La democracia liberal está inescindiblemente ligada al ideal de los derechos humanos. En las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado en muchos países del mundo, ese régimen político estuvo seriamente amenazado y, en Europa, a punto de ser derrotado si no fuera por la victoria de las fuerzas aliadas sobre Hitler en 1945.
Ese mismo año la comunidad internacional lanzaba un proyecto al que el jurista italiano Norberto Bobbio caracterizó como de “positivización universal de los derechos”. Esto significa que los derechos que hasta aquel momento habían sido reconocidos en las constituciones nacionales sancionadas en Occidente predominantemente en el siglo XIX, y que demostraron eventualmente ser demasiado frágiles frente a poderosas mayorías o minorías anti-democráticas y anti-liberales, se protegerían por medio del derecho internacional y las instituciones creadas por éste.
Esto condujo a la implementación de una innovadora estrategia de prevención de graves violaciones a los derechos humanos con el objetivo de evitar la repetición de la reciente tragedia.
El surgimiento de las Naciones Unidas, y de los sistemas universal y regionales de protección de derechos humanos, como el Sistema Interamericano, son parte de un complejo armado institucional global que se sostiene sobre los ideales de la modernidad y que funciona como último escudo de defensa – imperfecto, por cierto – contra nuevos intentos de terminar con la democracia liberal en el planeta.
La democracia liberal se enfrenta hoy, con reminiscencias de aquella terrible década de 1930, a un movimiento internacional que descree de las bondades de ese régimen político, de los derechos humanos y de aquellos sistemas de defensa constitucional e internacional diseñados para protegerlos.
Líderes como Donald Trump en los Estados Unidos; Víktor Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia y los ascendentes grupos políticos de ultraderecha de varios países europeos, como Vox en España, forman parte de ese movimiento. El propio Orbán, invitado especial a la asunción del Presidente Milei, fue claro al proponer un nuevo y alternativo régimen político al que llamó “democracia iliberal”.
La agenda de esta constelación política apunta a atacar el resultado de décadas de trabajo de la comunidad internacional, sobre todo en materia de derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, la protección de los migrantes y la lucha contra el cambio climático.
El gobierno argentino se ha sumado a ese movimiento y, como consecuencia de ello, está adoptando posturas, tanto en el marco de la OEA como de las Naciones Unidas, que lo aíslan del resto de las democracias liberales del mundo con las que empieza a tener serias tensiones en este aspecto.
Diferentes funcionarios del gobierno y algunos de sus más conspicuos referentes intelectuales, sugieren o afirman que el ideario libertario en que se referencia su proyecto político se encuentra en tensión radical con los derechos reconocidos en la Constitucional Nacional y en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país y a los que la reforma de constitucional de 1994 les reconoció jerarquía constitucional. Incluso se pone en duda la autoridad de los sistemas internacionales de protección de esos derechos para obligar a los Estados a cumplir con sus compromisos.
La agenda libertaria arremete así contra todo derecho que no se encuentre incluido en la acotada y anacrónica terna compuesta por los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, que además interpretan de un modo restrictivo como si nada hubiera sucedido desde la sanción de la añorada Carta Magna inglesa de 1215. Sobre la base de una visión de la igualdad exclusivamente asociada a tratos simétricos, ignoran o desprecian el dato evidente, recogido en nuestra propia Constitución y el derecho internacional, de que el mérito y los mayores esfuerzos individuales sirven de poco o nada para concretar un plan de vida libremente escogido si se pertenece a grupos que son víctimas de desigualdad estructural (como las mujeres, las personas con discapacidad, o las minorías sexuales, raciales, étnicas o religiosas en muchos países, por citar solo algunos ejemplos).
Es cierto, como alegan los libertarios, que las constituciones y los derechos en ellas reconocidos deben ser comprendidos como límite al poder político, pero se resisten a aceptar que, como señaló Isaiah Berlin, uno de los más grandes pensadores liberales del siglo XX, que ese límite refiere tanto a la libertad “negativa” (de no ser censurado, o torturado, o expropiado), como así también a la libertad “positiva” que requiere que el Estado contribuya a asegurar el ejercicio de una libertad “real” para lo que es necesario acceder a la salud, la educación, la cultura, y el progreso científico, entre otras cosas.
La aspiración de un Estado mínimo (o inexistente), central en la agenda libertaria, es incompatible con esta visión de los derechos que es parte de nuestra Constitución y de los tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Como estos derechos y esta constitución resultan incómodos a la concepción de Estado que defiende el ideario libertario, entonces se los ataca asignándoles el carácter de “seudo-derechos” reconocidos en lo que llaman peligrosamente “supuestas” constituciones.
Aunque resulte obvio, es oportuno recordar que las autoridades democráticas reciben su legitimidad no solo del voto popular, sino también del compromiso de abrazar esas mismas constituciones a la cuales deben subordinarse de un modo completo y no selectivo. La constitución que juraron respetar al asumir sus cargos no es la que preferirían tener, sino la que el pueblo argentino se autoimpuso en un acto soberano de autogobierno.
Publicado en Clarín el 2 de julio de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/democracia-liberal-derechos-humanos_0_yJxGpmFJv9.html
