El 14 de febrero concurrí personalmente a las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, en la Casa Rosada, a fin de solicitar en los términos previstos por la ley de acceso a la información pública, se me informe al detalle sobre las auditorías efectuadas al Gobierno saliente, en todas las áreas del Estado, las empresas públicas y los entes autárquicos y descentralizados.
Asimismo, pedí se me informe sobre los nombramientos de gente de La Cámpora durante el período 2019/2023 y, muy especialmente el último año durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.
El Gobierno me contestó y puso en mi poder documentación, debía hacerlo por ley, si bien vencido el plazo, les quiero compartir la misma, luego de revisarla y estudiarla durante unos días.
Esta fue la primera respuesta oficial de la nueva gestión después de mis pedidos de audiencia al Presidente de la Nación y, una larga lista de propuestas positivas realizadas por escrito al Gobierno, desde los primeros días de asumir, para recuperar lo robado, conformar una comisión investigadora de notables para evitar el megafraude y el “ardid Zannini” en YPF.
Todas las propuestas fueron entregadas personalmente por notas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al Procurador Rodolfo Barra, al presidente de la Nación, Javier Milei, y a la vicepresidente, Victoria Villarruel: denuncia judicial del 29 de diciembre pasado, del plan de encubrimiento y pacto de impunidad, del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini con las pruebas aportadas de la complicidad, convalidación y continuidad por parte de Cúneo Libarona y Barra, la impugnación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema.
También sobre la acción judicial de cobro de los gastos millonarios de Cristina Kirchner en la utilización de los aviones de YPF para viajar a Santa Cruz y la eliminación de su doble jubilación, la acción civil por los daños y perjuicios civiles derivados de la “causa Vialidad” por 22.300 millones contra CFK, el pedido de embargo a Alberto Fernández por sus excesos y acciones delictivas, la solicitud de no pago de su jubilación de privilegio por la misma causal de “indignidad manifiesta aplicable a Cristina Kirchner”.
Además, el retiro de las custodias al ex mandatario y la eliminación total de las jubilaciones de privilegios para todos y, por último, las propuestas efectuadas por nota al ex director ejecutivo del ANSES, Osvaldo Giordano, para que el Gobierno le pague a los jubilados los juicios adeudados con sentencia firme y las propuestas acerca de un plan concreto de mejoramiento de sus haberes.
¿Qué me ha contestado el Gobierno a mi pedido de informes sobre las auditorias? .
En mi primer, para analizar de lo general a lo particular, no podemos considerar ciertamente una auditoria el informe de contestación del Gobierno a nuestro pedido.
Ninguno de los puntos de nuestro pedido de informe ha sido contestado.
La contestación es sumamente exigua y es menos rigurosa que la de una Empresa pequeña o un club de fútbol.
No se nos proporcionó la información acerca de los actos administrativos, actos secretos, resoluciones, disposiciones que ordenen las auditorias e inventarios de todas las dependencias del Estado, Empresas del Estado y organismos autárquicos o entes descentralizados.
Se nos informa que las auditorias son las ordenadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y las mismas han sido realizadas por las áreas de la Administración, siendo aprobadas por la (SIGEN) en los períodos 2020/2021/2022 y 2023 hasta el “cierre por cambio de administración siendo aprobados los cierres presupuestarios, financieros y contables”.
Esto último, quiere decir, que el Gobierno toma como auditorias válidas las realizadas por el propio kirchnerismo y, es por ello, que no ha podido contestar mi pedido de indicación concreta acerca de, a nombre de que personas, profesionales, instituciones públicas o privadas se están llevando a cabo las auditorias del estado en que el kirchnerismo dejo el país, porque no existen, no se han encomendado, o bien, en el mejor de los casos no se han terminado.
En el pedido de informes del 14 de febrero le exigimos “conocer el actual grado de transparencia y lucha contra la corrupción del actual gobierno” y que informe en forma detallada sobre las irregularidades advertidas, faltantes, hurtos, robos, peculados o fraudes al Estado Nacional y, se ponga a nuestra disposición todas las actuaciones sumariales, denuncias judiciales, investigaciones en curso o a realizarse, con detallado estado de situación en cada caso en particular”.
La respuesta ha sido que hasta la fecha no han ingresado expedientes relacionados a sumarios, denuncias, o informaciones sumarias ordenadas por las autoridades del actual gobierno”.
No hay denuncias del peor saqueo de la historia y de una de las corrupciones más profundas que se haya conocido en el mundo.
Por último, el gobierno no ha proporcionado información sobre el total de nombramientos de gente de La Cámpora efectuados durante el periodo 2019/2023 y, muy especialmente el último año durante la gestión de Massa, muchos de los cuales continúan en todas las direcciones del gobierno en las provincias y en todas las áreas de la administración pública nacional.
Preocupa, que a la vez que el Gobierno se jacta con cortinas de humo de desarmar curros y negociados de un Estado delictivo, tabicado, loteado, estructurado y ocupado por el kirchnerismo por años, se sostiene a funcionarios como Cúneo Libarona y Barra, que se niegan a investigar el megafraude de YPF que denunciamos en la Justicia y que salvo las milanesas encontradas en su Ministerio no ha hecho nada.
