La pandemia de COVID19, con sus efectos globales, ha puesto sobre el tapete el valor de la democracia y la capacidad de sus instituciones para enfrentar con éxitos situaciones de emergencia. Diferentes acciones se han desplegado en distintas latitudes para dar respuesta sanitaria al coronavirus, desde el aislamiento selectivo, o focalizado, hasta la cuarentena obligatoria. Son las respuestas que las naciones han implementado para contener el virus y limitar la cantidad de fallecimientos.
En nuestro país, junto a las medidas de emergencia sanitaria, se han tomado decisiones institucionales que delegaron en el poder ejecutivo atribuciones que, en circunstancias normales, están en manos del poder legislativo o al menos bajo su control.
El fortalecimiento del Poder Ejecutivo y la posibilidad de gobernar en base a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) debilita el principio de la división de poderes, pone en cuestión la efectividad de las instituciones democráticas en tiempos de crisis y nos interpela acerca de cuál es el rol que las oposiciones deben tener frente a una contingencia de esta magnitud.
Parece plantearse una contradicción entre la urgencia necesaria en la toma de decisiones y los tiempos requeridos para el normal funcionamiento institucional. La necesidad de dar respuesta rápida a la contingencia sanitaria tiene como consecuencia el fortalecimiento del PE en relación al resto de los poderes del estado.
Si bien un Ejecutivo fuerte puede resultar adecuado en momentos excepcionales, no debemos naturalizar el empoderamiento presidencial, sobretodo teniendo en cuenta la fragilidad de nuestra joven democracia y cierta tendencia al hegemonismo de un sector de la coalición política que hoy gobierna.
Por lo tanto, a la hora de fijar límites a la discrecionalidad en el ejercicio del poder surgen dos cuestiones que son centrales: una rápida activación de los poderes legislativo y judicial y una acción decidida de las oposiciones para ejercer su responsabilidad como voceras de un sector importante de la sociedad.
En relación al primer tópico, no se advierte ninguna razón habida cuenta de los avances tecnológicos, para que tanto la justicia como el parlamento no funcionen. La mayoría de los países, con crisis sanitarias más graves que la nuestra, tienen a todas sus instituciones en actividad. El estado de excepción no puede ser la excusa para deteriorar el funcionamiento institucional en momentos en que se toman decisiones que impactan, no sólo sobre la evolución presente de la pandemia, sino que condicionan el futuro de nuestro desarrollo como nación. Hoy, tal vez más que nunca, necesitamos que los tres poderes del estado funcionen a pleno.
En relación al segundo tópico, éste remite al rol de las oposiciones en contextos de crisis. La fortaleza de la democracia debería medirse en relación a la eficacia y determinación de las oposiciones. La pandemia ha instalado la idea de que nada se debe discutir, ni la salud, ni la economía, ni las relaciones exteriores, ni la política social, ni la seguridad, ni la producción, ni el rol de las FFAA, ni la transparencia, pues se estaría entorpeciendo al PE. Por consiguiente las oposiciones deben acompañar, dócilmente, las decisiones presidenciales. Parece que la oposición debe utilizar el “tapaboca” no sólo para prevenir el contagio sino también para bloquear sus opiniones.
Nada es más dañino para la democracia que la unanimidad. Las oposiciones deben recuperar su lugar y promover el debate de ideas en torno a todas las cuestiones que le conciernen. Es bueno el consenso pero también el disenso. A buena parte de la sociedad le gustaría saber qué piensan los opositores de la gestión de cada una de las áreas de gobierno y qué respuestas alternativas proponen. No es cierto que el debate perturba la acción gubernamental, por el contrario enriquece y esclarece a todos. Cuantas más voces se oigan, más sólida será nuestra democracia.
Algunos gobernantes aprovechan la pandemia para ejercer el poder sin controles, perpetuarse en el gobierno y silenciar a la oposición, como es el caso de Vladimir Putin en Rusia o Víctor Orban en Hungría por citar sólo dos ejemplos, mientras otros intentan fortalecer las instituciones, aún en plena catástrofe, como Emmanuel Macron en Francia o Ángela Merkel en Alemania.
Las opciones son claras. Debemos recuperar cuanto antes el funcionamiento institucional a la vez que las oposiciones ocupen su lugar, para evitar un deslizamiento autocrático, riesgo del que ningún país del mundo está exento.
Publicado en Clarín el 22 de abril de 2020.
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