31 exmandatarios sumaron su apoyo a las investigaciones que se llevan adelante en La Haya contra la dictadura chavista por crímenes de lesa humanidad.
31 expresidentes Iberoamericanos firmaron una declaración conjunta para solicitarle a la Corte Penal Internacional la emisión de una orden de captura contra el dictador Nicolás Maduro y su cúpula, entre los que se incluye también a Diosdado Cabello. Consideran que en Venezuela se incurre en una violación masiva y sistemática a los derechos humanos de la población, que padece terrorismo de Estado.
El encargado de consignar el documento en La Haya fue el expresidente colombiano Andrés Pastrana. De su país se sumaron también Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Por América Latina aparecen el argentino Mauricio Macri (Cambiemos, 2015-2019), y otras figuras como Vicente Fox o Carlos Mesa.
En el caso de España sumaron sus firmas Vicente González, Mariano Rajoy y José María Aznar. No está la rúbrica de José Luis Rodríguez Zapatero, una figura cercana a Maduro y que en los últimos años hizo de intermediario del chavismo en diferentes instancias de diálogo con la oposición, sin que ninguna llegase a buen puerto.
“Estamos atentos a lo que sucede en Venezuela”, contó Pastrana, en un video que difundió en redes sociales.
Argentina, un país clave
En 2018 la Argentina, junto con Chile, Brasil, Perú, Paraguay y Canadá, se convirtieron en el primer grupo de países en la historia en denunciar a un tercer Estado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Al hacerlo, la Corte se vio obligada, según sus estatutos, a iniciar averiguaciones. Actualmente Maduro y su cúpula enfrentan una investigación en curso.
El gobierno argentino, en 2019, recabó testimonios de venezolanos en la Argentina que pudieron denunciar y contar por primera vez las torturas y la persecución a las que los sometió el chavismo, y luego fueron parte de las pruebas que llegaron a La Haya.
Uruguay, recientemente, se sumó como Estado a estos países en esta denuncia.
Desde el 28 de julio a esta parte, la dictadura detuvo a más de 1.500 personas luego de las elecciones presidenciales, cuyas únicas actas que se conocen dan como ganador a Edmundo González Urrutia, contra quien hay una orden de captura.
La persecución, los encarcelamientos y las torturas no han cesado.
