El calendario económico y financiero externo de los próximos días de abril presenta dos fechas de interés: martes 14 y miércoles 22. A comienzos de la semana entrante dan inicio las así llamadas “Reuniones de Primavera” que congrega a todos los países miembros del FMI y el Banco Mundial. Por cierto, Argentina tiene una silla reservada allí. Si bien estos encuentros -ahora enteramente virtual por la pandemia- son de seguimiento y planificación entre los hitos de la asamblea anual que se lleva a cabo a fines de setiembre y comienzos de octubre, en esta ocasión la cita tiene una importancia mayúscula. Esta es la primera reunión plenaria destinada a deliberar sobre qué hacer sobre la situación económica y financiera a escala global. Por otro lado, el 22 de abril corresponde el pago de intereses de los bonos emitidos con ley extranjera. Habida cuenta que los papeles encuadrados bajo ley argentina han sido reperfilados , se abre la pregunta si el gobierno dará un trato distinto a unas y otras obligaciones, o bien si elegirá algún otro camino que aún no ha sido explicitado. De hecho, todas las opciones parecen estar abiertas.
Como se observa, en ambas fechas están en juego decisiones importantes para Argentina, tanto con relación a la actual coyuntura de crisis como para la recuperación posterior. Si bien los eventos que apuntamos transcurren en latitudes diferentes y envuelven a distintos actores, los dos están estrechamente entrelazados. El argumento de esta nota es que la estrategia oficial requiere una clara y consistente definición de objetivos para ambas instancias. No son dos tableros de ajedrez sino dos jugadas de una misma partida.
Próxima semana: el plano multilateral
En principio, parece sencillo argumentar en la dirección contraria de la que hemos partido. Las instituciones de Bretton Woods y la arquitectura financiera multilateral presentan deficiencias, carecen de la suficiente capacidad de respuesta y, sobre todo, como Argentina tiene una participación minoritaria es prácticamente imposible arribar a soluciones relevantes para los problemas que nos aquejan. En una palabra, no es un foro de atención prioritaria. Es poco lo que se puede esperar de allí.
Excede a los límites de esta nota examinar la validez de este tipo de posturas, más allá de conceder que el multilateralismo viene aquejado por distintos males desde hace ya varios años. No obstante, creemos que es posible partir de una óptica opuesta. La actual crisis presenta características que requieren de mayor presencia de los países en desarrollo, entre los que se cuenta Argentina. Veamos. Se trata de una crisis propiamente global que ha puesto de manifiesto la muy diferente capacidad de respuesta -tanto en variedad de instrumentos como en magnitud- de los países desarrollados respecto del resto. Si bien no podrán eludir la epidemia ni el costo en vidas, poseen herramientas fiscales y monetarias para amortiguar los impactos sociales. Estos mismos canales ayudarán a la recuperación económica posterior de esos países. El mundo en desarrollo carece de esas capacidades. La informalidad rampante, la pobreza estructural, las condiciones habitacionales y las carencias del sistema de salud constituyen todos ellos elementos que limitan extraordinariamente la capacidad de respuesta.
Dado que el COVID-19 no distingue regiones ni grados de desarrollo, la dinámica de la situación lleva a dar prioridad a las urgencias nacionales y acota la cooperación internacional. Sin embargo, hay razones para sostener la conveniencia de respuestas globales más allá del esfuerzo compartido, la protección de los más vulnerables y la preocupación por el mundo en desarrollo. En la medida que los impactos económicos y financieros puedan ser parcialmente contenidos, será algo más fácil la recuperación global. De otro lado, una crisis humanitaria fuera de control en ciertas regiones del mundo daría pie a presiones migratorias que afectarán también a los países desarrollados. En síntesis, la reticencia a desplegar respuestas multilaterales sólo puede entenderse desde la miopía y de una lectura equivocada de los datos que ya están sobre la mesa.
Ahora bien, para que la acción en este terreno resulte efectiva es necesario arribar a consensos, trabajar con las herramientas a disposición y proponer respuestas originales capaces de sumar las voluntades y la acción colectiva. En tal sentido, en estas reuniones de primavera se estarán debatiendo nuevos elementos. Una rápida lista incluye. Uno, acelerar los acuerdos para disponer en forma efectiva del aumento de los Derechos Especiales de Giro del FMI aprobado por el Directorio a comienzos de este año. Se trata de un incremento de US$ 250 mil millones que estará disponible en 2021 si es que se obtiene el acuerdo de los países. En la actualidad la capacidad prestable del Fondo es de un billón de dólares que se vería así aumentada. Dos, mayor agilidad para las líneas de financiamiento de catástrofe. La pandemia se ajusta a estos términos. Tres, se ha llegado recientemente a un acuerdo, y ahora resta instrumentar su aplicación, para la suspensión de pagos a acreedores oficiales de los países más pobres según la clasificación del Banco Mundial (varios países del Caribe oriental se encuentran en esa categoría). Adicionalmente, se están activamente explorando mecanismos similares (standstill) para los países en desarrollo. Dependiendo del progreso en este frente, Argentina podría verse beneficiada con el pago de la cuota final al Club de París.
