Venezuela acude a las urnas este domingo con la oportunidad de ponerle fin a la dictadura chavista. Está en juego mucho más que un simple cambio de gobierno, un traspaso de mando de un presidente a otro —u otra— como ocurre felizmente cada cuatro años desde 1983 en nuestra querida Argentina, y por suerte, también en el resto de Sudamérica. Una salida del chavismo abriría las puertas a un cambio de época, de mentalidad, y de sistema, con todos los riesgos y desafíos, por otra parte, que ello implica.
Repasemos el legado que dejan 25 años de chavismo: en 2022 se estimaba que 94% de la población vivía en condiciones de pobreza, entre los cuales 76,6% estaba en la miseria y 65% de los hogares no reunía “ni lo mínimo” para considerarse tal. Los datos surgieron de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, cuya sede central está en Caracas. La versión más reciente de la Encovi, de marzo de este año, estimó que más del 50% de los hogares sigue en la pobreza. La brecha, entre otras cuestiones, se debe a que es difícil estimar cuántas personas viven en Venezuela debido a que se estima que 7,8 millones de personas —25% de la población— dejaron el país por motivos diversos, que van desde la crisis humanitaria hasta la persecución política y por supuesto, una economía que contrajo 80% de su PIB en los últimos diez años.
Puede que a esta altura todos estos datos parezcan muy técnicos, densos, difíciles de llevar a la realidad. Incluso lo es para mí al momento de escribir estas líneas, así que haré un intento por hacerlo un poco más llano.
En estos 25 años el chavismo, en sus primeros meses, reformó la Constitución y cambió toda la estructura del Estado. El Congreso pasó de ser bicameral a unicameral, se aumentó el número de magistrados en la Corte Suprema y el periodo presidencial se extendió hasta seis años. En paralelo Chávez gozó de apoyo popular, y también político, al contar casi con un pleno de diputados, gobernadores y alcaldes. Y eso lo reforzó al cambiar paulatinamente a militares, jueces y crear toda una megaestructura de empresas públicas.
La economía también la tuvo a su favor, con un barril de petróleo que pasó el umbral de 150 dólares, y una industria que vendía diariamente millones de barriles. Saque cuenta, si quiere, e intente leer esos números, cuya cantidad de ceros los hace casi ilegibles.
Con todo ese aparato y condiciones a favor, 25 años después, Venezuela es el país más pobre de Sudamérica. La educación pública —que va desde maternal hasta universitaria— y la salud pública —con ambulatorios y grandes hospitales— hoy está en la ruina. Docentes y médicos no cobran, en su mayoría, ni 100 dólares mensuales, los edificios se derrumban, los equipos de trabajo quedaron obsoletos, la ciencia y la tecnología pasaron de prioritarios a algo que ni se menciona en la narrativa oficial. La clase media, que alguna vez predominó en el imaginario social, se fue del país o se fundió con la pobreza.
Mientras escribo esto y usted lo lee, hay 305 presos políticos —275 son hombres y 30 son mujeres, 151 son civiles y 154 son militares— en distintas cárceles. A ellos se suman 15.978 personas que fueron detenidos por motivos políticos, entre los cuales más de 9.000 siguen con procesos penales abiertos, con restricciones como prohibición de salida del país. Centenas de ellos denunciaron que fueron víctimas de torturas, como ser violados, electrocutados, asfixiados con bolsas plásticas rociadas de insecticida en la cabeza, arrojados a pozos con ratas, o golpeados con palos en los que estaba escrito “derechos humanos”. Con todo, tienen la suerte de estar vivos, pues alrededor de 300 personas murieron en protestas por disparos de policías, militares o paramilitares chavistas.
En materia de otros derechos, el chavismo, que se jacta discursivamente de ser progresista, piensa y actúa de manera ultraconservadora: los militares por sobre los civiles, los policías por sobre los ciudadanos, lo religioso —lo católico, lo evangélico, lo santero, según convenga— por sobre lo laico.
Maduro en más de una ocasión llamó maricones a dirigentes opositores y a estudiantes universitarios, con el objetivo de insultarlos. El matrimonio igualitario no solo es ilegal sino que está descartada su inclusión en la agenda de discusión. Lo mismo el aborto. Y no hay tampoco ningún plan ni política pública para prevenir ni mucho menos atender la violencia de género.
Con respecto al medioambiente, Maduro, sus grupos militares y varias bandas de delincuentes destruyeron parte de la selva del Amazonas, en lo que se conoce como Arco Minero, para extraer oro, diamantes y otros minerales de manera ilegal, sin importar daños irreparables contra la naturaleza.
Y en lo económico, después de que Chávez expropió hectáreas de terrenos, empresas, edificios y casas de particulares, y puso al Estado casi como único productor, distribuidor y vendedor de cualquier tipo de productos y servicios, lo hizo heredar a Maduro la hiperinflación más prolongada en la historia de Sudamérica. Para tratar de revertir un poco la situación, por insostenible, optó por dar un giro de 180 grados hacia un Estado que se retiró deliberadamente de cumplir con sus funciones y obligaciones, incluso las más elementales. El dólar sustituyó endógenamente al bolívar en las calles. Pero como se hizo todo sobre la marcha, ni los docentes, ni los médicos, ni los policías, ni los jubilados, ni la administración pública en general perciben sus salarios en dólares. Así, quien no los tenga deberá buscarlos por su cuenta, aun cuando tenga que ser de formas cuestionables. Para atenderse en la salud pública, para reparar alguna falla de servicios públicos, para tener seguridad, a pagar, a buscarlo por su propia cuenta, y si no, a conformarse con (lo que no) hay. Sálvese quien pueda, y quien no, que se joda.
¿Cuándo terminará todo esto? No existe una respuesta exacta. Queda claro, sí, que con más Maduro, chavismo y dictadura no habrá salida. Si Edmundo González y María Corina Machado logran llegar al poder tendrán que emprender un gobierno de transición que libere a los presos políticos, restituya —en la medida de lo posible— las libertades civiles y políticas y normalice el rol de los militares, el funcionamiento de las instituciones y las relaciones con su diáspora y las demás naciones. Sobre esto último deberían poner atención porque gran parte de ese 25% de la población que se fue es joven, está en edad de trabajar y tienen estudios universitarios y experiencia profesional. Y no habrá repunte económico ni lluvia de inversiones si no hay cooperación con otros países, ni reformas políticas y legales que brinden aunque sea un poco de certidumbre.
¿Memoria, verdad y de justicia. En la Argentina bien saben lo indispensable que resulta la combinación de estas tres palabras. ¿Un juicio a los militares? ¿A los torturadores? ¿A los corruptos? ¿En Caracas, en La Haya? Ojalá, si ganan y asumen, Edmundo González y María Corina Machado tengan una respuesta. Primero tendrán que superar la contienda del domingo, que los sobrepasa a ambos. En disputa está abrir la libertad de una nación que la perdió hace mucho, pero que luce dispuesta a recuperarla.
