En un sistema republicano y democrático, la evaluación del grado de representatividad o adhesión de la sociedad respecto a un candidato elegido no debe considerarse objetivamente como un número fijo e inalterable.
Cuando un país estructura su política en un sistema de partidos duraderos, la cantidad de parlamentarios que tiene cada partido puede expresar la representatividad política de la sociedad. Sin embargo, en situaciones como la actual en Argentina, donde no existe esta estructura clara, el gobernante debe ser cuidadoso al interpretar el nivel de adhesión a sus medidas, ya que este es cualitativa y temporalmente variable. Un ejemplo histórico que ilustra este punto es el caso de Winston Churchill en 1945. A pesar de ser considerado el artífice de la victoria sobre la Alemania Nazi y gozar de gran popularidad, perdió sorprendentemente las elecciones, atribuyéndose esta derrota a su actitud soberbia durante la campaña y al desprecio, de sus adversarios, especialmente a los de ideas de izquierda, laboristas y socialistas Hoy, el presidente Javier Milei y su equipo argumentan que el 55% de la población lo ha votado y, por ende, respalda su programa. Aunque esto pueda ser cierto, es necesario analizarlo más allá de la aparente certeza. Las preferencias durante las elecciones pueden ser motivadas tanto por apoyo positivo como por oposición a otro candidato. En el balotaje, donde solo quedan dos opciones, las motivaciones pueden ser variadas, incluyendo la elección positiva de uno, la elección negativa para evitar que gane otro, o incluso la indiferencia. Estas distintas motivaciones complican la interpretación del grado de preferencia o legitimidad de los candidatos. Es clave diferenciar entre legalidad y legitimidad. Mientras que la legalidad se refiere al cumplimiento de las leyes y normas, la legitimidad está vinculada a la aceptación y reconocimiento de la autoridad por parte de la población. Un acto puede ser legal aunque no sea percibido como legítimo. Determinar el porcentaje de preferencia positiva es complicado sin un análisis detenido. Conocer este dato podría afinar el sentido legítimo de los actos de gobierno y ayudar al gobernante a comprender las necesidades temporales de la sociedad. Las encuestas de la primera elección podrían ofrecer una representación más fiel de la preferencia positiva, mientras que el balotaje legaliza al ganador. Es esencial que el gobernante, con sabiduría y reflexión, interprete estos números, reconociendo que la responsabilidad de los actos del estado es continua en el tiempo. Suponer el número más favorable podría rozar la soberbia, mientras que el menor podría caer en la obstrucción, ambas perjudiciales para la república. En última instancia, el montaje de la legitimidad de las acciones requiere un equilibrio entre la legalidad y la percepción positiva de la sociedad