Los defensores a ultranza de la economía de mercado sostienen que los países estatistas impiden el crecimiento económico y, en nombre de la justicia social, crean pobreza. Los defensores a ultranza de la intervención estatal en la economía denuncian que los países donde reina el mercado hacen ricos a unos pocos, a costa de la mayoría de la sociedad.
Unos y otros discuten como si no hubiera matices. En realidad, todos los países del mundo tienen economías mixtas, que combinan cierto grado de capitalismo con medidas de promoción social. Unas de esas economías son más productivas, otra más equitativas, pero ninguna es unilateral.
Los Estados Unidos ofrecen, hasta cierto punto, un modelo de economía mixta.
Su gigantesca empresa ferroviaria, Amtrak, es propiedad del Estado. El directorio lo nombra el Presidente de los Estados Unidos con acuerdo del Senado. Amtrak cubre casi todo el país y una parte de Canadá. El año pasado invirtió 3.000 millones de dólares para comprar nuevos trenes, hacer túneles y construir puentes.
En los países en desarrollo es común que la politización, la burocracia y la ineficiencia produzcan empresas estatales que no cumplen su finalidad y se convierten en una carga social. Pero eso no significa que una empresa pública sea necesariamente fallida. Amtrak es la prueba de que esto no es así.
Las privatizaciones de hace unos años sirvieron para que los estados se hicieran de recursos fiscales vendiendo, en muchos casos, empresas estatales prestigiosas y real o potencialmente rentables, como la francesa Renault. Por el contrario, hay grandes empresas privadas, de renombre internacional, que han quebrado:
Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes de los Estados Unidos, con activos valuados 680.000 millones de dólares, quebró en 2008, provocando una crisis financiera y económica en los Estados Unidos que se trasladó a gran parte del mundo.
Eso puso de manifiesto el “efecto dominó” que podía causar la quiebra de una sola de las grandes compañías financieras. La Ley de Estabilización Económica facultó al Departamento del Tesoro a comprar o garantizar activos de bancos en dificultades, hasta 700.000 millones de dólares.
A partir de ese cataclismo, se establecieron nuevas regulaciones gubernamentales para prevenir la caída de bancos privados. No sólo en los Estados Unidos: la Unión Europea creó en 2014 el Mecanismo Único de Supervisión —integrado por el Banco Central Europeo y los organismos de fiscalización bancaria de los estados miembros.
Pero Lehman Brothers no fue la última gran quiebra de Estados Unidos. Entre decenas de bancarrotas se destacan tres:
-Enron, una de las mayores compañías energéticas del mundo, que operaba en 40 países, entró en quiebra en 2001, dejando una deuda de 67.000 millones de dólares con sus acreedores y 2.000 millones con sus 21.000 empleados
-General Motors se declaró en quiebra en 2009. Fue rescatada por el estado, que le inyectó 50.000 millones de dólares, la convirtió transitoriamente en una empresa estatal, la reestructuró y la devolvió al sector privado.
-El año pasado se produjo el colapso de Silicon Valley Bank: la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008. El estado puso 15.800 millones de dólares y devolvió así todos los depósitos que tenía el banco.
Cuando hay crisis económica interna o internacional, a las empresas de determinados sectores se les hace difícil o imposible mantener la estabilidad. Es entonces cuando los estados con capacidad financiera pueden evitar un derrumbe.
En tiempos normales el éxito económico de una empresa no depende tanto de los sistemas como de la calidad de la dirigencia, su organización, sus estrategias y sus capacidades, así como de los valores y comportamientos de la sociedad. También de la ética. La corrupción -practicada por la dirigencia y en algunos países tolerada por la sociedad- conspira contra la propia empresa, cualquiera sea su tamaño.
Hay en Estados Unidos, como hemos visto, una gran y exitosa empresa estatal, y hubo un gran número de empresas privadas que cayeron en la ruina. Esto desmiente a quienes creen que todo capitalismo es radical.
Una característica del estatismo, criticada por los partidarios de la economía de mercado, es el “estado de bienestar”, que implica ayuda estatal a sectores desfavorecidos. La política social perfecciona la democracia, salvo en sociedades con gobiernos llamados “populistas”, que hacen de la política social objeto de burocracia, compra de apoyo político, discriminación y favoritismos.
Los Estados Unidos tiene algunas medidas de bienestar social:
-Medicaid. Seguro de salud para personas de bajos ingresos.
-Medicare. Seguro de salud para mayores de 65 y discapacitados.
-Programa de Seguro Médico para niños (CHIP). Atención médica de niños de familias de ingresos medios.
-Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF). Seguro de desempleo por dos años.
-Ayuda de emergencia para encontrar vivienda. Subsidio total o parcial de alquileres para familias con bajos recursos, adultos mayores o personas con discapacidad
-Crédito fiscal por ingresos bajos (EITC). Desgravaciones fiscales.
-Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Descuentos de productos alimenticios a hogares de bajos ingresos.
-Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Ayuda a los discapacitados.
El privatismo y el estatismo extremo estarían condenados al fracaso. Las economías saludables son aquellas donde hay reciprocidad entre un sector privado de muy alta productividad y un estado fuerte que lo incentive y, en caso de necesidades puntuales, lo respalde. Pero un estado que tenga -como función permanente- la equidad y el bienestar social. No son objetivos contradictorios.
Publicado en Clarín el 8 de septiembre de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/privatismo-estatismo_0_9lxN6QWNrS.html
