Emmanuel Macron está apoyando al líder de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su proyecto de impulsar una tasa impositiva mínima global aplicable a las personas más ricas del mundo. En Lula es continuidad de sus ideas, en Macron, no tanto.
Desde hace 7 años – tiempo que Macron lleva presidiendo el gobierno de Francia – su política ha sido la tradicional receta neoliberal de recortar, en lugar de aumentar, los impuestos para los más ricos. Tal vez, la emergencia electoral en la que está inmerso lo haya convencido de cambiar de dirección.
Para avanzar en esta idea conjunta – aprovechando que Lula preside el G-20 – Macron tuvo que persuadir a su ministro de finanzas, Bruno Le Maire, de que los vientos soplan desde otro cuadrante y que lo que antes era lo mejor para la economía ahora no lo es tanto para la salud democrática de Francia.
Le Maire, inicialmente contrariado en su ADN conservador, habría aceptado esta salida táctica propuesta por su jefe político como remedio al atolladero que supone una ultraderecha amenazando con inflar el ya abultado déficit francés y su deuda soberana, en “defensa de los trabajadores”.
“Prefiero este debate sobre la fiscalidad internacional al interminable debate en Francia sobre nuestro propio sistema fiscal”, dijo Le Maire a los periodistas en abril.
Para la derechista populista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y su joven delfín Jordan Bardella, este giro de Macron los incomoda porque el respaldo del gobierno al impuesto a los superricos le da la oportunidad de mostrar que está tomando medidas para abordar la desigualdad, cuando en realidad las posibilidades de que todos los gobiernos que integran el G20 –desde Beijing hasta Estambul y desde Washington hasta Riad– lleguen a un acuerdo sobre la aplicación de esta tasa, son remotas.
De alguna manera Macron utiliza, nuevamente, el impulso a una reforma fiscal global como una forma de eludir la propia reforma impositiva en Francia. En su astucia, Macron tiene poco que temer al respaldar una propuesta que sólo vería la luz dentro de unos años, dijo Tommaso Faccio, jefe de la secretaría de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).
“Si se tocan los intereses de las élites, no se corre el riesgo de disturbios callejeros como los de los chalecos amarillos”, dijo, refiriéndose a las violentas protestas contra los planes de Macron de aumentar los impuestos al combustible, que afectan de manera crucial a todos, no sólo a los multimillonarios, tal como ocurrió en los estallidos de 2018. “Le Maire probablemente también apoye esta propuesta como herramienta de distracción a nivel nacional”, añadió.
La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechazó públicamente el impuesto a los multimillonarios, lo que Macron calificó de “una lástima”, señalando que “incluso en la sociedad estadounidense, cada vez más personas están un poco conmocionadas o molestas por el nivel de riqueza acumulada en pocas manos y países”.
El gobierno de Alemania, está dividido sobre el tema y el ministro de Finanzas, Christian Lindner, también rechazó la propuesta.
“Ya es hora de que los superricos paguen los impuestos que les corresponden. Esta excesiva concentración de poder e ingresos representa un riesgo para la democracia”, dijo Lula, según un comunicado difundido por la Presidencia brasileña.
Lula pidió el apoyo de todos los presentes en la última cumbre del G7 a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que Brasil formulará en el próximo encuentro del G20 y que se llevará a cabo en Río de Janeiro el próximo noviembre.
El presidente brasileño reiteró la propuesta en Ginebra, Suiza, durante una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Unas 3000 personas concentran casi 15 billones de dólares, más del producto bruto (PIB) de Japón, Alemania, India y el Reino Unido sumados, y más de lo que necesitarían muchos países para desarrollarse”, afirmó el mandatario en esa reunión.
En definitiva, lo que hasta aquí se ha desarrollado es la propuesta del Observatorio Fiscal de la UE, de aplicar un impuesto mínimo del 2 por ciento a los 3.000 multimillonarios más ricos del mundo. La medida, podría desbloquear aproximadamente 250.000 millones de dólares que Brasil – como presidente del G-20 – quisiera utilizar para abordar la pobreza y los problemas climáticos en todo el mundo, no para reponer los presupuestos nacionales.
Si sucediera, el impacto se sentiría en Francia, lugar de residencia del hombre más rico del mundo, el francés Bernard Arnault. El magnate debería pagar aproximadamente 4.200 millones de dólares adicionales en impuestos al año, según el mencionado Observatorio. Ni qué hablar de Elon Musk y la troupe de los dueños de las tecnológicas.
El actual estancamiento de la reforma global de los impuestos corporativos está mostrando lo difícil que es para los países de todo el mundo modificar sus sistemas tributarios. Y es probable que un impuesto a los multimillonarios resulte aún más difícil en sistemas políticos altamente dependientes de sus aportes.
