Hay sobrados argumentos para oponerse a la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Falta de idoneidad, antecedentes de opiniones controversiales e incumplimiento de la paridad de género son algunas de las causas que imponen el rechazo de ambas nominaciones. Y, salvo razones inconfesables, no hay motivos evidentes para sostener ambas candidaturas.
A medida de “la casta”
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”
Séneca
Ariel Lijo es el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, de la Capital Federal. Además tiene a su cargo, como subrogante, otros dos tribunales, el N° 12 y el N° 6, ambos del mismo fuero y de igual jerarquía.
En el ambiente judicial es conocida la red de influencias que esa triple función le ha permitido gozar a Lijo:
– Su primera esposa, la actual fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, es hermana del ex juez Gabriel Cavallo, predecesor de Lijo en el juzgado del cual hoy es titular.
– Su segunda esposa, Magalí Mazzuca, es secretaria letrada de la Corte Suprema.
– Su actual pareja, Genoveva Ferrero, integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
– Su hermano Alfredo es uno de los más importantes “operadores” judiciales, y ha estado involucrado con el juez en denuncias por enriquecimiento ilícito.
– Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno de Milei, fue abogado defensor de los hermanos Lijo en esas causas que investigaron el crecimiento del patrimonio de ambos.
– Dos hijos del juez penal Fernando Canero tienen cargos en el Juzgado de Lijo, uno como secretario y otro como prosecretario. En la misma situación se encuentran un hijo de Mariano Borinsky, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, y un nieto de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) es una de las instituciones que ha impugnado la propuesta del presidente Javier Milei de designación de Lijo como juez de la Corte Suprema. Uno de los principales cargos que formula reitera las múltiples denuncias referidas a demoras excesivas en la tramitación de causas en los juzgados de Lijo. Increíblemente, el fuero en el que se desempeña el magistrado –el Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal– es uno de los menos transparentes, y sólo hasta 2012 ha publicado estadísticas sobre el funcionamiento de los tribunales que lo integran. De ese informe surge que, entre los doce juzgados del fuero, el de Lijo ocupaba el último lugar, con la tasa más baja de resolución de casos y la mayor cantidad de causas no resueltas.
Fuente: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en base a estadísticas oficiales del Poder Judicial de la Nación.
Llama la atención en especial la demora en resolver causas en las que han sido denunciados hechos de corrupción. El propio INECIP, tomando como base los datos de la “Auditoría de Relevamientos de Causas de Corrupción 1996-2019” del Consejo de la Magistratura de la Nación, determinó que nuevamente el juzgado de Lijo es el que presentaba, en ese período, el porcentaje más alto de casos con seis o más años de tramitación.
Fuente: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en base a datos de la “Auditoría de Relevamiento de Causas de Corrupción 1996-2016” del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Algunas de esas causas relevantes son las siguientes:
– Denuncia por administración infiel y fraude en la Obra Social para el personal del Ministerio de Economía la del Correo Argentino, que involucra a Edmundo Ruckauf, primo del ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, y que lleva ya 17 años de trámite.
– Investigación por el vaciamiento y la expropiación de YPF, que en distintos momentos ha alcanzado al ex ministro Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou, los empresarios Eskenazi y el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, y pendiente de resolución desde hace 18 años.
– Presuntas irregularidades en la contratación de la empresa alemana Siemens para la implementación de un sistema de control migratorio y de identificación de personas, en donde estuvieron imputados el ex presidente Carlos Menem y Carlos Corach, su ministro del Interior, en un expediente iniciado hace ya 26 años.
– Denuncia de “acuerdo abusivo” en el reconocimiento de una deuda del Estado con la empresa Correo Argentino, en la que fue indagado Oscar Aguad, ministro durante la presidencia de Mauricio Macri, y con 7 años en trámite.
Según datos del Observatorio de Causas de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ) relevados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en los 20 años en que Ariel Lijo lleva al frente del Juzgado N° 4, éste recibió 89 causas vinculadas con hechos de corrupción. Y de ellas, 26 siguen aún abiertas. Los efectos de esta demora en la resolución de casos que involucran a funcionarios públicos son múltiples, y todos negativos. El más notorio es la sensación de impunidad que esto genera. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dicen que dijo Séneca, hace 2.000 años. Pero también esta exasperante lentitud termina afectando a las personas involucradas, a quienes nuestra Constitución Nacional beneficia con la presunción de inocencia, objetivamente lesionada por tan extensa indefinición sobre su participación o no en los hechos investigados. Todo ello sin mencionar, por cierto, las razonables sospechas que provoca la existencia de un juzgado excepcionalmente lento en la resolución de los expedientes relacionados con las principales figuras del poder político argentino de las tres últimas décadas…
Para completar la descripción del perfil de Lijo como falto de idoneidad para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde señalar que tampoco son brillantes sus antecedentes académicos. En su curriculum vitae menciona varios cargos en la docencia universitaria, pero sin precisar en qué años los desempeñó, lo que dificulta la constatación de esa información. En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en tanto, tampoco indica si se ha tratado de cargos obtenidos por concurso público o con designación interina. En el Poder Judicial, el último concurso del que participó fue hace 20 años, cuando accedió al Juzgado N° 4. Un dato llamativo: en ese procedimiento estaban en disputa cuatro vacantes, y Lijo quedó en quinto lugar en el orden de mérito, aunque finalmente logró ser nombrado porque otros dos aspirantes que lo precedían fueron designados en cargos de jerarquía superior.
