El tránsito de Venezuela desde una soberanía plena hacia los estadios de soberanía hipotecada y soberanía tutelada constituye uno de los fenómenos más complejos del siglo XXI en América Latina. Esa metamorfosis no puede entenderse como una mera sucesión de hechos cronológicos, sino como la desarticulación progresiva de un contrato social, la reconfiguración del sujeto político bajo condiciones de dependencia, la instrumentalización de los recursos estratégicos como moneda de hipoteca y la subordinación de la norma jurídica a la lógica de supervivencia del régimen y a la presión de acreedores externos.
El concepto de soberanía ha sido históricamente asociado al poder supremo e indivisible del Estado sobre su territorio y su pueblo. Sin embargo, en la práctica contemporánea, la soberanía se revela como un principio frágil, susceptible de ser erosionado por dinámicas internas y externas. En Venezuela, el chavismo primero debilitó la soberanía mediante un proceso de concentración autoritaria del poder, que rompió el equilibrio del contrato social y alienó al sujeto político. El pueblo, precarizado y sometido a un aparato represivo compuesto por fuerzas armadas contaminadas y colectivos armados, dejó de ser el depositario de la soberanía para convertirse en objeto de control. La alienación del Estado se expresó en la incapacidad de garantizar servicios básicos, salarios dignos y seguridad ciudadana, lo que transformó la relación entre gobernantes y gobernados en una dinámica de mera subsistencia. El contrato social, entendido en términos rousseaunianos como pacto de legitimidad, se desarticuló, y en su lugar emergió un sistema de dependencia donde la obediencia se imponía por coerción y no por consenso.
La ciudadanía, enfrentada a cortes de electricidad, escasez de gasolina, inseguridad alimentaria y violencia criminal, se convirtió en un actor fragmentado, dividido entre la aceptación resignada y la resistencia activa. Las manifestaciones crecientes reflejaron un hartazgo social que, sin embargo, fue neutralizado por el aparato represivo. El chavismo diseñó un sistema de control que combinaba instituciones estatales con estructuras criminales, generando una forma híbrida de dominación donde la frontera entre legalidad e ilegalidad se desdibujaba. En este contexto, el pueblo dejó de ser soberano y pasó a ser administrado como recurso, lo que evidencia la alienación del sujeto político bajo un sistema de dependencia.
Por otra parte, el endeudamiento estratégico con China y Rusia, la alianza con Irán y la cesión de recursos a Cuba operaron como mecanismos de hipoteca de la autonomía nacional. Venezuela entregó petróleo, gas y minerales como garantía de supervivencia del régimen, subordinando el interés nacional a la lógica de acreedores externos. La hipoteca no fue solo financiera, sino también política: las decisiones estratégicas del Estado se condicionaron a las exigencias de potencias aliadas, que ofrecían respaldo diplomático y militar a cambio de acceso privilegiado a recursos. En términos de economía política, la soberanía se convirtió en un activo negociable, y el Estado perdió capacidad de decisión autónoma.
La geopolítica amplifica esta dinámica al situar a Venezuela como tablero de disputa global. Su posición estratégica en el Caribe y sus vastas reservas energéticas la convierten en un nodo clave en la arquitectura del equilibrio de poder mundial. Bajo Maduro, la soberanía hipotecada significó alineamiento con Rusia, China e Irán, y dependencia operativa de Cuba. Con la captura de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez, el escenario mutó hacia la soberanía tutelada: Estados Unidos asumió control directo sobre las decisiones estratégicas, condicionando la política interna y externa del país. La tutela se justificó como garantía de transición democrática, pero en realidad está respondiendo a intereses geopolíticos y económicos: asegurar recursos, neutralizar rivales y consolidar hegemonía regional. Sin embargo, la noción de soberanía funcional obliga a ampliar la mirada: la tutela no solo busca controlar petróleo y minerales, sino también contener los flujos migratorios que desestabilizan países vecinos y garantizar seguridad hemisférica frente a redes criminales transnacionales. En este sentido, la soberanía venezolana se convierte en pieza de un dispositivo más amplio de gobernanza regional, donde la autonomía nacional se subordina a la lógica de seguridad continental.
El derecho soberano revela la contradicción fundamental de este proceso. La Constitución venezolana establece que un presidente encargado debe convocar elecciones en 90 días. Ese plazo venció bajo Delcy Rodríguez sin que se realizaran elecciones, lo que convierte su mandato en ilegítimo desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, la continuidad de su gobierno se sostiene por el respaldo externo de Estados Unidos, lo que evidencia cómo la norma se dobla ante la necesidad de supervivencia del régimen y la presión de actores internacionales. Aquí emerge un problema de derecho internacional público: la validez de actos administrativos y tratados en contextos de tutela externa se encuentra en tensión con el principio de autodeterminación de los pueblos, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas, y con la doctrina de intervención humanitaria, que algunos actores invocan para justificar la tutela. La consecuencia es una parálisis del ordenamiento constitucional, donde la norma interna pierde eficacia y se convierte en instrumento de legitimación de una tutela externa.
La metamorfosis de la soberanía venezolana puede entonces describirse como un tránsito en tres fases: soberanía plena, soberanía hipotecada y soberanía tutelada. La soberanía plena, aunque siempre relativa, se erosionó bajo el chavismo por la desarticulación del contrato social y la alienación del sujeto político. La soberanía hipotecada se consolidó mediante el endeudamiento estratégico y la entrega de recursos a potencias aliadas, que condicionaron la autonomía nacional. Finalmente, la soberanía tutelada emergió con la captura de Maduro y la asunción de Rodríguez bajo supervisión estadounidense, donde la autonomía se subordinó directamente a la arquitectura del equilibrio de poder mundial y a la lógica de seguridad hemisférica.
El futuro de Venezuela dependerá de cómo se resuelva esta tensión entre soberanía hipotecada y soberanía tutelada. Si la tutela se prolonga indefinidamente, el país corre el riesgo de convertirse en un protectorado de facto, donde la autonomía nacional se reduce a símbolos vacíos. Si el pueblo logra imponer su voluntad mediante presión social y resistencia, podría abrirse un camino hacia la recuperación de la soberanía, aunque con riesgos de violencia y fragmentación. La oposición, fragmentada entre liderazgos como Machado, enfrenta el desafío de articular una alternativa cohesionada que pueda enfrentar tanto al chavismo como al tutelaje. La comunidad internacional, dividida entre quienes reconocen la tutela y quienes la denuncian, jugará un papel decisivo en definir el rumbo.
En definitiva, la radiografía de Venezuela revela un país atrapado entre dos formas de dependencia: la hipoteca y la tutela. En ambos casos, la soberanía está comprometida, y el pueblo, precarizado pero consciente, es el actor decisivo que puede alterar el rumbo. La metamorfosis de la soberanía venezolana es un espejo de las tensiones del siglo XXI, donde la autonomía nacional se negocia en el mercado global, la voluntad popular se subordina a la lógica del poder internacional y la soberanía funcional se redefine en términos de seguridad hemisférica y contención migratoria. El desafío es reconstruir un contrato social que devuelva al pueblo su condición de sujeto político y que restituya la soberanía como principio rector del Estado.
Por José León Toro Mejías, – Profesor, escritor. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.
