Hace unos siglos las personas vivían en condiciones inhumanas, no solo por las hambrunas y el atraso en las condiciones de salud, sino también porque no existía una autoridad que regulara las relaciones entre ellas. Era lo que Hobbes llamaba “el estado de naturaleza”. Los más fuertes, que además habían logrado reunir riquezas y ejércitos privados, eran los dueños de la vida de los demás y de sus bienes precarios, si los tenían.
Como respuesta a esa situación se creó el Estado, el Leviatán para Hobbes. Pero se hizo necesario crear las condiciones para que ese Estado no avasallara los derechos básicos de los ciudadanos, entre ellos sus vidas y sus libertades, y también los bienes que poseyeran. Y para manejar ese Estado se recurrió a la idea de democracia, la que siglos atrás se había puesto en práctica en las “polis” griegas, pero en su forma de democracias directas, posibles en sociedades numéricamente pequeñas, en las que además participaban solo los llamados “ciudadanos” (que eran quienes poseían bienes) dejando afuera a los esclavos y metecos. El mundo moderno modifica esas características y la democracia se practica sin exclusiones; en la que el poder del pueblo se ejerce a través de representantes. Y aquí nace el problema, ¿cómo garantizar que esos representantes actúen efectivamente como tales, sin manejar las instituciones y los bienes públicos como si fueran “mostrencos” (los que en el derecho romano se conocían como “res derelictae”), apropiándose de los mismos.
Son conocidos los casos frecuentes de esas apropiaciones a través del mal uso que se hace de los recursos públicos, entre los que se destacan: los negociados de la obra pública y otras formas de usar el Estado para sacar provecho personal como el nombramiento de familiares, amigos y correligionarios como empleados públicos; o autoasignándose salarios altos con pocas exigencias, viáticos, asesores y demás, como es el caso de legisladores nacionales, provinciales y municipales.
Esto ocurre actualmente en muchas sociedades, tanto del mundo subdesarrollado como desarrollado, pero nuestro país siempre se destaca por su creatividad. No nos detendremos en los nombramientos ocurridos en el Banco Nación por decisión de su presidente, Silvina Batakis, quien designara a parientes y amigos, su marido entre otros, y en una muestra de creatividad indiscutible, a la numeróloga Pitty, para que colabore con su magia en las difíciles medidas que debe tomar en esa institución. En cambio, queremos destacar, por la gravedad del hecho, el caso de recaudación fraudulenta de fondos que llevara a cabo, por encargo, el puntero del Partido Justicialista platense Julio Segundo “Chocolate” Rigau, empleado de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que fue sorprendido en un cajero con decenas de tarjetas a nombre de personas contratadas en esa Cámara y más de un millón de pesos en efectivo. Hecho que compromete a varias fuerzas políticas con representación en dicha Cámara, las que han guardado hermético silencio, todo agravado por la acción de jueces corruptos que excarcelaron a “Chocolate” y anularon la causa. Una aberración política y jurídica que Carlos Pagni refiere con una palabra del dialecto siciliano, vinculada a los entramados mafioso: “omertá”.
Si la democracia representativa pretende seguir presentándose como el gobierno del pueblo a través de sus representantes, debe encontrar los mecanismos reales que eviten este tipo de sucesos, reconociendo que los mecanismos de control interno como la Auditoría General de la Nación son una falacia que está invalidada por la complicidad de fuerzas políticas que se alternan en el poder.
Publicado en La Nación el 29 de septiembre de 2023.
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