En un comunicado conjunto solicitaron los salvoconductos para opositores asilados en la embajada argentina en Caracas. Manifestaron preocupación por el hostigamiento y persecución que sufre la disidencia.
La Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Guatemala exhortaron a la dictadura de Nicolás Maduro a que frene la persecución contra la oposición, libere a los presos políticos y respete mínimamente las elecciones presidenciales que están previstas el 29 de julio en Venezuela.
“Exigimos el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos”, se lee en un comunicado conjunto compartido por las cancillerías de estos cinco países.
Subrayaron que han seguido con preocupación “el hostigamiento y persecución contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana, así como contra miembros de la sociedad civil, incluyendo la detención arbitraria de numerosas figuras relacionadas con la oposición”, todo lo cual, consideraron, “atenta contra la realización de un proceso electoral legítimo”.
Otro punto en el que hicieron hincapié es en que Maduro emita los salvoconductos para los colaboradores de María Corina Machado que permanecen asilados en la embajada argentina en Caracas, para que así puedan viajar a Buenos Aires.
“Las próximas elecciones en Venezuela representan una oportunidad para traer paz, unidad, progreso y democracia al país”, indicaron. “Exhortamos a que el resultado de la elección sea el fiel reflejo de la soberanía popular venezolana y ello solo se podrá alcanzar a través de un absoluto respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, garantizando la transparencia del proceso electoral y la libre expresión ciudadana a través del voto”.
Maduro, en un mitin esta semana, amenazó con una “guerra civil” si llega a perder las elecciones. El dictador busca un tercer mandato que lo mantenga en el poder hasta 2030. De momento las encuestas y estudios de opinión coinciden en que parte en desventaja contra Edmundo González Urrutia, candidato unitario de la oposición. Se trata de un diplomático que fue embajador en la Argentina, y que saltó casi del anonimato a ser reconocido por la población luego de que María Corina Machado, una exdiputada de corte liberal, no pudo anotarse en la contienda debido a que el Tribunal Supremo, sin juicio previo, la inhabilitó para ejercer cargos públicos por los próximos 15 años.
A esas trabas se suman cientos de detenciones contra militantes, seguidores y colaboradores de Machado, quienes han sido enviados a prisión por hacer posteos en redes sociales o participar de la campaña. A su vez, decenas de restaurantes y hoteles han sido clausurados y multados luego de atender a Machado, quien tiene una tácita prohibición de tomar vuelos domésticos y tampoco puede viajar fuera del país.
Argentina vuelve a colaborar con la Corte Penal Internacional
En 2018, durante el gobierno de Cambiemos, la Argentina, junto con países como Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá, denunciaron a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Fue un hecho sin precedentes: nunca un Estado, mucho menos un grupo, habían denunciado a otro ante este organismo. Por haber sido así, se iniciaron estudios para determinar si había cabida para una investigación por crímenes de lesa humanidad, como efectivamente se avanza actualmente.
En 2019 el Estado argentino recabó testimonios de venezolanos que fueron víctimas de tortura, persecución y prisión política, para sustentar esa denuncia. Muchos de ellos no habían contado previamente con acceso a justicia en su país de origen.
En 2021, en un gesto político, el gobierno peronista de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández anunció que se “había retirado” de colaborar con las investigaciones. Tal maniobra no era algo más que simbólico, pues no frenaba de ninguna manera las investigaciones en curso de la CPI. Fue, eso sí, una de las tantas muestras de la administración peronista para, cuando menos, no condenar violaciones a derechos humanos documentadas tanto por La Haya como por la ONU y decenas de ONG.
Ahora la Cancillería, en una nota de prensa, informó que comunicó a la CPI su disposición para reincorporarse a las investigaciones en curso contra Maduro y su cúpula.
“Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”.
