En la primera semana de septiembre se realizó en Brasilia una nueva reunión entre los negociadores del Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR.
Se quedó en continuar dentro de los próximos meses apoyados en importantes avances en términos de cooperación europea para la modernización de la industria mercosureña y se cerraron otros ítems.
La fortaleza de la Presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von del Leyen, recientemente reelecta, le ha permitido continuar la agenda que ella defendiera durante los últimos cuatro años y mantener al negociador Rupert Schlegelmilche Ejemplo de racionalidad política para los argentinos.
¿Qué se está negociado? Las objeciones hechas, fundamentalmente, por Brasil a partes del acuerdo cerrado relativos a las compras gubernamentales, entre otros menores; la adenda que los europeos presentaron en marzo de 2023 vinculada al Pacto Verde y una contrapropuesta relativa a las exigencias ambientales que encabezó Brasil con el apoyo de los otros estados. Es de destacar que el negociador europeo sostuvo frente a los miembros de la Comisión Temporaria sobre el Acuerdo Unión Europea Mercosur del Parlamento del Mercosur, que la adenda estaba abierta a la negociación. Y es lo que se está haciendo.
Lamentablemente, el estado argentino al final del gobierno del Presidente Fernández en vez de sumarse a la nueva negociación resolvió no respaldar el acuerdo y dejar en manos del estado brasileño el control del trato.
El gobierno iniciado en diciembre de 2023 rápidamente se pronunció a favor del Acuerdo UE-Mercosur y lo ha ratificado en cada una de las reuniones internacionales.
Los europeos consideran que el MERCOSUR es su mejor entrada al mercado latinoamericano. Parlamentarios de diferentes signos políticos y funcionarios de la Unión Europea manifestaron en las reuniones de junio del 2023 la importancia que tenía para ellos negociar con una entidad colectiva. Esta potencia mercosureña parece nos ser entendida por el gobierno argentino que acaba de proponer en la reunión de cancilleres del reciente mes de agosto una supuesta flexibilidad en la negociación con terceros países o grupos de países a fin de permitir el bilateralismo.
Paralelamente, propone “trabajar juntos para promover un comercio internacional justo, basado en reglas claras y transparentes, y que es necesario presentarse como un modelo de integración regional que demuestra que es posible conciliar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el desarrollo social”.
Es difícil de entender que al mismo tiempo que se reivindica la integración regional se propongan salidas individuales en la negociación con países ajenos al Mercosur.
Más allá de la opinión política lo que el gobierno no parece conocer es la naturaleza jurídica del MERCOSUR. Las negociaciones en bloque son una consecuencia directa y obligatoria del carácter de unión aduanera que es este organismo intergubernamental.
El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto lo establecen expresamente en sus primeros artículos. Igualmente, el arancel externo común es condición necesaria para cualquier unión aduanera. Ambos instrumentos jurídicos están a su vez regidos por las disposiciones de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. Los países miembros del Mercosur son signatarios de esa norma internacional. Razón por la cual si se decidiera avanzar en forma unilateral o asociada a algún estado en esta propuesta de flexibilización que terminara con la negociación conjunta se facilitaría la ruptura del MERCOSUR.
Esta idea no es original en la región. El Estado uruguayo lo ha planteado en distintas ocasiones y por gobiernos de diferente signo político. Voces de expertos en integración regional se han manifestado demostrando la falta de viabilidad jurídica del planteo y los riesgos políticos para el proceso de integración regional.[1]
Sin embargo, las críticas no atienden a los requisitos faltantes a la unión aduanera en lo que hace a la política comercial. Además de las negociaciones en bloque y el arancel externo común se requiere de un código aduanero comunitario, establecer la distribución de la renta aduanera y coordinar la defensa comercial comunitaria con terceros países.
¿Puede una organización intergubernamental enfrentar estos desafíos sin contar con un cuerpo profesional permanente integrado pluralmente, que se ocupe en forma continua de lo comunitario y que no dependa de los vaivenes políticos de los estados miembros?
La reiteración de las mismas cuestiones entre nuestros estados demuestra que no alcanza con crear nuevas instituciones (“Grupo Ad Hoc de Relacionamiento Externo”, “Grupo de Relacionamiento Externo del MERCOSUR”) para resolver los problemas de coordinación que tenderán a incrementarse con el agregado de nuevos socios.
El MERCOSUR como toda asociación política necesita que la tensión política de y entre los países conviva con una consistencia comunitaria apoyada en el trabajo de quienes, reclutados meritocráticamente, hacen cumplir las reglas que regulan la convivencia comercial interna y externa y proponen soluciones de alto nivel técnico para los problemas comunes.
La cuestión no se resuelve buscando la ilegalidad para escapar al problema de las asimetrías entre los países miembros sino por asumirlas y coordinar los procesos de desarrollo.
[1] https://www.coadem.org/declaracion-de-coadem-ante-la-situacion-en-el-mercosur.html . Perotti, A.: conferencia “Mercosur: unión aduanera y negociaciones comerciales”. Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración (IELEPI), Madrid, España, 23 al 25 de junio de 2021, webinar online “VIº Congreso Eurolatinoamericano sobre Integración Jurídica, Económica y Política-social”.
-Illescas,N. https://inai.org.ar/wp-content/uploads/2022/07/Uruguay-China-vf.pdf
-Veron Guerra, M. Raimondi, G., https://www.lanacion.com.ar/opinion/negociar-pero-no-desdibujar-el-mercosur-nid12082021/
-F.Peña,https://www.clarin.com/opinion/ideas-sacar-mercosur estancamiento_0_aHpppIodL.html
