Por Colette Capriles
Un ex embajador destacado en Venezuela, Todd Robinson, señala en una conversación con Christiane Amanpour algo fundamental para comprender la naturaleza del régimen venezolano: “Es una hidra con diferentes cabezas”. De hecho, el secreto de su resiliencia y de su capacidad de adaptación consiste en los balances entre grupos o tribus de poder que satisfacen sus distintos intereses y colonizan las diferentes partes de la Administración.
Un acuerdo corporativo permitió que Maduro, como sucesor designado por Chávez, ejerciera la presidencia mientras otros aspirantes (0 “jefes”, como se les llama) recibían cuotas de poder y autonomía. Este esquema e en realidad fue creado por el propio Chávez que ejercía un “poder arbitral” entre los grupos que componían su archipiélago.
Maduro prosiguió con ese esquema para construir su propia base de poder, en lo cual fue fundamental la influencia de su esposa, Cilia Flores, pero manteniendo la coalición de intereses. Esto explica su supervivencia como primus inter pares, pero también explica la incapacidad de mantener un mínimo de eficiencia en la gestión pública.
Todo esto es muy lejano a las caracterizaciones que suelen hacerse cuando se habla de autoritarismos, sobre todo de izquierda, siempre comparados con las formas soviéticas y su verticalidad absoluta, o las dictaduras tropicales y su personalismo. Estos regímenes en efecto son extremadamente sensibles a la decapitación: la pirámide se viene abajo.
La Administración de Trump entendió esta dinámica del poder madurista y se preparó para ella. The Wall Street Journal revela que los informes de la CIA concluyeron que esta estructura de poder desafiaba la mera separación de Nicolás Maduro y su reemplazo por un nuevo régimen encabezado por la oposición. La evaluación incluyó un descarnado análisis de las escasas capacidades de un gobierno de Edmundo González y/o María Corina Machado para asegurar la estabilidad, frente a los múltiples loci de poder enraizados en las fuerzas armadas y el sistema policial, grupos de base comunales, partido, nuevas élites, bandas organizadas. Además, las posiciones de Machado no privilegian una estrategia progresiva de desmantelamiento de estas estructuras, que supone postergar el acceso al poder, y en general no han acompañado las iniciativas de comunicación entre Washington y Caracas durante el último año.
La minuciosidad del diseño de la implacable operación militar estuvo, se presume, acompañada de otra cuidadosa atención a la sucesión. En este momento no se sabe si existe un acuerdo más o menos estructurado entre la ahora presidenta encargada, su entorno y la Administración de Trump. Pero en el estilo de comunicación típico de ésta, se han filtrado sus exigencias. Privilegios para compañías estadounidenses en la explotación petrolera, con exclusión de otros actores; cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ruptura de relaciones con Irán y Hezbolá.
La Constitución venezolana establece que el vicepresidente suple las ausencias temporales del presidente durante un periodo de 90 días, prorrogables una vez. Sin embargo, Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada, con una confusa sentencia del Tribunal Supremo, pero con un claro mensaje: acepta que está a cargo de cumplir esa agenda. La cuestión de fondo es si ese funcionamiento casi colegiado que caracterizaba a la cúpula se reconfigurará para conservar el poder, o si por el contrario se abre el camino para las reformas y medidas políticas que acerquen el horizonte democrático.
Nada de esto puede ocurrir al margen de la sociedad venezolana y sin una interlocución comprometida con los factores de la oposición en Venezuela y fuera de ella. Parece que Venezuela vuelve a ser un experimento para calibrar la nueva gramática de las relaciones internacionales puesta en práctica por la Administración de Trump a través de una operación bélica que violó todas las convenciones internacionales y que revive la doctrina del Lebensraum.
La responsabilidad política de quienes quieren construir democracia en Venezuela se extiende también a la recuperación del derecho internacional y de los principios de la soberanía nacional.
Publicado en El País, 7 de enero de 2026.
