El viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, pidió debatir una reforma constitucional para limitar a jueces federales y confirmó que avanzarán rápidamente en la designación de magistrados tras las elecciones del domingo.
El funcionario, que podría suceder a Mariano Cuneo Libarona en el Ministerio de Justica, advirtió sobre “control difuso de constitucionalidad”, que permite a cualquier juez federal suspender la aplicación de leyes o decretos de manera indefinida.
“Cualquier juez federal puede, por una cautelar, frenar una ley o declarar inconstitucional un decreto. Eso es peligroso”, alertó y agregó: “Por supuesto algunos me dirán hay que reformar la Constitución, discutámoslo porque no resulta que un juez pueda tomar esa determinación con tanta liviandad“.
Señaló que esas medidas cautelares pueden prolongarse durante años y que, aunque finalmente el Estado gane la causa, “ya no tiene sentido después de cinco o diez años”.
Con relación al nombramiento de magistrados que demoró en la primera parte Javier Milei, Amerio, quien realizó declaraciones en un canal libertario, afirmó que “es el deber de todo Gobierno nombrar jueces, que es lo que vamos a hacer nosotros después de las elecciones”.
También destacó que la política de nombramientos se basará en la meritocracia, con el objetivo de garantizar la idoneidad y reducir la influencia política en el Poder Judicial.
El viceministro remarcó que el propósito es aplicar una “meritocracia pura”, designando a los postulantes que ocuparon los primeros lugares en los concursos.
Según argumentó, un juez elegido por mérito “es menos propenso a la influencia política” y suele “poner la ideología detrás del Derecho porque tiene una formación más sólida”.
El viceministro confirmó, además, el avance de proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil y a la reforma del Código Penal, en el marco de una política de “tolerancia cero” al delito.
“Ya se presentó en el Congreso la ley de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, precisó.
Explicó que la iniciativa prevé que los menores tengan un juicio “como un adulto” y, en caso de condena, “cumplan la pena como un adulto”.
En paralelo, el Gobierno impulsará modificaciones al Código Penal para elevar las penas de los delitos graves, declarar su imprescriptibilidad y eliminar la posibilidad de libertad anticipada o condicional.
“Queremos que los condenados cumplan la totalidad de la pena. Si no, la condena no tiene sentido”, sostuvo Amerio.
Respecto de la prisión perpetua, adelantó que se establecerá una “perpetua real”, sin reducciones.
“Vamos a modificar esto. El tope será 50 años, pero además existirá la perpetua real: quien reciba esa condena permanecerá en la cárcel. Perpetua es perpetua; si no, no es perpetua”, enfatizó.
Amerio concluyó que el objetivo de las reformas es fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.
“No nos importa la ideología de los jueces, nos importa que cumplan la ley. No queremos más que eso”, finalizó.
