La princesa Leonor, heredera al trono de España, entró formalmente en escena al jurar lealtad a la Constitución este martes, día de su cumpleaños número 18, aunque el boicot de políticos de izquierda y separatistas puso de manifiesto las divisiones en torno a la monarquía.
La ceremonia en el Parlamento marcó su mayoría de edad, lo que significa que ahora se convertirá directamente en reina después de su padre, el rey Felipe VI, suponiendo que este no tenga hijos varones.
La princesa, que fue a la escuela en Gales e inició en agosto tres años de instrucción militar en España, prometió cumplir la ley, respetar los derechos de los ciudadanos y las regiones y ser fiel al rey.
La mayoría de los ministros y dirigentes regionales la vieron desfilar por el Parlamento y jurar su cargo en una ceremonia llena de música que se retransmitió en directo por televisión.
Sin embargo, los ministros en funciones de Igualdad, Derechos Sociales y Consumo —los tres de la coalición de izquierdas Unidos Podemos— se negaron a asistir, alegando que un jefe de Estado hereditario y no elegido era antidemocrático. Tampoco asistieron diputados de los movimientos independentistas de Cataluña, País Vasco y Galicia.
Una encuesta realizada en 2022 por Sináptica reveló que el 51,6% de los españoles deseaba que el país se convirtiera en una república, mientras que el 34,6% prefería una monarquía, aunque otra encuesta realizada un año antes mostraba que el 55,3% apoyaba a la corona.
El Centro de Estudios Sociológicos estatal dejó de pedir a los ciudadanos que valoraran al monarca en 2015, un año después de que Felipe VI accediera al trono tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, sumido en los escándalos. Los encuestados dieron entonces a Felipe VI una nota media de 4,34 sobre diez.
Juan Carlos tampoco asistió a la ceremonia del martes. Abandonó España en 2020, mientras se realizaban investigaciones por presuntas irregularidades financieras relacionadas con negocios en Arabia Saudí, y ahora vive en Abu Dabi.
Las investigaciones se archivaron posteriormente por falta de pruebas y prescripción. Juan Carlos nunca quiso comentar públicamente las acusaciones de irregularidades.
Los opositores a la monarquía consideran ilegítima la coronación de Juan Carlos en 1975, por considerar que había sido designado para suceder a Francisco Franco por el propio dictador.
Quienes la defienden afirman que los españoles pudieron elegir la forma de Estado cuando votaron la Constitución de 1978, que consagra una monarquía parlamentaria que califican de simbólica y apolítica (NA).
