En el curso de esta tercera semana de marzo el gobierno dispuso una serie de medidas económicas y sociales destinadas a paliar la crisis provocada por la llegada de la pandemia. El menú es amplio y variado: en el plano social y apuntando a un universo de casi 10 millones de personas, un bono especial para jubilados con haberes mínimos y beneficiarios de ciertos programas sociales, aumento (por única vez, revisable) de la AUH; en el plano económico, reducción de aportes patronales para sectores afectados, ampliación del programa REPRO, ampliación de los gastos de capital del presupuesto, apoyo para construcción y reparación de viviendas, líneas crediticias “blandas” y aceleración del pago de reintegros a la exportación, entre las principales.
Estas decisiones siguieron a un diagnóstico cambiante de la estrategia sanitaria. En este frente, hubo una demora inicial en la reacción del gobierno esbozada al comienzo de marzo, hasta que finalmente se adoptaron las medidas frontales para evitar la propagación exponencial de los casos. Al recorrer este giro en U en sus medidas sanitarias, Argentina se aproxima a las posiciones que adoptaron otros países de la región. Brasil, por el momento, apunta a restar importancia a la epidemia. La política sanitaria de ataque frontal se apoya en dos elementos que, muy probablemente, han sido tomados en cuenta por las autoridades. Primero, porque es la principal lección de lo que viene ocurriendo en el hemisferio Norte y las diferencias entre los países asiáticos versus Europa y EEUU. Es clave poner en práctica lo aprendido, mientras existe cierta ventana climática antes que se instale definitivamente el otoño. Segundo, la posibilidad de contener el contagio es crítico para un sistema de salud que suma a sus debilidades estructurales el desafío de semejante crisis.
La aplicación de medidas de prevención de escala mayor es un hecho positivo teniendo en cuenta lo anterior. Pero hay algo más a considerar. El cuadro y las políticas serán contingentes a los resultados que se vayan obteniendo. La explicación e información regular del plan sanitario y de cada fase según evolucione la crisis ayudará a la comprensión de la población en general. La mayor información contribuye a llevar tranquilidad a la población y despejar incertidumbres aún dentro de la complejidad de la situación.
Ahora bien, yendo nuevamente al plano económico, hay varios factores a considerar. Como es conocido, la situación de Argentina es particularmente compleja. La crisis sanitaria sobreviene en una economía en recesión y con severos desequilibrios económicos, un delicado cuadro social, y un horizonte que ya era incierto por la negociación externa. Argentina no tiene márgenes fiscales y la posibilidad del financiamiento monetario debe administrarse con cautela. Por tanto, el arsenal a disposición del gobierno es muy limitado. Además, la amenaza económica del COVID-19, aquí y en el mundo, posee un rasgo muy singular: el impacto de la pandemia sobre la actividad económica es de oferta y demanda.
En el caso argentino y enfocado desde el lado de la oferta, es probable que la disrupción sea relativamente menor a la que se observa en los países del hemisferio norte que están atravesando la crisis. La razón es que la economía argentina está menos interconectada en cadenas internacionales de suministros. No obstante, seguramente habrá casos que será necesario atender. El objetivo es evitar, en la medida de lo posible, suspensiones de actividad por falta de insumos.
La situación por el lado de demanda es considerablemente más compleja. Precisamente, uno de los ejes de la política sanitaria -el aislamiento y distanciamiento social-, afectará la demanda. Hay actividades que recibirán grandes impactos: turismo, hotelería, gastronomía, transporte. Adicionalmente, y desde el lado de la demanda externa, otro factor a evaluar es el impacto de la crisis sobre los principales productos de exportación (precios y cantidades). Las cotizaciones de la soja han caído 10 % desde comienzos del año. La baja abrupta del petróleo, aunque por razones ajenas al coronavirus, pone en compás de espera a Vaca Muerta.
A la hora del diseño de política económica, el análisis anterior establece un cuadro dentro del cual se pueden aplicar medidas. La estrechez fiscal y monetaria aconseja la focalización, lo cual es compatible además con el hecho que la crisis impactará en forma diferencial según los sectores. Es importante además definir el plazo de duración de estas medidas de ayuda: una vez superado el episodio sanitario y conforme se gane cierta normalidad, correspondería la disminución progresiva del apoyo. Como sabemos, este es un requisito difícil de cumplir. Pero cuanto más claras sean las condiciones de partida resultará más sencilla la negociación posterior.
Ahora bien, ¿resultarán eficaces las medidas tomadas por el gobierno? Es imposible responder la pregunta en la medida que se desconoce cuál habrá de ser el curso de la epidemia. Pero sí resulta comprensible su dirección: hay medidas específicamente dirigidas a atender actividades afectadas, facilidades crediticias y otras destinadas a sostener alivio a la población más vulnerable impactadas por la retracción del empleo informal. El bono adicional para jubilados ubicados en la pensión mínima despierta dudas en el contexto de la crisis del COVID-19. Se entiende la preocupación por dirigir recursos en población de bajos recursos y la intención de sostener el consumo, pero en la coyuntura sanitaria actual el esfuerzo principal deberá venir también desde la atención de salud, responsabilidad del PAMI.
Los gastos en obra pública y vivienda tienen efectos más demorados, en un contexto donde no está claro cómo habrá de impactar la epidemia. Las asignaciones especiales que distribuirían los congresistas no parecen muy justificadas. Tampoco hay una evaluación oficial del costo fiscal de los anuncios. La instrumentación será clave para fijar la duración de las medidas, especialmente de los apoyos dirigidos a las actividades afectadas, y de esta manera ayudar a una mejor asignación de los fondos. En suma, el gobierno enfrenta varias disyuntivas simultáneas: volumen de recursos movilizados para la ayuda (que depende a su vez de la capacidad fiscal y la posibilidad de monetizar), secuencia y duración de las medidas, y también el dilema de concentrar el apoyo sobre las actividades (empleo) afectadas vs transferencias que actúen como soporte del ingreso y la demanda.
No obstante, y a pesar de todos los esfuerzos dirigidos a contener los efectos económicos y sociales más dañinos provocados por el coronavirus, será imposible evitar consecuencias negativas en materia de actividad económica y empleo. Un factor clave será la situación sanitaria: si las evidencias son favorables habrá una reversión parcial de expectativas. También puede ayudar que el hemisferio Norte controle la situación, siguiendo un patrón parecido a los asiáticos. Finalmente, el gobierno deberá interrogarse cómo revisa su estrategia de negociación externa, y de la deuda en general, en este nuevo contexto. Sobre este capítulo aún no tenemos novedades.
Publicado en Cippec el 21 de marzo de 2020.
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