Este temario específico, que supone una laboriosa tarea de consensos y aspectos instrumentales, debe estar encuadrado en una agenda más amplia en el marco del G20. Un aspecto prioritario para Argentina como miembro de ese foro, además de las cuestiones de financiamiento y deuda, es la dimensión comercial. Allí la prioridad es mantener abierto los canales del comercio y evitar la aplicación de medidas restrictivas. Se calcula que 59 países -entre ellos India y la Unión Europea- pusieron limitaciones a la exportación de equipo, medicinas, y elementos de protección sanitaria. Además, de la emergencia de salud, no es descartar que aparezcan obstáculos de acceso a mercado en razón que las dificultades de financiamiento golpean a los países. Basta mencionar que en el mes de marzo las economías emergentes asistieron a una salida de capitales de US$ 83 mil millones, cifra muy superior a la experimentada en 2008.
En síntesis, Argentina debe ir desarrollando una labor consistente en todos los ámbitos multilaterales donde tiene representación. Esto no sólo por consideraciones propias del ejercicio responsable como miembro de la comunidad internacional, la necesaria contribución a mejorar las instituciones que hacen al orden global, sino también en su propio interés.
La deuda
El viernes 20 de marzo Argentina ingresó en cuarentena. Fue una estrategia cauta del gobierno que no dudó en privilegiar el objetivo de protección de salud de la población. Ese mismo día, el FMI hizo conocer un documento técnico, preparado a solicitud del gobierno, dando a conocer las razones por las cuales consideraba que el país debía aplicar un recorte considerable de la deuda en moneda extranjera con el sector privado. Más aún, dejaba explícita constancia que los efectos económicos de la pandemia habían sido sólo parcialmente incorporados en el análisis porque resultaba imposible prever y cuantificar los impactos respectivos. Previamente, el 19 de febrero, esta vez en una declaración oficial, el FMI dictaminó que la deuda argentina era insostenible. Definición que, según las políticas de la institución, tiene una consecuencia práctica: el organismo no puede otorgar recursos al país hasta tanto no restructure (y léase, proceda al recorte de la deuda con el sector privado). El breve repaso se completa con la decisión del pasado lunes 6 de abril: la deuda de legislación nacional en moneda extranjera con el sector privado se ha reperfilado suspendiendo así temporalmente los pagos. Nada se sabe por ahora cuál será la decisión del gobierno con las obligaciones externas que vencen el jueves 22.
La descripción de la situación de la deuda parece diluir la validez de los argumentos expuestos en la sección anterior. Más allá que el FMI incremente su capacidad prestable y sume nuevas herramientas, estamos técnicamente fuera de su rango de alcance porque primero es necesario restructurar la deuda. Por otro lado, el propio organismo reconoce que sus estimaciones y ejercicios de quita de deuda no pueden evaluar de manera apropiada los impactos económicos del COVID-19. En esos términos el problema parece no tener solución: para restructurar es necesario conocer aquello que, en las presentes circunstancias, no puede saberse.
Es necesario salir del encierro. Hay elementos para definir un camino posible y pasa por un acuerdo con los acreedores para arribar a un standstill del actual proceso con vistas a negociar más adelante -en 18 o 24 meses- una vez que quede claro como la economía se repone de los efectos más agudos de la crisis. Si tal consenso fuera factible, tendría varios atractivos. El primero hace a la lectura política y económica de la coyuntura: ¿cómo se podría justificar el uso de recursos para el pago de deudas que han sido declaradas insostenibles en las presentes circunstancias? Segundo, el acuerdo evitaría el default. Éste no sólo no agrega ninguna ventaja financiera -el standstill detiene los pagos-, sino que complicaría innecesariamente la recuperación posterior. Tercero, en el caso que se alcanzara tal entendimiento, quedarían abiertos los canales para acceder al financiamiento multilateral.
Se llega así a la conclusión que adelantamos al principio: el 14 y el 22 son dos fechas entrelazadas y es necesario tener una estrategia común para definir cómo se mueven las piezas en el tablero.
Publicado en El Economista el 9 de abril de 2020.
