La condición de posibilidad de éxito de cualquier programa de gobierno en Argentina es un
capítulo de desarrollo institucional, con la justicia como acápite central, especialmente la Corte Suprema. La razón es simple: ese tribunal es la última ratio, la palabra final en la aplicación de la ley.
Es por eso que las postulaciones para ocupar sus cargos son un termómetro, un indicador claro de la visión institucional que tiene un gobierno para el país. Y lo cierto es que las más recientes causan preocupación, porque marcan un error, tanto conceptual como político.
La historia ayuda a entenderlo mejor: Argentina vive hace años un estado de excepción
permanente, ese estado de anomia al que refería NINO. Las causas son tan profundas como lejanas, aunque contemporáneamente todo remite a la década del 90 del siglo anterior.
Sí, ese tiempo del que tantos panegíricos se hacen hoy, fue, tal vez, la de mayor degradación institucional de nuestro tiempo: la de la ampliación de la Corte; la de la mayoría automática, la de la creación de Comodoro Py.
Para ser más precisos, fue la época que instaló la impunidad y así, la de una Argentina de
privilegios en el peor sentido de la palabra.
Todo lo contrario de un modelo liberal, que propugna espacios de igualdad de condiciones y
oportunidades, el famoso level playing field. Para los que creen que son sólo teorías, después no pueden explicar porqué no hay respuestas a la desaparición de LOAN o a las amenazas a ÁNGEL DI MARÍA. Ejemplos que dejan en claro el modelo de justicia que está mal, y que se está propugnando. Y que no explican porqué se aplicaría a los argentinos corrientes y no a los grandes inversores del RIGI, para los que se asegura tribunales extranjeros.
Los argumentos para los postulantes deben ser objetivos, desprovistos de consideraciones personales. Hay cinco criterios que se deben tomar en cuenta a lo largo del proceso, todos de rango constitucional: federalismo, igualdad, biología, idoneidad moral y técnica. Y la verdad que casi ninguno se cumple.
Como si no hubiera juristas en el interior, dos porteños. Como si no hubiera juristas mujeres, dos varones. Para un cargo que es casi vitalicio, una actitud disruptivamente republicana sería que junto a su designación, los nuevos jueces presenten una renuncia anticipada efectiva a los ocho años, por ejemplo. Luego, los dos últimos requisitos, sobre los que se han presentado muchas objeciones. Y acá viene algo central: la opinión pública.
Es facultad del Poder Ejecutivo proponer y la del Senado, aprobar, con mayoría agravada de dos tercios de los votos presentes (ojo con el “presentes”, vía de escape para los que quieran pilatear). Pero ni uno ni otro pueden desconocer el dictum de la opinión pública, para cargos que exigen de consensos en una Argentina polarizada.
No se puede soslayar, con el recurso a argumentos formales; tampoco basta con atender
solo las redes sociales.
Sin desarrollo institucional, cualquier plan de gobierno es huero, se queda en correcciones
coyunturales, que solo terminan ahondando los problemas. Ya lo vimos tantas veces. No
insistamos con recetas perimidas, además de inmorales. Es triste una sociedad pobre; pero no hay nada peor que una sociedad pobre y además injusta.
