La vicepresidenta acaba de anunciar, en nombre suyo o de su gobierno, no se sabe, porque Javier Milei ha dicho que esta no es su agenda, que va a solicitar a la Justicia “meter presos a todos los montoneros”.
En la práctica, eso será bastante difícil de lograr: va a ser muy difícil determinar, de entre los montoneros sobrevivientes, que no son tantos, quiénes hicieron qué cosa. Así que es probable que por ahora tenga que conformarse con “juicios por la verdad” de lo sucedido en las acciones guerrilleras que provocaron víctimas mortales. Parecidos a los que, en los años noventa, después de los indultos de Menem, promovieron las Madres de Plaza de Mayo al mando de Hebe Bonafini, la alter ego de Victoria Villarruel en este y otros aspectos.
La idea está lanzada
Pero más allá de cómo prospere esta iniciativa en sede judicial, la idea está lanzada y va a traer cola: dar vuelta la tortilla, hacer con los sobrevivientes de esos grupos armados lo mismo que las llamadas “organizaciones de derechos humanos” y el kirchnerismo hicieron con los represores de la última dictadura: usar el poder político circunstancialmente conquistado para condicionar a la Justicia y poder vengarse de ellos en los tribunales. Imponiendo de paso en la sociedad una verdad a medias, facciosa: que los culpables de la violencia política de los años setenta fueron los integrantes del bando enemigo, y las únicas víctimas que merecen atención y reparación son las del bando propio.
Nótese que Villarruel no está promoviendo, cuando actúa de este modo, que la “balanza se equilibre”, recuperar un mínimo sentido de imparcialidad en la aplicación de la ley para saldar retrospectivamente responsabilidades por lo sucedido en una época muy conflictiva de nuestra historia. Y que podamos todos, más allá de las diferencias de opinión y sensibilidades que inevitablemente seguirán existiendo, convivir bajo una ley común y una explicación mínimamente compartida sobre esos hechos. Sino mucho más simplemente, como dijimos, “dar vuelta la tortilla”: hacer el mismo juego que se practicó durante el predominio del kirchnerismo, pero invirtiendo los roles.
Está animada, al actuar de este modo, por la indignación acumulada durante años y años, en que su misma “versión” de los hechos fue condenada y declarada “impronunciable”: recordemos que incluso se pretendió legislar al respecto, para que los “negacionistas” no pudieran siquiera hablar. En el colmo del delirio totalitario, el kirchnerismo pretendió así santificar un relato histórico amañado, en que organizaciones dedicadas al asesinato político como vía para construir un poder gangsteril y destruir lo que quedaba por entonces del sistema republicano en nuestro país, se presentaron como nobles manifestaciones de los mejores sueños de libertad y los derechos de todo el pueblo.
También es fácil de entender la indignación de Villarruel, y muchos argentinos con una historia semejante, por el modo en que actuó la Justicia en este terreno durante las últimas dos décadas en las que se invirtieron enormes recursos del Estado para investigar y castigar a los responsables de la represión ilegal. Y en ocasiones, se condenó a exmilitares con muy pocas pruebas, como han reconocido juristas para nada afines con los acusados. Mientras que se bloqueó cualquier investigación o siquiera un mínimo reconocimiento de parte de ese Estado en tutela de los derechos y la memoria de las víctimas de atentados guerrilleros. Se ha llegado al absurdo de que el Estado argentino reconoce como “víctimas del terrorismo estatal”, es decir, víctimas ilegítimas de su propio accionar, a personas que murieron mientras realizaban ataques armados contra ese Estado, incluso durante gobiernos democráticos; y en cambio no reconoce mérito alguno, ni siquiera que hayan existido, a centenares de ciudadanos que, en cumplimiento de su deber, siendo conscriptos, oficiales o suboficiales, murieron bajo el fuego de esos ataques. O simplemente fueron víctimas colaterales de los mismos.
Las mismas armas
Pero a Villarruel no parece interesarle considerar ni denunciar cómo se llegó a este absurdo, ni quiere simplemente corregirlo, sino que pretende usar las mismas armas con las que se llegó a él para sus propios fines: convertir a las reales o supuestas víctimas en victimarios, y viceversa.
Con eso, el resultado será, de salirse con la suya, más uso faccioso de la Justicia, de la noción de reparación y de la revisión de nuestra historia, más manipulación de la verdad histórica para satisfacer los intereses de un grupo a costa de los otros y de la sociedad en general.
No será, si ese es el caso, culpa solo de Villarruel, está claro, sino la consecuencia de años y años del imperio de esa misma lógica. Y de haber permitido que las mismas nociones de derechos humanos y Justicia se pervirtieran, para satisfacer los objetivos políticos de grupos que no reconocen en lo más mínimo en ellas un principio de convivencia en la diferencia, sino que las usan como armas para negar los derechos del adversario. Si durante décadas permitimos que nuestra mayor referente de los “derechos humanos” fuera alguien como Bonafini, ¿cómo sorprendernos cuando en respuesta surge una voz como la de Villarruel y grita “acabemos con ellos”?
Aunque puede también que, con un poco de suerte, no haya mal que por bien no venga. Y el efecto de esta iniciativa de la vicepresidenta no sea a la postre tan malo. Porque su versión facciosa se contrapondrá una vez más a la de sus alter egos de la vereda de enfrente, y ambas se neutralizarán, volviendo más fácil y tentador un retorno al sentido común que no va a estar muy alejado del que ya cuatro décadas atrás trató de imponer a este respecto Raúl Alfonsín, lidiando con los Bonafini y los Villarruel de este mundo, que parecen ser los únicos que de toda esta historia de décadas y décadas de conflictos y discusiones, cegados por el resentimiento, no han aprendido nada.
Publicado en www.tn.com.ar el 29 de agosto de 2024.
