“O aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos…”
Es probable que a la mayoría de la sociedad civil, las palabras del Presidente no le llamaran la atención. En una democracia de baja calidad institucional como la nuestra, los repetidos actos que dan cuenta de la relación cuasi jerárquica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, evidencian el mal funcionamiento republicano y la falacia del equilibrio de poderes. En un contexto excepcional causado por la pandemia COVID -19 que se está volviendo más cotidiano de lo que debería, el parate prácticamente total de la Justicia federal y la tibieza de un parlamento que arroja pocas certezas de funcionar en apego a los debidos reglamentos, generaron un escenario en el que el Poder Ejecutivo, fácilmente, ha logrado incrementar su cuota poder.
En términos impropios, el mensaje que dirigió el presidente Alberto Fernández al Juez Civil y Comercial de Reconquista, Dr. Fabián Lorenzini, buscó coercionar su accionar, señalándole que de no aceptar el plan propuesto por el gobernador santafesino, Omar Perotti, retomaría su intención de declarar de utilidad pública a la empresa para posteriormente expropiarla. Las forma en la que debe proceder la relación o comunicación entre ambos poderes debe conducirse en respeto del equilibrio de poderes, ergo en carencia de tintes jerárquicos; la máxima constitucional busca evitar la concentración del poder mediante un sistema institucional que lo disperse, en beneficio de una amplia representación popular; cuanto menos, en el peor de los escenarios, debe satisfacer el derecho a la justicia, siendo éste, el más valioso de todos al igualarnos ante la ley.
Desde el 20 de Marzo, la República adolece como consecuencia de un funcionamiento cansino de la justicia federal que tiene lugar gracias a la extensión de una “interminable” feria y de un parlamento debilitado que no respeta siquiera el flamante reglamento dispuesto para abordar proyectos normativos estrictamente vinculados a la coyuntura pandémica. Abundan los Decretos de Necesidad y Urgencia que, tal como menciona Gargarella en su artículo publicado en el diario “Clarín” denominado, “La cuarentena no justifica el poder concentrado y discrecional”, reflejan la voluntad individual de resolver la toma de decisión en vez de convocar a un dialogo más profundo entre actores de la sociedad política tanto como civil, tal como insta la Constitución.
Sin perjuicio de lo antedicho, debe considerarse quela renguera republicana que acarreamos es de larga data: la reforma del Consejo de la Magistratura, producida por la modificatoria Ley 26.080, logró permear a la institución judicial con una lógica política definida en términos de ganadores y perdedores. En esencia, dicha lógica atenta directamente contra la concepción equitativa y apartidaría que debe imprescindiblemente ejecutarse toda vez que sea necesario impartir justicia. La disminución en la cantidad de miembros que sufrieran los representantes de los partidos políticos opositores y de estamentos abogadiles, magistrales – incluida la CSJN- y académicos, condujo al empoderamiento del Poder Ejecutivo en el seno del plenario del organismo, permitiéndole el ejercicio de un poder de veto que impide a la totalidad de los actores restantes, decidir sobre la confección de ternas de candidatos a ocupar las vacantes judiciales o respecto de la apertura de procedimientos de remoción que buscan expulsar a aquellos jueces que han sido influenciados.
La necesidad de contar con una anuencia ejecutiva constituye un modelo de gestión gubernamental más aparejado a una monarquía parlamentaria que a una república. Dicha concentración de poder nos remite a épocas pre-modernas, restringiendo el goce de derechos ciudadanos consensuado en el pacto social.
El presidente Alberto Fernández ha repetido hasta el cansancio que la única cura para el Covid 19 se alcanza gracias a una mancomunión de la sociedad, superadora de la profunda grieta que la debilita, pues es imposible cuidarse si no nos cuidamos entre todos. Es de suponer que tal cometido se logrará con más sencillez aplicando los principios republicanos predicados por su supuesto y tan enarbolado referente, Dr. Raúl Alfonsín, en el preámbulo de la Constitución Nacional y no yendo en sentido contrario, ignorando sus mandatos.
