El 4 de septiembre de 1970 hubo elecciones presidenciales en Chile y los resultados fueron: Allende (izquierda) 36,6 %; Alessandri (derecha) 35,3% y Tomic (centro) 28,1 %. Salvador Allende obtiene la primera minoría pero debe esperar la definición del Parlamento, el que puede elegir como presidente tanto al primero como al segundo de la contienda electoral. Pese a esta disposición constitucional, y de las múltiples reuniones entre autoridades y fuerzas militares que demoraron el reconocimiento oficial de estos resultados, las mayorías populares salieron a las calles y poblaron la Avenida Bernardo O’Higgins, arteria principal que cruzaba Santiago desde los altos pre cordilleranos hasta los barrios populares próximos al aeropuerto.
Había llegado a esa ciudad dos años antes para cursar la Maestría en Sociología que se dictaba en la FLACSO (por entonces la única sede y con apoyo de la Unesco). Viniendo de Argentina no podía entender esos festejos prematuros, dadas las posibilidades institucionales de impedir que un gobierno marxista llegara al Poder, y la presencia de las fuerzas armadas. Miraba con simpatía y hasta con cierta condescendencia esas expresiones de las mayorías populares, las que atribuía a una fuerte dosis de ingenuidad. Sin embargo ellas tenían razón. Yo no había logrado incorporar a mis reflexiones el fuerte apego de esa sociedad a las instituciones de una república verdaderamente democrática. Cuando se reúne el parlamento la DC se decide por el candidato más votado, y por primera vez en la historia un gobierno marxista llega al Poder por elecciones libres.
De todas maneras esas mismas instituciones, respetadas también por el presidente electo, hicieron que el nuevo gobierno no pudiera dictar leyes que le permitieran llevar adelante su programa de gobierno, por estar en minoría en el Congreso. Sólo podía emprender algunas acciones apelando a lo que se llamó “resquicios legales”; esto es, “estirar” las posibles interpretaciones de leyes ya vigentes para justificar sus acciones. Así se hizo, por ejemplo, una profunda reforma agraria en base a una ley dictada en tiempos de Frey (padre).
Esas dificultades institucionales, más errores que se fueron cometiendo como fruto de la acción de grupos más radicalizados dentro de la Unidad Popular, hicieron que en las elecciones de medio término el partido de gobierno perdiera por una fuerte diferencia frente a la oposición. Y eso indicaba que la Unidad Popular perdería indefectiblemente las próximas elecciones presidenciales, cuyos resultados estaban garantizados por la fuerza de esa misma institucionalidad y la presencia militar.
Ese debió ser el final del gobierno de la Unidad Popular, y no el sangriento golpe de Estado dado en 1973 por Augusto Pinochet. Todo indica que la voluntad de anticipar unos meses ese final no se basó en peligros para las garantías institucionales ni para la libertad de las personas, todo lo que venía siendo respetado inequívocamente, sino para “dar una lección” a los pueblos para que no se equivocaran votando a gobiernos “no deseados”. Y que la decisión de esa “lección” fue tomada mucho más al norte que la república de Chile.
Publicado en Perfil el 4 de septiembre de 2020.
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