La diputada nacional y vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, mostró satisfacción tras conocerse el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien decidió dar marcha atrás con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus para buscar la aprobación de las normas de desregulación.
Este capítulo, más los cambios en el Impuesto a las Ganancias, fueron eliminados de los envíos que el Gobierno hizo al Congreso, para tratar de que se aprueben el resto de las reformas.
“Una Ley de Bases debe partir del acuerdo entre la Nación y las Provincias”, dijo Banfi. “Celebro que el Gobierno retire de la Ley Ómnibus el capítulo que perjudicaba las economías de las provincias y a los más humildes. Es menester que Ejecutivo, gobernadores y el Congreso trabajen juntos”, agregó.
Dentro de la sección se encontraban, entre otras, las retenciones a las exportaciones, el punto de mayor discusión. Aquí el gobierno de Javier Milei pretendía elevar los derechos de exportación hasta un piso de 15% para los productos vendidos al exterior que no pagaban nada. Para soja y sus subproductos (como harina o aceite) la alícuota iba a subir del 30 al 33 por ciento. Otros productos como hidrocarburos o minería mantendrían las tasas vigentes aunque abría la puerta para incrementarlas, si lo necesitara, con un límite de 15 por ciento. En ese último incremento se incluía a las exportaciones industriales. Ahora todo queda sin efecto.
También aludía a los cambios en la fórmula jubilatoria. Aquí suspendía la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para actualizar los haberes por jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo. También se suspendía la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.
El proyecto original facultaba al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Hasta tanto se establezca una fórmula automática, “el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, consignaba.
