Quien se proponga avanzar en la implementación de los cambios que necesitamos en Educación para ponerla a la altura de las exigencias de la era contemporánea, deberá procesar la complejidad de nuestro gobierno federal.
Años de investigación, evaluación de resultados y observación de experiencias han mostrado que la educación en la Argentina es un campo fragmentado por las pertenencias sociales, económicas y culturales de los grupos a los que atiende.
No hay ningún pase que permita atravesar esas fronteras y si alguien lo logra en poco tiempo la comunidad lo expulsa. No hay modo de construir igualdad educativa que no sea a través de una acción de los diferentes niveles del Estado para hacer de cada escuela una institución que brinde la mejor educación a cada uno de sus alumnos.
De modo que si pretendemos remontar la decadencia de la educación en el país tendremos que pensar en estrategias que hagan funcionar con eficacia y eficiencia la maquinaria educativa que comprende tanto a la red pública como a la privada.
Si asumimos la responsabilidad que tiene el Estado en proveer educación de calidad debemos, en primer lugar, encontrar una fórmula que le dé gobernabilidad al sistema. Y aquí viene una serie de interrogantes que demuestran la complejidad de este primer paso.
¿Cómo hacer para articular la diversidad de realidades provinciales manteniendo líneas de continuidad nacional? ¿Cómo lograr que lo que se planea en los ministerios pase a la realidad de las aulas? Por supuesto no hay una fórmula mágica pero ¿qué se puede intentar?
Lo principal, a nuestro criterio, es elaborar un programa integral en base al cual realizar un acuerdo federal que ate la distribución de ingresos al cumplimiento de metas educativas. El plan debería incluir los siguientes ítems:
1- Un acuerdo de financiamiento del sistema que garantice previsibilidad, transparencia, eficiencia en la ejecución del presupuesto y que, además, fuerce a las provincias a responsabilizarse por sus logros.
2- Un acuerdo respecto a la legislación que regula la actividad docente que garantice la implementación de una carrera de mérito que jalone las trayectorias de estos profesionales, permita su evaluación, garantice mecanismos de definición de remuneraciones equivalentes en las diferentes jurisdicciones y condiciones de trabajo acordes con la centralidad de su tarea. En este punto de los acuerdos se deberá avanzar en consensuar una legislación que permita regular el impacto negativo que tiene la protesta docente sobre la continuidad y sistematicidad de su tarea en la escuela.
3- La elaboración de un programa de transformación de la formación inicial de los docentes en base a las características que el ejercicio de esta profesión debe tener en nuestra era digital. Se deberá incluir un régimen de acreditación de las instituciones de formación docente que garantice la provisión de la cantidad y calidad de los profesionales que el sistema requiere
4- Será necesario proveer al nivel inicial y primario de instrumentos que permitan recuperar la eficacia de sus enseñanzas. Un plan de este tipo debe incluir revisión de las prácticas de los dos niveles, capacitación de los docentes y mecanismos muy ajustados de evaluación de los resultados.
5- Habrá que elaborar un plan de transformación del nivel secundario a la luz de la mutación cultural, científica y tecnológica que estamos atravesando. La escuela secundaria debería virar hacia un modelo más flexible que provea a las nuevas generaciones de los recursos cognitivos, técnicos, emocionales y las habilidades de creatividad y liderazgo que requiere su inserción laboral, social y cultural en el mundo actual.
Todos estos acuerdos serán inútiles si la escuela no toma conciencia de que su función esencial está centrada en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en ser el garante de su eficacia.
Publicado en Clarín el 29 de octubre de 2023.
