Un viejo chiste ubica a tres náufragos en una isla, con la única disponibilidad de alimentos enlatados. El primero de ellos (un físico) trata de buscar un elemento punzante y seguro para acceder a la comida, el segundo (un químico) ve de que modo puede erosionar con las sales del mar, las latas; y el tercero (economista) pretendiendo hacer un aporte remata con un “supongamos que tenemos un abrelatas”.
No es una novedad que la economía es (en alguna medida) una ciencia de “supuestos”, y que la proyección económica que un presupuesto contiene debe reflejar los efectos en el tiempo, de las medidas que un gobierno se propone.
El actual Ejecutivo sostiene un objetivo excluyente (eliminar el déficit del sector público). Un objetivo que la mayoría de la sociedad comparte, sobre todo a partir de las dramáticas consecuencias que han generado la secuencia de presupuestos desequilibrados y por lo tanto la espiral de presión inflacionaria, deuda o emisión descontrolada (o un poco de todo, como fue en la última etapa del kirchnerismo).
Ahora bien, la adecuada gestión presupuestaria puede ser una herramienta imprescindible de política económica o un nuevo “tótem” en cuyo altar resignemos elementos (también) significativos para el dinamismo económico. Como en su momento sucedió con el tipo de cambio fijo, confundir instrumentos con objetivos puede resultar fatal.
Nadie en su sano juicio discute que Argentina debe disciplinarse presupuestariamente y reconfigurar su sector público para hacer sostenible las prestaciones públicas, sin ahogar la actividad privada.
La cultura política argentina tiene que incorporar, como si fuera un hábito y no un hecho episódico, la idea de “restricción” a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, esa disciplina para que tenga potencia transformadora, debe ser el resultado de una calificación institucional.
El Presupuesto que debemos discutir consagra la regla del “déficit cero” sin sanciones previstas para caso de incumplimiento. Expresa una voluntad política y consolida una narrativa. Habrá que ver si para los inversores es suficiente.
Por otro lado, no es en absoluto disrruptivo, más bien sigue la tradición nacional de sobre-estimar los ingresos para poder plasmar los resultados deseados.
Hay dos circunstancias donde esto es muy evidente: el aumento el 100% en la recaudación de los derechos de exportación, aún cuando estamos viendo que el precio de nuestros comodities tradicionales no están pasando un buen momento, y el gobierno no ha anunciado un aumento en las alícuotas. En la misma línea, preveer un incremento del 34 % en la recaudación general, con una inflación prevista del 18 % es (como mínimo) demasiado optimista.
El problema, en cualquier caso, no es el “ajuste en el margen” para la hipótesis de que no crezcamos al 5%, o la inflación no resulte del 18%. El problema de fondo, es que nadie puede augurar al día de hoy que esté asegurada la salida del estancamiento económico. Si sencillamente la recuperación es más lenta de lo previsto (por razones internas o externas), probablemente la “regla fiscal” sea insuficiente como programa económico para movilizar recursos y generar expectativas positivas.
Tan asfixiante para la conversación es el “negacionismo K” respecto de las consecuencias de la emisión y de un manejo discrecional del Banco Central, como el “optimismo militante” que no advierte ninguna luz amarilla, ni en la praxis política ni en el Presupuesto.
Luego de una larga temporada de desprecio por la hacienda pública, no deja de ser un alivio saber que vamos a discutir un presupuesto. Para quienes, como yo, creemos en los bienes públicos adecuadamente gestionados, la asignación de recursos es algo relevante. Para Javier Milei el equilibrio fiscal es un punto de llegada, para nosotros es un punto de partida hacia la construcción de una sociedad más cohesionada y una economía no solo estable, sino también competitiva, innovadora e incluyente.
Publicado en Clarín el 19 de septiembre de 2024.
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