Hasta ahora, cada plan para regular la tecnología dependía de agencias existentes o nuevas para interpretar y hacer cumplir principios generales en áreas como la seguridad, la privacidad, la libertad de expresión y la protección.
Pero eso es inconstitucional, dice ahora la Corte Suprema.
La decisión del viernes pasado de la Corte Suprema estadounidense limita el alcance del poder ejecutivo para reducir el poder de las grandes tecnológicas, acusadas de comportamiento imprudente, causante de daños sociales. Esto ha generado una demanda social en el sentido de aprobar nuevas leyes que limiten la influencia de las empresas, pero ahora, y durante mucho tiempo, los defensores deberán encontrar otras formas de lograr ese objetivo.
La decisión de la Corte Suprema esencialmente echa por tierra la estrategia regulatoria que el Congreso ha utilizado durante mucho tiempo para establecer reglas para ámbitos técnicos complejos como la atención médica, el medio ambiente y las telecomunicaciones.
Durante 40 años, bajo un principio de la Corte conocido como “deferencia Chevron”, el Congreso ha asumido que puede redactar principios generales que establezcan sus objetivos y planes, y dejar los complejos detalles de implementación y las decisiones caso por caso a los expertos de las agencias del poder ejecutivo.
Al revocar el principio Chevron, la Corte está exigiendo al Congreso que redacte leyes que predigan el futuro, por lo que los legisladores ya no podrán establecer reglas básicas y dejar que las agencias las apliquen a nuevas circunstancias.
Esta revolución regulatoria se produce cuando el gobierno de los EE. UU. está apenas comenzando a comprender el surgimiento de la inteligencia artificial como la nueva plataforma tecnológica.
La desaparición de Chevron significa que cualquier esfuerzo del gobierno para establecer barreras en torno a los riesgos de la IA será más difícil de aprobar y hacer cumplir.
El fallo, además elimina efectivamente un límite existente de seis años al derecho de las partes afectadas a impugnar las regulaciones. Esto significa que las empresas ahora pueden retroceder en el tiempo e intentar revocar las normas establecidas hace mucho tiempo que no les gustan.
El tribunal ha atacado el corazón del ideal de la Era Progresista de que los expertos en el gobierno con conocimientos especializados pueden representar el interés público en los conflictos con el poder corporativo.
Ese es el trabajo de larga data de agencias como la Comisión Federal de Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y otros organismos del poder ejecutivo encargados de establecer reglas para el sector tecnológico.
Las agencias existentes seguirán haciendo cumplir las leyes vigentes, pero el cambio es especialmente duro en el mundo tecnológico, porque la industria ya se mueve demasiado rápido para el gobierno. Ninguna ley escrita y aprobada a la velocidad del sistema político estadounidense podrá jamás detallar reglas y remedios para los problemas con la tecnología de moda del mañana.
El Congreso debe establecer todos los detalles de antemano en leyes precisas, y luego sólo los tribunales pueden resolver las disputas sobre su significado, suponiendo que las partes tengan bolsillos lo suficientemente profundos como para presentar demandas judiciales. Y nadie tiene bolsillos más profundos que Microsoft, Apple, Google, Meta y Amazon. Pueden seguir ampliando sus presupuestos legales, defendiéndose en los tribunales y haciendo lo que quieran mientras tanto.
Generaciones enteras de hardware y software pueden nacer y morir en los años que lleva juzgar, apelar y resolver un caso complejo.
Los activistas y las organizaciones que apoyan una regulación tecnológica más estricta acaban de ver cómo les han corrido el arco.
El otro gran perdedor es el público.
Las instituciones de la democracia representativa nunca fueron muy buenas para manejar los riesgos metamórficos y los problemas elusivos generados por el auge de la tecnología digital. Ahora, en lugar de poder dejar en manos de los administradores las decisiones políticamente sensibles y los detalles técnicos arcanos, los comités legislativos, que ya están en un punto muerto, tendrán que analizar los detalles antes de cada votación.
Eso hará que aprobar nuevas leyes, que ya es una posibilidad remota, sea aún más difícil.
En resumen, las grandes empresas tecnológicas tienen más libertad que nunca para perseguir sus intereses. ¡Y cuidado!: la decisión sobre Chevron también reconfigurará la política climática y la política de atención sanitaria estadounidense.
