Los primeros meses de Milei como presidente generaron encendidas reacciones. Sindicatos, movimientos sociales, artistas, empleados de empresas del Estado, investigadores, libreros y la comunidad universitaria, entre muchos otros, nos advierten sobre el enorme costo de sus medidas de austeridad sobre el bien común y el futuro del país. A veces se trata de meros embates corporativos que buscan conservar el botín conquistado tras años de lobby; pero en otros casos son intervenciones honestas orientadas a defender instituciones realmente valiosas.
Carlos Nino decía que una gran virtud de la democracia es que obliga a los ciudadanos a defender sus causas apelando a “intereses generalizables”, es decir, intereses que todos podamos compartir. Nadie que alegue: “Esta ley debe votarse porque me favorece a mí o a mi sector”, tiene chances reales de convencer a una mayoría en la competencia por los recursos. La persuasión y el engaño son parte del debate público, por supuesto. Sin embargo, el requisito argumentar en base al bien común es un filtro que deja por el camino muchas demandas facciosas y autointeresadas que no pueden traducirse a ese lenguaje.
Evaluar la legitimidad de los reclamos contra el Gobierno es tarea de las autoridades democráticas, pero su irrupción en el espacio público puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo defender lo que tanto nos interesa. En este sentido, y solo para dar un ejemplo, sería buena idea que todos trabajáramos desde adentro para que esas instituciones hicieran un uso eficiente de los recursos, evitando el nepotismo, la inflación de las plantas y prácticas clientelares dirigidas a recompensar a los propios y disciplinar a los réprobos.
También es fundamental militar activamente contra la partidización. Ninguna institución pública debería pronunciarse a favor o en contra de partidos o candidatos, mostrando verdadero respeto por el pluralismo. Evitar la producción de solicitadas y la retórica de la resistencia cada vez que no gobierna el peronismo seguramente contribuiría a que la sociedad vea a esas instituciones como enclaves técnicos que trabajan por el interés general sin ponerse al servicio de un partido o una ideología con dinero de todos.
Naturalmente, para resultar creíble, este compromiso con el pluralismo debería observarse también en la conformación de los órganos de gobierno, los boards y los directorios. Lograr diversidad ideológica no solo es un modo de apuntalar la cultura democrática en un momento de polarización extrema, sino también de mantener canales abiertos con distintos partidos en caso de necesidad.
Por último, después de dos décadas de colonización populista del Estado y la sociedad civil, ayudaría mucho que las instituciones que defendemos revisaran la tendencia al autoensalzamiento sistemático, reconocieran errores y aspectos a mejorar y se declararan dispuestas a acompañar los sacrificios que sobrelleva la sociedad. Este es el mejor seguro de vida contra ajustadores libertarios o neoliberales. Esperemos que no sea tarde.
Publicado en La Nación el 29 de mayo de 2024.
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