Una premisa fundamental de la concepción democrática es que cada ciudadano comprende y defiende sus propios intereses. Si no se admite esta premisa, no se admite plenamente la democracia. En el polo opuesto existe la concepción del gobierno de tutela. Es la propuesta del gobernante tutor y cuidador de la sociedad.
La mayor fundamentación pertenece a Platón, y consiste en afirmar que la política es la “ciencia regia”: “ningún otro arte o ciencia tendrá un derecho mayor que la ciencia regia, a cuidar de la sociedad humana”. La esencia de la política consistiría en conocer cual es el bien de la comunidad, y esto lo conocen, despues de extensa preparación, sólo algunas personas, “los tutores”, capacitados para ello.
Los ciudadanos comunes, al reconocer la excelencia del gobierno tutor, le otorgarían todo su apoyo, en agradecimiento a la protección del bien común. La idea del gobernante tutor, renació en el pensamiento revolucionario del siglo XX. Se pensó que para liberar al proletariado de la explotación, era necesario contar con una elite iluminada, que conocía cuales eran los verdaderos intereses de los explotados y, desde el poder, producir el cambio para crear una sociedad verdaderamente mejor.
La idea base de la tutela es la superioridad (política y moral) de quien gobierna (y de su grupo) sobre los ciudadanos comunes, determinando lo que es bueno, y cuales son las acciones convenientes para ese fin.
La gestión de la pandemia pone al desnudo dos concepciones del poder: aquella en la que predomina la idea de los ciudadanos como infantes, a los que hay que proteger, a veces con “mentiras justificadas”, y donde el gobernante comunica de modo afectivo, la necesidad del cuidado; contra aquella concepción en la que predomina la idea de responsabilidad de cada ciudadano, e informa con transparencia y racionalmente lo que ocurre, teniendo como eje la información y la autorregulación del cuidado.
En la concepción del tutelaje, se inscriben los casos de Viktor Orban en Hungría, que fue habilitado para decidir por encima del Parlamento; Erdogan en Tuquía, que reprime y deporta a periodistas porque “atentan contra la salud de la gente”; Donald Trump y Jair Bolsonaro, que adoptan posiciones negacionistas, y critican a los científicos, a la prensa y a la justicia, para proteger al país de la crisis económica. Los dos primeros gobernantes, han violentado el Estado de Derecho cercenando libertades, con la excusa de cuidar a la población del debacle sanitario de la pandemia. Los segundos han actuado de modo extremadamente irracional, con razones contrarias a la ciencia, para “proteger a la población” del debacle económico.
Las diferencias entre los primeros y los segundos son solo aparentes. En realidad, forman parte de una misma concepción del poder: la tutela. La idea de que, en cuanto dirigentes, están en una situación de gran poder y deben ejercer desde el vértice las decisiones centralizadas, no consultar con actores diversos, no utilizar el consenso, rechazando sistemáticamente las opiniones de la oposición política. Una concepción que siente comodidad en desconocer las instancias institucionales y los canales de representación y que elige la comunicación emocional para sus ciudadanos infantes.
Los ejemplos de la concepción democrática son los casos de Angela Merkel, en Alemania, y el de Luis Lacalle Pou, en Uruguay. En el primer caso, se parte de un gobierno de unidad nacional, con un mensaje racional dirigido a ciudadanos adultos, la apelación a las instituciones y al consenso político, el apoyo y solidaridad con los paises de la región, una estrategia orientada al futuro que viene, fortaleciendo la cooperación regional en terminos sociales y económicos.
En el segundo caso, la convicción de que los ciudadanos respetarán las normas de cuidado, y la responsabilidad que da la información y la libertad. El presidente Lacalle Pou optó por informar a la población con transparencia sobre la peligrosidad del virus; tener una actitud consensual y de legitimación de la oposición, se rebajaron un 20% los sueldos de legisladores y altos funcionarios públicos, dialogando con líderes de la oposición, realizando numerosas pruebas de Covid 19 a sus habitantes.
En Uruguay, si bien no se permiten eventos masivos y se suspendieron las clases, no se impone el confinamiento obligatorio, y por ende, no se reprime a quienes estén en las calles, normas que fueron aprobadas por el conjunto de las instituciones. Concepciones humildes de la política, que han permitido no solo una buena gestión de la pandemia, sino que la democracia, y los ciudadanos, se han fortalecidos.
La antinomia actual, no radica solo entre optar por la salud o por la economía, sino fundamentalmente entre optar por estrategias para fortalecer la salud y el Estado de Derecho, para fortalecer la salud y los derechos democráticos ( libertades e igualdad) o, por el contrario, optar por estrategias para cuidar la salud con el costo de una peor democracia.
Publciado en Visión Federal el 27 de mayo de 2020.
