“Dañar al gobierno políticamente”. Con esta expresión se argumenta el Decreto 879/2024 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se vetó el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Ahora bien, para comprender este planteo cabría ubicarlo en el contexto general de la política sectorial, el cual se explica tanto por la orientación ideológica libertaria, como también por una injustificada difamación de la educación pública y, en particular, de las Universidades Nacionales.
En cuanto a lo primero, a diez meses del inicio del gobierno de Javier Milei, su política educativa demuestra una clara orientación hacia el desentendimiento del Estado en la materia. A ello se suma un desconocimiento del marco normativo constitucional y legislativo vigente que prevén un alto reconocimiento de la educación como derecho humano.
Las medidas iniciales de reducción del rango de la cartera educativa a una Secretaría, la cancelación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), fueron continuadas por la creación de un Programa de vouchers educativos (para auxiliar en el pago de aranceles de escuelas privadas) y un Plan nacional de alfabetización que delega en las provincias y organismos de la sociedad civil una función -como si fuera novedosa- ya prevista en la Ley de Educación Nacional: la enseñanza de la lectocomprensión y de la escritura.
El punto más crítico lo padece la Universidad ya que en su caso se conjugan su propio desfinanciamiento con el del sistema científico y tecnológico, en el cual las universidades públicas constituyen los agentes más importantes de promoción, desarrollo e innovación.
Esta orientación de la política pública será profundizada ya que ha suspendido lo dispuesto por las leyes de financiamiento educativo (6% del PBI -que nunca se cumplió-), de ciencia y tecnología (0,45% del PBI), y de educación técnico profesional (0,2% del PBI).
En lo que respecta a lo segundo, la difamación, podría aplicarse lo planteado por Hannah Arendt en sus ensayos sobre la verdad y la mentira en la política, que fueron publicados en los años 60 y 70 del siglo XX. Uno estuvo inspirado por las reacciones ante el juicio Adolf Eichmann (es el ensayo dedicado a la verdad), y el otro surgió a raíz de la publicación de los Papeles del Pentágono (el centrado en las mentiras).
En uno de sus pasajes más lúcidos, Arendt sostiene que “mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira… [es] un pueblo privado del poder de pensar”. La distorsión de la realidad permite la manipulación de las personas, de sus comportamientos y creencias ya que se inhibe la capacidad de análisis.
Son varios los ejemplos que el gobierno nacional brinda en los cuales la verdad factual sobre la educación es omitida o bien es sustituida por mentiras que, como dice Arendt, llevan a destruir el sentido por el que nos orientamos.
Entre esos ejemplos se destacan: las declaraciones de las autoridades educativas sobre la cantidad real de estudiantes universitarios (cuando en verdad las universidades informan continuamente al Estado este dato a través de sistemas informáticos);
la poca cantidad de egresados (que en realidad creció a razón de un 3% anual en la última década); la gran cantidad de años que tarden en concluir sus carreras (habría que considerar que la población universitaria trabaja y estudia, y que el 60% del grupo entre 15-29 años es pobre);
la falta de transparencia en la gestión de los recursos (las Universidades Nacionales están auditadas a través de la Auditoria General de la Nación; y son evaluadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria);
o que el Estado no debe financiar las vocaciones científicas de los profesores e investigadores (no sólo se demuestra desconocimiento sobre trabajo científico sino también sobre el lugar que tiene la ciencia en el desarrollo económico y productivo de un país).
Estos son ejemplos de un tipo de mentira moderna que aspira a destruir, que contiene un elemento de violencia que resulta muy dañino para las instituciones democráticas, tal como advertía la autora hace más de cinco décadas.
El decreto 879/2024 sostiene al final de sus considerandos que se veta la ley para “que el país continúe en la senda de la estabilidad y del crecimiento” porque de aprobarse afectará “de manera tangible los objetivos de política económica fijados”.
Precisamente, esto último constituye una falacia, no sólo por el impacto que tendría -en el presupuesto de la administración pública nacional- la actualización de los montos de las partidas presupuestarias para las Universidades Nacionales sino además por suponer que con la reducción del presupuesto universitario se generarían condiciones de desarrollo económico.
Hannah Arendt también hablaba en sus ensayos del embustero, el que “no dice las cosas como son porque quiere que las cosas sean distintas de lo que son”. La persona embustera abusa de la libertad humana, la pervierte con mendacidad de tal forma que resulta más persuasiva que la persona veraz. La persona embustera y las mentiras políticas modernas exigen la configuración de otra realidad, y han sido fortalecidas por la contemporánea manipulación de los hechos.
Mucho de ello se evidencia en la campaña de difamación sobre la educación universitaria en estos diez meses de gobierno libertario. Ante este panorama de mentiras, cabe reclamar al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con la Constitución y con las leyes que aprueba el Congreso. ¿O vetará todas aquellas que no le gustan? De hacerlo, además de demostrar un abuso de autoridad, provocaría un vaciamiento de la función legislativa que la Constitución le otorga al Parlamento. Lo cual es tan grave como el uso sistemático de mentiras (como la intención de dañar políticamente que se esgrime en el Decreto 879/2024) para justificar medidas que apuntan a socavar las instituciones estatales y cercenar el ejercicio de los derechos.
Publicado en Clarín el 8 de octubre de 2024.
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