En su entrevista con la revista británica The Economist, en septiembre pasado, el entonces candidato Javier Milei planteó que su sociedad ideal es una economía de mercado sin Estado, la posición conocida como anarco-capitalismo.

Sin embargo, definió a ese ideal con precisión como un “marco normativo”: en la práctica, se proclamó minarquista, o sea postuló una economía de mercado con un Estado mínimo, cuyas funciones se reducirían a la Justicia y la seguridad (incluyendo, supongo, la defensa). En esta nota, planteare tres proposiciones:

1. El modelo anarco-capitalista es teóricamente imposible: una economía de mercado requiere no solo la existencia del Estado, sino también uno con fuertes capacidades.

El mecanismo básico de la economía de mercado, como lo planteara ya Herbert Spencer en el siglo XIX y lo afirma Milei en la entrevista, es el contrato, o sea la coordinación estratégica entre personas o firmas. Estos contratos pueden ser explícitos (o sea escritos: cuando compro una casa) o, mucho más frecuentemente, implícitos (no escritos: cuando compro dentífrico en un supermercado). En ambos casos, pago con dinero a cambio de un bien o servicio.

¿Qué pasa si el dinero es falso? Si no me entregan la casa? Si, en lugar de dentifrico me venden un tubo con goma de pegar? ¿Quién puede garantizar la validez de estos contratos, sino el Estado?

En términos teoricos, el Estado es el participante latente en cualquier contrato, explícito o implícito. Más ampliamente, y como ya lo preguntara Karl Polanyi en su crítica a Friedrich Hayek: ¿quién sino el Estado establece y garantiza el derecho de propiedad, sobre el que se asienta la economía capitalista? ¿Quién emite y garantiza la validez del dinero con el que se efectuan las transacciones? Y uno de los postulados básicos de la economía política es que las instituciones económicas se establecen desde el Estado, que es lo que plantea hacer Milei con la revolución capitalista que propugna.

No solo la teoría: los datos muestran que un determinante central de la efectividad de una economía de mercado abierta es, precisamente, la existencia de un Estado con fuertes capacidades: no solo coercitivas, sino también extractivas (capacidad de cobrar impuestos, lo más bajos posible), regulatorias (regulaciones que no inhiban, pero promuevan, la inversión y la competencia), distributivas, de innovación.

Ese no es, claramente, el Estado argentino actual: enorme, con baja eficiencia, niveles considerables de corrupción, penetrado por intereses corporativos. La debilidad del Estado es, precisamente, una de los obstáculos para el establecimiento de una economía de mercado eficaz. Reconstruirlo es uno de los desafíos básicos que debe enfrentar el gobierno de Milei.

2. La posición minarquista es teóricamente posible, pero altamente improbable en un régimen político de participación masiva.

Los Estados “guardián nocturno”, como los llamara Ferdinand Lassalle, existieron en los países hoy ricos en el siglo XIX, y fueron funcionales al crecimiento. Pero estas eran democracias de elite, que no pudieron resistir la imparable expansión de la participación política a sectores hasta entonces excluidos (clase media y luego trabajadora, mujeres, minorías étnicas, etc.). Su movilización y participación condujeron a la expansión de las funciones del Estado: educación, estado de bienestar. Ello es por el funcionamiento de dos mecanismos inevitables en la democracia: demandas desde abajo (implementadas muchas veces cuando estos sectores llegan al gobierno) o co-optación desde arriba (desde las elites).

3. Como objetivo práctico, debería plantearse el liberalismo posible (parafraseando aqui a Alberdi, que buscaba establecer “la república posible”), lo que implica un estado de bienestar sustentable y capacitador.

Dado que el Estado no puede desligarse de la educación pública y el estado de bienestar (cuyos componentes son jubilaciones, salud pública, y programas para el alivio de la pobreza), el problema consiste en establecer el Estado compatible con, y funcional a, una economía de mercado abierta. Un Estado subsidiario, pequeno, y basado en una administración pública weberiana (profesional, elegida por concurso, sujeta a evaluaciones periódicas, etc).

En el area educativa, debería descartarse la propuesta de los vouchers, que posibilitarian experimentación y competencia, pero no garantizarían la disponibilidad, en todos los lugares, de escuelas gratuitas y laicas.

En su lugar, podrían explorarse las escuelas charter (escuelas públicas independientes, cuya autorización para funcionar es revocable, dependiendo de su calidad), que tienen todas las ventajas de los programas de vouchers sin sus desventajas.

En lo que respecta al estado de bienestar, conocemos las mejores prácticas: régimen jubilatorio mixto, de reparto y capitalización, estilo británico o sueco; uno de salud pública basado en seguro público para los pobres y privados obligatorios para el resto, con subsidios a quienes lo necesiten, como en Suiza y el “Obamacare” en Estados Unidos; y seguros de desempleo y programas para el alivio de la pobreza basados en los principios de capacitación y reinserción, incluyendo políticas activas de empleo, como en varios países de Europa Occidental.

Si el objetivo es llegar a los niveles de vida de los países ricos, es necesario replicar, con adaptación a las condiciones locales, sus instituciones. Estas son, en última instancia, el determinante básico de la riqueza de las naciones.

Publicado en Clarín el 3 de junio de 2024.

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