Entre los detenidos hay dos españoles, tres estadounidenses y un checo. Antes hubo un argentino. En el pasado otros fueron usados como monedas de cambio.
La dictadura chavista continúa su pulseada con países que no reconocen la reelección de Nicolás Maduro, a casi dos meses de las elecciones presidenciales, sin que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de los comicios. La afrenta va contra España, Estados Unidos y República Checa, a los que acusa de planificar un magnicidio en su contra.
En las últimas horas los cuerpos de inteligencia detuvieron a dos ciudadanos españoles, tres estadounidenses y un checo. Diosdado Cabello, uno de los líderes más radicalizados del chavismo y flamante ministro de Interior y Justicia, los acusa a todos de introducir armamento de guerra y ofrecerlo a presuntos grupos subversivos. La acusación la hizo en una conferencia de prensa en la que no mostró pruebas.
“Habría que preguntarse por qué debemos mantener relaciones diplomáticas con países que quieren derrocarnos”, acusó Cabello cuando le preguntaron si es inminente un ruptura total con España, como sugieren varios jerarcas chavistas, a una semana de que el gobierno del socialista Pedro Sánchez concedió asilo político a Edmundo González, presidente electo según las únicas actas que se conocen de las elecciones.
Jorge Rodríguez, el alfil más íntimo de Maduro, fue el primero en recomendar romper puentes comerciales, diplomáticos y aéreos con La Moncloa. El ministerio de Relaciones Exteriores de Maduro, además, llamó a consultas al embajador español, que acogió a González en su residencia antes de su partida al exilio.
Los españoles detenidos son dos vascos, vecinos y amigos provenientes de Bilbao, que viajaron a Venezuela por turismo según el diario El País. Iban a estar de viaje por poco menos de un mes y estaban desaparecidos desde el 2 de septiembre.
Un tercer español fue deportado luego de que llegó al aeropuerto de Maiquetía, a las afueras de Caracas, vestido con una camiseta de la Vinotinto que tenía el nombre de María Corina Machado.
El ministerio de Relaciones Exteriores de España desmintió que los españoles detenidos sean agentes del Centro Nacional de Inteligencia español, tal como los acusó Cabello. Pidió, también, que se respeten sus garantías y se puedan chequear los expedientes. Y negaron, de lleno, que Pedro Sánchez o su gobierno planifiquen una acción bélica contra Maduro.
En la misma línea Estados Unidos negó tal operación y pidió la libertad de sus ciudadanos.
En el pasado la dictadura chavista tuvo presos a empresarios y ejecutivos estadounidenses, a los que liberó en un intercambio por Alex Saab, que estaba preso en Florida señalado de ser testaferro de Maduro.
En el caso de España hubo ciudadanos venezolanos con nacionalidad española que fueron presos políticos, como Luis Carlos Díaz, un periodista que aun hoy sigue bajo investigación.
Contra la Argentina sucedió una acción similar. Marcelo Crovato, un abogado de la ONG Foro Penal, estuvo preso entre 2014 y 2018, hasta que pudo escapar con destino a la Argentina, país del que también posee la nacionalidad.
La dictadura lo detuvo por asistir a detenidos políticos. Como penalista, Crovato tomó su caso. Cuando los acompañó a una sede policial donde los dejaron detenidos, a él también lo metieron en una celda, para después mandarlo a la cárcel de Yare.
