El Senador radical Maximiliano Abad presentó un proyecto de declaración apoyando la nota emitida por la Academia Nacional de Periodismo del día 31 de julio en el que se expresa su rechazo a la campaña de persecución, calumnias e insultos a la que está siendo sometida en las redes sociales la periodista y académica María O’Donnell.
En los fundamentos de dicho proyecto, el Senador señala:
“La Academia Nacional de Periodismo es una institución creada en 1987 con el fin de fomentar y defender la actividad del periodismo, actividad que, en tanto intérprete de la opinión pública y agente dinámico de la cultura, cumple en la sociedad un papel insustituible. Entre sus integrantes se encuentran periodistas y académicos con un papel protagónico y destacado del debate público y su mesa directiva está conformada por Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia, Norma Morandini, Silvia Naishtat, Alberto Munin e Hinde Pormeraniec. Dentro de la declaración se menciona lo siguiente: “ …preocupa sobre todo que se estén difundiendo datos personales de María O’Donnell, y llama la atención que se hayan reproducido, editadas y con frases sacadas de contexto, supuestas entrevistas en medios audiovisuales de hace más de 30 años. Ya hemos vivido en años recientes el método de los oficialismos de hurgar en el pasado y cambiarlo para descalificar a periodistas críticos o independientes. No debería repetirse ese lamentable pasaje de la historia de la democracia argentina.”. La exposición de la academia es clara y muy certera, es importante rechazar de forma contundente estos métodos para frenarlos a tiempo y evitar que vuelvan etas prácticas que han costado mucho erradicar.
La irrupción de las redes sociales en sus inicios generó un cambio en la dinámica de la opinión pública y ha traído grandes beneficios por su capacidad de amplificar nuevas voces y empoderar a la ciudadanía en su capacidad de poder intervenir de forma más activa en el debate público. Toda la efervescencia de los primeros años de las redes que tomó por sorpresa al mundo ha sido parte vital de grandes cambios sociales, como la primavera arabe, el 15M en España, el #YoSoy132 en México entre muchos otros movimientos. Con el tiempo ese impulso inicial fue disminuyendo con los cambios de las plataformas de las redes sociales y la irrupción de nuevos actores que emergieron con una clara intención de controlar el debate que allí se generaba.
Esto ha generado una merma de la calidad del debate y las dinámicas en las redes a raíz de la irrupción de los bots, los trolls y las cuentas falsas que han permitido prácticas claramente perjudiciales para la libertad de expresión, como lo son la instigación a periodistas y activistas, cosa de la cual nuestro país no es excepción. La reciente campaña en contra de la periodista María O’donnell es un claro ejemplo de ello, quien ha sufrido un ataque permanente y constante en las redes sociales, donde se han difundido datos personales y se ha hecho un trabajo incesante para descontextualizar y desvalorizar su trabajo mediante la difusión arbitraria de sus antiguas intervenciones en los medios, con el fin de atacar su persona y generar daño en su reputación. Este tipo de prácticas deben ser erradicadas de la arena política argentina porque generan un daño a la integridad y calidad del debate público y el normal desempeño del periodismo serio, informado y de calidad.
Este tipo de acciones pueden parecer parte normal del intercambio del debate político pero no lo son, no las podemos normalizar si queremos una democracia con pluralidad de voces y un periodismo independiente ejerciendo de forma plena y responsable su función de informar y formar a la nuestra ciudadanía. De ninguna forma podemos dejar que las redes sociales se conviertan en una herramienta en favor de los grupos de interés para disciplinar u atacar a aquellos que piensan distinto o los incomodan con sus opiniones.
Si bien el caso no genera un nivel alarmante de preocupación como lo que sucede en otros países, donde las redes sociales son utilizadas de forma eficiente para censurar periodistas y activistas por gobiernos o grupos del crimen organizado, no debemos dejar de condenar estos hechos. Claramente estamos lejos de ese nivel, pero por eso se debe ser enfático porque este tipo de prácticas que hoy parecen ser parte de la dinámica y que muy rápidamente pueden ser la punta de lanza para actos más graves que generen daños serios e irreversibles en la libertad de expresión de nuestro país.
Por último podemos observar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que en nuestro país desde la Constitución de 1994 tiene rango constitucional, establece en su artículo 19 en el inciso primero que “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” y en su inciso segundo que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,…”. Los ataques en redes sociales con el fin de molestar a un periodista por sus opiniones, pueden ser enmarcados en esta normativa y por ende en cumplimiento de la misma debemos rechazar de forma enfática este ataque en contra del libre ejercicio del periodismo.
Por estas razones, solicito el acompañamiento a mis pares de la presente iniciativa.
