Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley donde señalan que “el cálculo del índice de movilidad se realizará mensualmente conforme la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC), que se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponda su utilización. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir una disminución del valor de la asignación”.
“Frente a esta situación dramática necesitamos avanzar en una regla previsible para proteger las políticas y programas sociales destinadas a infancia y adolescencia de manera que no se vean afectadas por los elevados índices de inflación”, dijo Carla Carrizo.
El accionar de los parlamentarios surgió inmediatamente después de conocerse los datos de UNICEF que revela que siete de cada diez niños viven en condiciones de pobreza en la Argentina. “Son alrededor de 8,6 millones de menores de 18 años que viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde se ven privados de sus derechos”, expresa el informe.
Según los datos recopilados para el segundo semestre del 2023, “la pobreza infantil se presenta en dos dimensiones: el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos, mientras que el 43% enfrenta pobreza por privación de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los menores experimentan ambas formas de pobreza simultáneamente, afectando a 3,8 millones de niños”.
Los diputados encabezados por Carla Carrizo, autora de la propuesta, y acompañada por Karina Banfi, Mariela Coletta, Martin Tetaz, Natalia Sarapura, Marcela Coli, Melina Giorgi, Marcela Antola, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Mario Barletta y Manuel Aguirre, fundamentaron que “si bien en enero de 2024 el Gobierno anunció la duplicación de la AUH, cuyo valor pasó de $ 20.661 en diciembre de 2023 a $ 41.322, es decir, un aumento nominal del 100%, si se tiene en cuenta la evolución de la inflación en enero y febrero, el incremento real del poder de compra del beneficio fue poco menos de la mitad”.
Asimismo, señalaron que “la prestación alimentar, por su lado, tuvo aumentos de un 50% en enero y otro de 100% para febrero y así, para las familias con un hijo/a de 0 a 14 años pasará de $ 22.000 a $ 44.000, familias con dos hijos/as de 0 a 14 años pasarán de cobrar $ 34.500 a $ 69.000; mientras que las familias con tres hijos o más de 0 a 14 años de edad pasarán de percibir $ 45.500 a 91.000 pesos. Ambos aumentos significaron una importante recuperación del poder de compra de dicha política, pero se trataron de decisiones discrecionales del gobierno que desconocemos si se volverán a repetir en el futuro”.