Si la seguridad jurídica, el control republicano al poder, la convivencia civilizada y las garantías para el desempeño aceptable de las libertades individuales, políticas y económicas dependen del funcionamiento de jueces acreditados moralmente y dueños de un saber jurídico excelente, resulta claro hasta para el observador más distraído que el abogado Ariel Lijo no reúne estas condiciones y, más aún, en más de un caso expresa exactamente lo contrario. La descalificación, por lo menos en mi caso, no es ideológica, ni siquiera es política. Es moral y, como radical, estimo que no necesito explicar que gravitación adquiere lo moral en el partido que se fundó para luchar contra el régimen falaz y descreído.
En la vida tenemos derecho a dudar, una condición que se extiende a la política, pero en el caso que nos ocupa no hay, no debe haber, el más mínimo margen de duda: Ariel Lijo expresa en sus desbordes, en su amoralidad, en sus limitaciones académicas, aquello que un candidato a presidente bautizó, para expresar los vicios más repugnantes de un sistema, como “la casta”. Lo absurdo y paradójico es que ese mismo candidato, ahora presidente de la nación, proponga impávido y con una cuota respetable de cinismo, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación al juez que con más nitidez, con más desparpajo y, si se quiere, con más “talento” expresaría los vicios de esa casta que el señor Milei prometió combatir y que, a juzgar por los hechos, a juzgar por las miserables rencillas internas y las componendas con el populismo peronista, más que combatirla se está asimilando a ella o, si se quiere, se deja seducir por sus cantos de sirena.
Como ciudadano, como legislador, como radical, traicionaría mis convicciones más íntimas si permitiera o consintiera que se cometa un atropello que no vacilo en calificar de lesa patria. No es verdad, como dice el presidente MIlei que Lijo es el único juez que sabe cómo funciona el sistema judicial. No solo no es verdad, sino que sus afirmaciones son una descarada falta de respeto a jueces honorables incluyendo a los actuales titulares de la Corte Suprema de Justicia. Además, el señor presidente no puede, ni debe subestimar la inteligencia de los argentinos afirmando, muy suelto de cuerpo, que el abogado Lijo, entre otras dudosas virtudes es un especialista en temas de seguridad y, en particular, en aquellos relacionado con el ciberespacio, tema este último importante pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy se debate.
Creo innecesario explicar a mis correligionarios lo que significa una justicia independiente y justa. Nosotros podemos debatir, por ejemplo, acerca las relaciones entre estado y mercado, debate interesante y necesario, pero para un radical que honra su identidad y las tradiciones de su partido, el rol decisivo para una sociedad democrática que cumplen jueces probos y lúcidos está fuera de discusión. O por lo menos debería estarlo.
Estas son las lecciones que nos han dado los próceres del partido, empezando por Raúl Alfonsín y siguiendo con legisladores, políticos, ministros y gobernadores que ejercieron responsabilidades públicas en nombre de la UCR. Quiero, deseo creer que en esta encrucijada política sabremos estar a la altura de las circunstancias. Vivimos momentos difíciles, momentos de prueba. En la Argentina hay pobreza y hay indigencia. Padecimos los abusos y los atropellos del populismo peronista y hoy sabemos que se cierne la amenaza de un populismo de extrema derecha que inicia su ofensiva atacando aquello que constituye los fundamentos de una sociedad abierta y “honrando” las mejores tradiciones kirchneristas amenaza la libertad de expresión y la justicia además de corromper el lenguaje con insultos, groserías y bravatas. De nosotros, ciudadanos comprometidos con la democracia y el estado de derecho; de nosotros, radicales decididos a estar a la altura de nuestras mejores tradiciones; de nosotros, legisladores dispuestos a respetar los mandatos de nuestros votantes, depende que el abogado Ariel Lijo no integre la Corte Suprema de Justicia.
