La historia reciente de Venezuela es el relato dantesco de una asociación criminal atrincherada en el poder que convirtió a la República en su botín. El retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional no es un acto diplomático ni un ejercicio de soberanía: es una fuga desesperada e impúdica hacia adelante. Es el movimiento calculado de un régimen acorralado que busca apagar los reflectores de La Haya para garantizar que la tortura en las mazmorras del SEBIN y el DGCIM, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos y los crímenes de lesa humanidad queden sepultados en la sombra.
Llamemos a las cosas por su nombre: lo que se proclama en Caracas como “independencia” es en verdad la construcción deliberada de un foso de impunidad, blindado con la complicidad y el visto bueno del gobierno de Estados Unidos que, mientras predica democracia, valida e interpola a la misma cúpula dictatorial que ha masacrado a la nación. Es la traición geopolítica en su estado más puro, donde Washington prefiere negociar con criminales y legitimadores de mafias antes que respaldar la justicia real para las víctimas. Desde el mismo 3 de enero hay quienes no dudamos de esto, aunque otros florecieron en esperanza; a ellos, solo queda reconocer el desengaño.
En este teatro del horror, la Constitución venezolana ha sido descuartizada. La exmagistrada Blanca Rosa Mármol León lo ha denunciado con absoluta precisión: estamos ante la ejecución sistemática de un fraude constitucional. Cada artículo invocado —el 3, el 5, el 137, el 138, el 333 o el 350— no es un número abstracto en un papel, sino el testimonio de una Carta Magna convertida en estropajo por usurpadores que retrasan elecciones, imponen autoridades ilegítimas y roban abiertamente el patrimonio nacional. El crimen se ha elevado a política pública y el saqueo descarado de los recursos del pueblo se disfraza de gestión estatal.
El saqueo se revela en cifras que contrastan con la miseria: miles de millones extraídos frente a recursos irrisorios destinados a la emergencia humanitaria. Se comercializan más de trece mil quinientos millones de dólares en petróleo, mientras apenas ciento ochenta millones se destinan a tragedias como la de Vargas. El pueblo sufre acompañando a rescatistas con martillos y palas para remover escombros, en búsqueda dedesaparecidos, limitado a recibir raciones de combate que no resuelven nada. El petróleo, consagrado en la Constitución como bien inalienable de la República, es tratado como botín de guerra por quienes se adjudican la propiedad de las reservas nacionales. La economía ilícita se convierte en el verdadero motor del sistema, blindada contra la justicia internacional y legitimada por la complicidad de actores externos.
La propaganda oficial intenta imponernos un cinismo perverso: pretenden que la víctima agradezca al victimario, que la sociedad acepte la resignación como destino y que la apatía sea nuestra única norma de convivencia. Nos quieren mudos mientras despojan a los ciudadanos de su dignidad, mientras persiguen al exilio a millones de compatriotas y mientras pisotean los derechos más elementales.
Al amputar la jurisdicción de la CPI, la dictadura pretende dejarnos sin árbitro imparcial, convirtiendo a los tribunales nacionales en comisarías del régimen donde la justicia no persigue al delincuente, sino que encarcela al que exige libertad. Pero que lo tengan claro: este blindaje es una ilusión de papel. La justicia interna subordinada al chavismo no es justicia, es opresión disfrazada de toga, y la gestión de Estados Unidos tutelando la transición es el aprovechamiento de la utilidad criminal del régimen venezolano.
Lo que está en juego es la esencia misma de la libertad, la posibilidad de vivir sin miedo y decidir el destino común. Cuando se niega esa libertad, cuando se manipula la conciencia colectiva, cuando se convierte al pueblo en objeto de saqueo y represión, se destruye la esencia misma de la república. La mentira se convierte en verdad oficial, el engaño existencial se normaliza y la pérdida de la libertad se presenta como transición democrática. Es el triunfo del totalitarismo disfrazado de pragmatismo político, la banalidad del mal convertida en política exterior, la reducción del ciudadano a súbdito sin voz ni voto.
Ante una tiranía que comete crimen de lesa patria y un contexto internacional pragmático y complaciente, la desobediencia civil no es una opción romántica: es un mandato ético insoslayable. El artículo 350 no es una metáfora. Desconocer a cualquier régimen, legislación o autoridad que vulnere los principios democráticos es la única vía digna y constitucional que nos queda. La paralización pacífica, el rechazo absoluto a la tiranía y la resistencia organizada son el derecho irrenunciable de un pueblo que se niega a morir de pie o vivir de rodillas.
La libertad de Venezuela no se negocia en despachos extranjeros ni se entrega a tutelajes complacientes. La República no es un botín de guerra para mafias locales ni una moneda de cambio internacional. La inacción en este punto es complicidad; la resignación es traición. Es el momento de que la indignación legítima se transforme en resistencia activa y desobediencia absoluta. La patria nos exige dignidad, la historia nos exige valentía, y la justicia —tarde o temprano— llegará. “Es ahora o nunca”.
Por José León Toro Mejías. Profesor, escritor. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.
