La dictadura publicó nuevos requisitos de viaje para sus ciudadanos. Afecta a los que tienen pasaporte venezolano vencido, también a los que cuentan con otra nacionalidad. La resolución viola la Constitución y tratados internacionales.
La dictadura chavista de Nicolás Maduro acaba de restringirle la entrada a Venezuela a más de tres millones de venezolanos que residen en el exterior, principalmente en países de Latinoamérica y Estados Unidos. Es que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en conjunto con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Anac), pusieron en vigencia inmediata una resolución que les impide a sus ciudadanos viajar en avión si tienen su pasaporte vencido, al tiempo que les toma como inválida su cédula de identidad (equivalente al DNI) aunque esté vigente.
En Venezuela tramitar un pasaporte tiene un costo de 180 dólares, mientras que en el exterior el arancel aumenta a 336 dólares. Es uno de los más costosos del mundo, también uno de los más limitados, pues la mayoría de los países de la región y de otros continentes les exigen visa a los venezolanos.
Para no dejar lugar a ninguna duda de que el chavismo busca que las restricciones contra sus ciudadanos tengan el máximo alcance posible, la resolución les prohíbe que se presenten con pasaportes o documentos de identidad de otro país si cuentan con otra nacionalidad. Así, los obliga a tramitar un salvoconducto, el cual tiene un costo de 60 dólares y deben solicitarlo “al menos 72 horas previas al embarque” en alguna embajada o consulado venezolano. Como Maduro rompió relaciones diplomáticas con la Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, los venezolanos que viven en alguno de esos países tendrían entonces que hacer una especie de escala en otro país —como Bolivia, Brasil, Paraguay o Colombia, en el caso de Sudamérica— para pagar el salvoconducto y recién entonces poder seguir su viaje hasta Venezuela. Se trata, en definitiva, de una jugada que les encarece costos, tarda más tiempo, aumenta las trabas burocráticas y les complica visitar su propio país por cualquier motivo, desde turismo hasta trabajo, estudio, actualizar documentación o visitar a algún familiar.
La medida, que se dio a conocer este fin de semana, viola la propia Constitución de Venezuela, que en su artículo 50 establece que “los venezolanos pueden ingresar a (su) país sin necesidad de autorización alguna. Ningún Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos”. En el plano internacional la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, firmada en 1969, estipula que “toda persona se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo, y tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.
La aerolínea Latam, en su sucursal de Colombia, fue una de las primeras que dio a conocer el requisito, que afectó a cientos de sus pasajeros.
Más de tres millones de afectados
La diáspora de Venezuela es la tercera más grande del mundo. Se estima que 7,7 millones de venezolanos —25% de su población total— reside en el exterior, bien sea en condición de inmigrantes, refugiados, asilados o con algún estatus provisorio.
En la Argentina hay alrededor de 220.000 según la Dirección Nacional de Migraciones, mientras que en Perú hay millón y medio, en Chile poco más de 500.000, cifra similar a la de Estados Unidos. En Ecuador hay poco más de 400.000, por citar solo algunos ejemplos.
En el caso argentino, en este momento y hasta mediados de diciembre de este año, una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones les permite a los venezolanos ingresar a nuestro país con cédula o pasaporte sin importar que estén vencidos, y si lo desean, pueden obtener un DNI y residir legalmente. De esa manera, virtualmente tienen acceso a derechos que la dictadura chavista, en su país, les niega.
La cúpula chavista, en los últimos días, amenazó con romper relaciones diplomáticas, comerciales y aéreas con España, donde hay más de 500.000 venezolanos, incluido Edmundo González, presidente electo según las únicas actas que se conocen de las elecciones del 29 de julio.
