La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció la semana pasada que su gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de “ley contra el fascismo” con la intención de sancionar a todos aquellos opositores (que según sus cálculos deben ser unos cuantos) promotores de “hechos de violencia” contra los intereses nacionales. Por eso, el presidente está decidido a poner en marcha una Alta Comisión de Estado contra el Fascismo y el Neofascismo encargada de redactar el correspondiente proyecto de ley.
A decir verdad, las posibilidades de que esto prospere son bastante limitadas, pero, aun así, la cuestión pasa por indagar sobre las razones de tamaño despropósito. ¿Realmente necesita el régimen más normas represivas, cuando su discrecionalidad para inhabilitar, encarcelar o incluso desaparecer o torturar opositores es casi infinita? ¿No será, entonces, que se busca enviar un mensaje claro a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la hasta hace poco su única candidata, María Corina Machado, del Partido Vente Venezuela (VV), para que desista de sus afanes de confrontar al gobierno y disputar unas elecciones que de haberse podido presentar probablemente hubiera ganado ampliamente?
En definitiva, si alguien ejerce la violencia de forma sistemática contra la sociedad es el propio régimen y no la oposición por más que se inventen complots para matar al presidente y desestabilizar al régimen. Estas denuncias no solo han servido para perseguir a los partidarios de una salida alternativa, sino también para purgar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de elementos indeseables, a tal punto que 33 militares fueron degradados y expulsados de la institución bajo acusaciones de “magnicidio”.
El incumplimiento de los acuerdos de Barbados sobre garantías electorales, firmados en su día entre el gobierno y la oposición, con el respaldo, entre otros, de EEUU y Brasil, supone una muestra más de mendacidad por parte del régimen. Maduro ha abusado de instrumentalizar las negociaciones en su propio beneficio, incumpliéndolas, siempre con el beneplácito de un cierto sector de la comunidad internacional, como el Grupo de Puebla y sus adláteres, pero también de autocracias como Rusia, Irán e incluso China.
Esta vez, sin embargo, la no inscripción de Corina Yoris, provocada por la inhabilitación de María Corina Machado, ha sido tan burda que algunos de sus aliados tradicionales, como el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el uruguayo José Mujica, dos de ellos presidentes en activo, le han afeado a Maduro su conducta antidemocrática. La respuesta bolivariana a sus críticos ha sido chabacana y desafortunada, demostrando claramente el talante de un régimen dictatorial incapaz de afrontar unas elecciones libres y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Jorge Rodríguez, colaborador cercano de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional arremetió como un bulldozer contra sus detractores: “Métanse sus opiniones por donde les quepan”.