Preocupa más que el Presidente de la Nación replique informaciones sin asidero sobre las supuestas causas de corrupción promovidas por su gobierno, dado que salvo la de los seguros, promovido por un funcionario que fue despedido y la de Juan Grabois, el resto son amagues y anuncios vacíos.
El mandatario nacional amenaza con medidas “anticasta”, cuando algún sector lo contradice, mientras esto no ocurre, abundan medidas “procasta” como proponer al juez Lijo en la Corte Suprema, querer nombrar auditor general de la Nación al abogado del “clan Báez”, Santiago Viola, mover a Guillermo Michel de la Aduana al mismo cargo en la auditoria en entendimiento con Massa, poner a Alejandro Melik, socio de Cúneo Libarona al frente de la Oficina Anticorrupción.
También nombrar al abogado de Eskenazi, Andrés de la Cruz, como número dos de la Procuración del Tesoro, promover a funcionarios camporistas, nombrar a Enrique Buscio en ANSES, premiándolo por avalar la doble pensión de Cristina Kirchner y, darle el manejo total del organismo a Lule Menem, licuar jubilaciones, congelar salarios, consentir aumentos despiadados a prepagas, de servicios y a empresarios kirchneristas, emitir sin parar.
Asimismo, el hecho de derogar el decreto 93/18 del ex presidente Mauricio Macri para promover un festival de nepotismo para cubrir cargos en el Estado, que motivó que la senadora Vilma Bedia nombrara a ocho familiares en la Cámara alta, reinstalar Ganancias, o querer pagarle al grupo mafioso Eskenazi/ Kirchner, 16.100 millones de dólares.
Fui de los primeros en advertir y denunciar en la Justicia lo que significaba “la tabula rasa” y la “pacificación del gobierno con los corruptos”.
La inmoral propuesta de “no mirar atrás y que han hecho antes”.
Denunciamos que el pacto con el pasado estaba hecho. El “qué” del pacto ya estaba, faltaba el “cómo”. Cómo se instrumentaba, ejecutaba y legitimaba desde el oficialismo.
No me trago la concertación del poder que se propone como Pacto de Mayo, en torno a diez buenas, sin dudas, ideas generales, pero que esconden que lo que queda afuera no cuenta y eso permite “indultar la corrupción”, total esta tarea no está consignada como propósito en los nuevos mandamientos.
El Pacto de Mayo consiste en permitir que el Gobierno legitime, que fuera de esos puntos únicos y cerrados nada importa.
Lijo a la Corte Suprema es otro punto del pacto que consagra la impunidad, que parece ser más importante que poner en riesgo la seguridad jurídica del país, al trasladar la corrupción política al Máximo Tribunal.
La política, como cuando Kirchner llegó al poder en 2003, vuelve a experimentar temor al poder y la gente lo ve.
Estas atmósferas de miedo, paralizan la crítica y la saludable disidencia; no hay poder en la tierra que no haya confiado a alguna forma de temor para imponer sus políticas.
No podemos repetir la historia y menos después de todo lo vivido.
No puede haber impunidad en la Argentina y vamos a seguir haciendo lo humanamente posible para que ello no ocurra.
El Gobierno no está luchando contra la corrupción. El gobierno no debe mentir, las mentiras pueden servir para lograr adhesiones y construir un proyecto de poder, pero no tienen futuro, porque jamás construyen un proyecto de país.
El Gobierno ejerce una feroz censura de la opinión de sus funcionarios, con un trollcenter y mediante curiosos likes que el propio Presidente le da a sus trolls.
Nadie en el gobierno puede sacar los pies del plato, ni expresar su opinión, tienen prohibido determinados temas, como los delitos del kirchnerismo, el megafraude de YPF, o nombrar a Zannini.
La gente no busca sólo mejorar la economía solamente, quiere un gobierno que nos devuelva la dignidad y la seguridad jurídica frente a quienes han saqueado el país y nos han comido las entrañas durante años.
El kirchnerismo abandonó el control del Gobierno, pero no dejó el poder, sigue ocupando áreas estratégicas del Estado, manejando cajas millonarias, decidiendo políticas gubernamentales y sobre todo, enhebrando y tejiendo nuevos sistemas de protección y autodefensa de lo robado y su intangibilidad, poniendo funcionarios nuevos en todas las áreas de gobierno y en la Corte Suprema.
El Gobierno te dice, abrazado al kirchnerismo, que si no acompañas sus políticas vuelve el kirchnerismo: les decimos que si no cambian sus políticas y sacan al kirchnerismo del poder, estos no volverán, sino que continuarán por si solos gobernando, sin el Presidente.
Milei hace con los Kirchner lo que estos hacían con Carlos Menem, lo criticaban, denostaban, pero lo protegían y le proporcionaron impunidad.
El entendimiento con el pasado que debemos dejar atrás por parte del Gobierno es tan evidente que en las auditorías solo han encontrado un par de matafuegos que estaban vencidos.
El Gobierno juega con fuego, tanto, que quiere apagar un incendio con fuego.
