“No es raro que las verdades absolutamente evidentes, y que deberían sobreentenderse, sean, por el contrario, puestas en olvido.”
Alessandro Manzoni
“Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen…”
Alfredo Zitarrosa
Dos años habían pasado desde el terrible atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Era 18 de Julio a las 9,53 horas de la mañana cuando un estruendo sin precedentes heló a la ciudad en plena actividad. Allí en la calle Pasteur 633, la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) trabajaba normalmente; una combi cargada de explosivos, criminal y suicidamente conducida era estrellada contra sus bases que no pudieron resistir. El aire se tiñó de muerte y dolor. Horas de angustia y horror comenzaron a correr mientras bomberos, socorristas y trabajadores de la salud luchaban denostadamente para rescatar los cuerpos sepultados por los escombros, alimentados por la esperanza de encontrar vida, hasta en el último de los rincones.
Fueron finalmente ochenta y cinco las víctimas fatales y cientos los heridos. Un atentado carente de sentido sobre un objetivo civil de origen israelí, pero con alcances muy por encima de la colectividad judía. Un atentado cobarde que constituye un hito de dolor y vergüenza en nuestra historia contemporánea. El tiempo siguiente lo transformará en la más grande causa penal de la Argentina, que aún hoy, a treinta años de aquella infame mañana, sigue sin responsables juzgados, y obviamente, sin detenidos.
Se cumplirán treinta años de permanente lucha por el esclarecimiento de un atentado que parece haber sido blindado cuidadosamente. Hasta hoy, solamente un Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, concurrió a un acto conmemorativo por la justicia necesaria e impostergable, como si no constituyera una causa relevante. ¿Por qué esta ausencia? Inexplicable, sugestiva, dolorosa.
Existe una convicción fundada acerca de los autores del atentado; nadie en los círculos cercanos duda de la responsabilidad de la Organización Hezbollah, como tampoco de la participación de actuales funcionarios del Gobierno de la República Islámica de Irán.
El proceso judicial ha sido y es aún un trabajo con avances y retrocesos, siempre sospechado, siempre sobrevolado por la intromisión de distintos poderes ejecutivos, protagonistas de acciones cuestionadas y efectivamente cuestionables.
Una causa que en su primera fase a cargo del Juez Galeano, la etapa de las pruebas cercanas y con seguridad más accesibles, fue observada e impugnada por la Corte Suprema de Justicia, enviando un claro mensaje de que estaba en contra de la impunidad que rodeó al expediente, y de la necesidad de investigar la causa que había quedado cerrada por los efectos de la nulidad.
En 2013, y a pesar de las convicciones existentes, Argentina e Irán firman un Memorándum de entendimiento cuestionado desde un inicio y finalmente declarado inconstitucional por la Cámara de Casación Penal en 2015. La Presidente consideró a la firma como un “hecho histórico”, aunque la sociedad política lo juzgó negativamente desde un primer momento y los cuestionamientos judiciales condujeron a su definitiva nulidad. Para muchos –incluido algún posterior Presidente de la Nación- la firma constituyó una causa de juicio político para la Presidente que nunca se substanció. El Fiscal de la Causa Amia, se presentaría con una grave acusación en este sentido ante el Congreso de la Nación el día siguiente de ser asesinado, asesinato que constituye otra grave causa sin esclarecimiento ni detenidos.
En abril de 2024, a treinta años del atentado, la Justicia argentina confirmó que el gobierno de Irán fue el autor intelectual del atentado, y quien ordenó su ejecución. La Cámara de Casación Penal dio por probado que Irán organizó la masacre considerada un delito de lesa humanidad. Los jueces de segunda instancia, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, expresaron en su fallo que el atentado respondió a un designio político y estratégico de Irán, ejecutado por la organización terrorista Hezbolláh.
La Cámara de Casación Penal es específica, certera, y su resolución es compartida por AMIA: “Frente a la resolución emitida ayer por la Cámara de Casación Penal, AMIA recibe en forma favorable la afirmación que el atentado del 18 de julio de 1994 respondió a una decisión política de la República de Irán, ejecutada por la organización terrorista Hezbolláh. Dicha sentencia reitera lo que la propia justicia argentina viene sosteniendo a través de numerosos dictámenes desde hace décadas. En numerosas ocasiones, y ante foros nacionales e internacionales, AMIA ha expresado que el expediente judicial acredita múltiples pruebas, y contiene numerosas evidencias que permitieron establecer, desde el comienzo de la investigación, el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.”
En la convocatoria al Acto central de AMIA, la Institución difunde la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. Además ordenó reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación, exigiendo la necesidad de regularizar y aprobar procedimientos que podrían haber sido definitorios para el esclarecimiento de la causa y la obtención de las pruebas necesarias. En estos días el Congreso Nacional comenzará a tratar un proyecto de “Juicio en Ausencia” que podría constituir un procedimiento valioso aprobado por la Corte Penal Internacional.
Mientras todo esto ocurre, los argentinos tenemos en la Causa Amia una enorme frustración; es uno de esos procesos que nos invitan a descreer, y es sin dudas una deuda del sistema democrático que se inició auspiciosamente en 1983, cuando se llevó adelante un juicio sin precedentes que invitaba a creer en la Justicia. Es motivo de vergüenza para muchos y sin dudas, habrá por allí otros que colaboraron para que las cosas se desarrollaran como lo hicieron, y hasta es probable que tengan una lucha vital con sus conciencias.
El momento exige una actitud participativa. Al decir de Hanna Arendt “La libertad no es un hecho, es un deber y una responsabilidad” y esa acción “es la manifestación más plena de la libertad humana”. Recordar, poner en valor, exigir justicia y acompañar a los familiares de las víctimas se vuelve un deber ciudadano. Valorar el trabajo de Memoria Activa para que las cosas fueran diferentes es necesario. Ser parte de una u otra forma de la conmemoración que llevará adelante la AMIA, es mínimamente, participar de la lucha contra el olvido que cada año intenta avanzar y es la forma extrema de la muerte. Existe en estos casos la necesidad de no permitir lo que habitualmente sucede y tan bien expresa Gabriel García Márquez: “Con el tiempo todo pasa. He visto con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido, y a lo imprescindible sobrar”. No puede ocurrir con estos casos.
Tanto dolor exige acompañamiento. Y justicia.
