pueden hacer o cuando las mismas han sido sobrepasadas por la intensidad y magnitud de la agresión y corre riesgo la continuidad de la existencia del Estado y menos aún cuando, según información de la ONU y CELAC nuestro país registra un promedio de 614 Policías cada 100.000 habitantes, cuando se recomiendan 264 y siendo en países con altos niveles de inseguridad como Colombia y Méjico de 315 y 316 respectivamente. Efectivos insuficientes o mal empleo de los Recursos Humanos disponibles?

Pero el riesgo mayor que representa esta propuesta es el de desviar la atención de las FF.AA de su misión fundamental que es la de proteger los recursos naturales, la población y garantizar la soberanía territorial, hoy vulnerada en forma efectiva por un estado agresor que ocupa militarmente parte de nuestro territorio y saquea los recursos naturales allí contenidos, otorgando licencias de pesca y explotación hidrocarburífera que no significan otra cosa que la pérdida de divisas que necesitamos para el desarrollo de nuestro país, además de no entender o asumir por parte de la dirigencia política y la intelectualidad, que no se trata solo de ¨Malvinas¨, ya que es todo el Atlántico Sur el que incrementó su importancia en términos Geopolíticos no solo para nosotros sino para las potencias globales o las que aspiran a serlo.