El flamante gobierno de Estados Unidos considera que en Venezuela se solventó la crisis económica y se bajaron los índices de inseguridad. El chavismo colabora en deportaciones y le llegan cientos de exiliados, a los que recibe personalmente Diosdado Cabello. La democracia y los derechos humanos, al furgón de cola.
Transcurrido el primer mes tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump parece fortalecer sus lazos con la dictadura de Nicolás Maduro, mientras la libertad de Venezuela luce cada día más lejana, o cuando menos cuesta arriba.
Durante su campaña Trump amenazó una y otra vez con llevar a cabo la deportación más grande de la historia. A los inmigrantes los acusó de devorar mascotas, en particular perros y gatos. También los señaló de ser los responsables de todos los crímenes y desastres que suceden en Estados Unidos. Dijo que llevaban adelante una invasión. Todos estos comentarios corresponden a citas textuales, que el Trump candidato repetía una y otra vez sin mencionar ninguna fuente ni mostrar evidencia. Repetir y repetir así puede servir para que muchas personas terminen por creérselo, como propuso Joseph Goebbels, encargado de la propaganda nazi e íntimo de Adolfo Hitler. Eso, ahora, lo aplica el inquilino de la Casa Blanca.
La persecución contra —presuntos ilegales— inmigrantes en Estados Unidos es masiva, sistemática y se ejecuta en distintas ciudades contra personas provenientes de diferentes países y regiones —latinoamericanos, musulmanes, africanos—, pero el ensañamiento contra los venezolanos ha sido más intenso.
Por primera vez en años en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela, el chavismo izó una bandera de Estados Unidos. El dictador Maduro, en persona, recibió a Richard Grenell, un diplomático de carrera a quien designaron ahora como encargado oficial de la crisis venezolana. El trato entre ambos fue cordial. Hubo sonrisas, apretones de manos, fotografías. Lo que se dice una visita oficial, nada de encuentros reservados ni con vergüenza alguna. Casi de inmediato Maduro liberó a seis presos políticos estadounidenses, de entre los cientos de ciudadanos extranjeros que mantiene como rehenes. Les permitió abordar un avión, que volvieran a su casa. ¿Pidió Maduro algo a cambio? Se sabe que recibió un favor: aviones de su aerolínea Conviasa, la misma del vuelo iraní que quedó retenido y luego fue decomisado en Ezeiza, ahora aterrizan en Estados Unidos y deportan a centenares de venezolanos, todo, por supuesto, con el visto bueno de Trump, que tiene así imágenes frescas para alimentar su relato de que expulsa a las lacras migrantes, mientras que la dictadura ve llegar, servidos en bandeja de plata, a disidentes y personas que huyeron por persecución política o hambre de la hecatombe chavista. A los primeros vuelos que aterrizaron a las afueras de Caracas los recibió personalmente Diosdado Cabello, número dos de Maduro y dueño de todo el aparato de inteligencia. Nada les garantiza que del aeropuerto no terminen directamente en alguna celda de El Helicoide o una de sus sucursales. El torturador le da la bienvenida al torturado en su regreso.
Muchos de esos miles de deportados, además, son producto de las políticas restrictivas que se instauraron desde el mismo 20 de enero, cuando se suprimieron programas para solicitar asilo y se dieron de baja alternativas como el parole humanitario, que permitía a un residente fungir de patrocinador para otorgar un permiso de residencia a algún familiar. Eran alternativas que según Trump no estaban al servicio de personas que buscaban ingresar a Estados Unidos para residir legalmente sino para ir a cometer delitos y destrozar el sueño americano.
Más de medio millón, afuera
Con todo, la embestida de Trump contra la comunidad venezolana en Estados Unidos tiene un capítulo que es más espinoso.
Se estima que aproximadamente 600.000 venezolanos residen de manera legal con una figura conocida como TPS, un estatus de protección temporal al que solo tienen acceso personas de países como Nicaragua, Ucrania, Afganistán o Yemen. En principio está destinado para personas que provienen de lugares en los que sus vidas corren peligro por situaciones como violación sistemática de derechos humanos, una guerra o un desastre natural.
El gobierno de Joe Biden, permanentemente demonizado, sumó a Venezuela a esa lista y renovó la vigencia de ese régimen hasta 2026, medida que quedó trunca por órdenes de Trump, que dio marcha atrás y dejó a unos 350.000 con permiso hasta abril y el resto hasta septiembre, momentos a partir de los cuales quedarán en la irregularidad. Para las flamantes autoridades el renovar tales permisos resulta “contrario al interés nacional”.
De hecho, en sus considerandos describieron que en el caso venezolano se solventó la crisis económica, se redujeron los índices de inseguridad, y por tanto, se da por entendido que nadie corre peligro de regresar. Vamos, que Maduro resolvió todos los problemas, o casi: no hubo mención alguna a los derechos humanos ni las libertades civiles o políticas.
De cualquier manera abunda documentación como el Informe Bachelet, una investigación en la Corte Penal Internacional —también en la lista negra de Trump— por crímenes de lesa humanidad del chavismo, así como trabajos de ONG y miles, si no millones de testimonios de víctimas de la dictadura de que ninguno de esos problemas se solventó. Hay, en cambio, miles de presos políticos, desaparecidos, torturados y exiliados.
Pero a Trump, como se puede ver en sus acciones a lo largo de este primer mes de gestión, nada de eso le interesa. La democracia, la libertad y los derechos humanos no forman parte ni de su léxico ni de su manera de ver el mundo o trabajar en él. Por eso no le genera escozor describir a la Venezuela de Maduro como un país normal o acusar a Volodímir Zelensky de dictador y de haber iniciado la invasión de Rusia a Ucrania. De nuevo, la evidencia, las pruebas y los testimonios no importan. Como no importa declarar una guerra arancelaria y comercial contra países democráticos, ni importa amenazar con anexionar Canadá o el Canal de Panamá o comprar Groenlandia. La suya, en definitiva, es otra manera de proceder, en la que darse la mano con Putin o Maduro es útil, en especial cuando se descree del Estado, las instituciones, las leyes o las formas.
La oposición, a su suerte
Mientras Estados Unidos, en los hechos, eligió al dictador Nicolás Maduro como interlocutor y fácticamente lo reconocen como quien ostenta el poder en Venezuela, la oposición busca por estas horas mantener una agenda más allá de los impulsos y las idas y vueltas impredecibles de Washington.
Dentro, María Corina Machado se mantiene en la clandestinidad, al igual que otros dirigentes que le son cercanos. En la residencia del embajador argentino en Caracas permanecen cinco asilados que no cuentan con suministro eléctrico ni servicio de agua. Cada día se reportan decenas de detenciones. La actividad política para la oposición está limitada a hacerse a escondidas, sin posibilidades de actividades comunes en países democráticos como abrir un comité, entregar volantes en una plaza, dar una conferencia de prensa o protestar en las calles.
En el exilio Edmundo González continúa de gira y en reuniones con presidentes, cancilleres y legisladores. En enero pasó por la Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Varias veces estuvo en Estados Unidos, donde Trump no lo recibió. Ahora regresó a Europa, con actividades en Alemania y Suiza. No tiene fecha de retorno o para juramentarse en Venezuela, como intentó el 10 de enero.
Maduro y Cabello lo miran a lo lejos, mientras reciben en las deportaciones de Trump a asilados y perseguidos, en su enésimo intento de que el paso del tiempo y otros asuntos de orden mundial los dejen camuflarse en el paisaje.