Club de machos
Hay un punto, finalmente, en el que las postulaciones de Lijo y García-Mansilla resultan igualmente vulnerables: los dos son varones y van a completar, con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, un selecto club de cinco hombres al frente de uno de los tres poderes del Estado, el único que carecería de diversidad y pluralidad.
Desde la reforma del año 1994, la Constitución Nacional dispone en su artículo 99, inciso 4), que los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado de la Nación, expresado mediante el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión respectiva. Esa atribución del presidente fue reglamentada por Néstor Kirchner, mediante el Decreto N° 222/2003. Allí, en el artículo 3°, expresamente se estipula que, al momento de evaluar la incorporación de nuevos jueces al máximo tribunal judicial, se debe “reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
Es sorprendente observar cómo, contrariamente a esa disposición legal, la participación de las mujeres en el Poder Judicial es cada vez menor cuanto más altos son los niveles de responsabilidad. La demostración la ofrece un trabajo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que evidencia que si bien hay un 57% de mujeres en el sistema judicial argentino, esa proporción se reduce al 46% cuando se trata de cargos de magistrados, procuradores, fiscales y defensores; y a apenas el 29% en los puestos de mayor jerarquía (ministros, procuradores generales y defensores generales).
Fuente: Mapa de Género de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la cúspide de esa pirámide, ahora quedaría una Corte Suprema conformada sólo por hombres. En 161 años de historia de ese tribunal, sólo hubo tres mujeres que lo integraron: Margarita Argúas (1970-1973), Carmen Argibay Molina (2005-2014) y Elena Highton de Nolasco (2004-2021). La propuesta de Milei, ahora, viene a consolidar la hegemonía masculina en el tribunal.
“Menos que el orín de los perros”
“Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos,
infinitamente menos que el orín de los perros;
si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos,
infinitamente menos categoría que el estiércol;
si no es ahora… ¿cuándo se pierde el juicio? Respondedme loqueros,
¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro?”
León Felipe, “Pero ya no hay locos”
La Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y Fores – Foro de estudios sobre la Administración de Justicia elaboran periódicamente, mediante encuestas, un Índice de Confianza en la Justicia (ICJ).
La última publicación de este ICJ es de junio de 2024. Una de las preguntas del sondeo de opinión estuvo relacionada con la valoración de la capacidad y la eficiencia de la justicia argentina. Y el resultado fue contundente: las opciones “muy confiable” y “bastante confiable” sólo fueron elegida por el 3% y el 7%, respectivamente; en tanto que el 65% contestó “poco confiable” y el 25% escogió “nada confiable”.
No hay libertad si no es en una república democrática. La división del ejercicio de las atribuciones del Estado en tres “poderes” (el ejecutivo, el legislativo y el judicial), cada uno con su ámbito de autonomía, tiene entre sus cometidos precisamente la protección de los derechos y libertades individuales. En particular la independencia de la Justicia, su preservación frente a las injerencias de los otros órganos del Estado, es la mayor garantía que los habitantes de un país tienen de que podrán hacer valer sus derechos.
Alguna vez, siendo estudiante, algún profesor sentenció que “el derecho es aquello que los jueces dicen que es el derecho”. ¡Imaginemos entonces qué protección tendrán nuestros derechos si eso será lo que digan Lijo y García-Mansilla!
Nota al pie
Días atrás pude participar de una actividad referida a la postulación de Lijo y García-Mansilla para integrar la Corte Suprema. El panel fue organizado por el sector Adelante Radicales de la Ciudad de Buenos Aires, y los expositores fueron Ricardo Gil Lavedra, Karina Banfi, Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff. Quedó en evidencia, en esta reunión, la necesidad de que la UCR adopte una postura clara en contra de las designaciones propuestas por el gobierno de Milei: los senadores nacionales que representan al radicalismo no deben votar ninguna postulación a la Corte Suprema de Justicia que no respete la paridad de género, ni debe acompañar candidaturas que no reúnan probados antecedentes de idoneidad moral y académica.
Todos los espacios del radicalismo deberían estar hoy generando ámbitos de debate e información sobre esto. La composición de la Corte que se decida ahora –por las edades de los actuales integrantes y de los propuestos– será la que seguramente estará vigente durante no menos de 10 o 15 años. Y será la que, entre otras cosas, juzgará los alcances de nuestros derechos frente a los gobiernos que intenten avasallarlos, determinará las responsabilidades de los funcionarios que han cometido o cometan hechos de corrupción, delimitará los alcances de las atribuciones de los otros poderes del Estado y establecerá la constitucionalidad o no de leyes, decretos y demás decisiones públicas.
Ya sé que el presidente oficial del comité oficial de la UCR oficial de Luján lee lo que escribo, o al menos sabe que escribo. No sé, es cierto, si habrá llegado hasta acá… Por eso, ¿alguien puede avisarle que pasan otras cosas además de la interna radical? ¿Le cuentan que a la gente le interesan otros temas además de los que le dictan sus socios? ¿Le explican que es la autoridad local de un partido con una larga tradición republicana, el más comprometido en las luchas democráticas, inclaudicable defensor de las libertades individuales y los derechos humanos, y que por eso algo tendría que estar diciendo y haciendo él frente al intento de moldear una Corte Suprema según las necesidades y los deseos del poder de turno?
