Por Antonio Legaz
El 29 de septiembre de 2025, la Casa Blanca fue escenario de un anuncio que aspira a marcar un antes y un después en el conflicto de Gaza. Donald Trump y Benjamín Netanyahu presentaron un plan de paz de veinte puntos, respaldado por Israel y apoyado por varios países árabes y europeos, entre ellos España. El acuerdo propone un alto el fuego inmediato, la liberación recíproca de rehenes y prisioneros, la desmilitarización de Gaza —con la disolución de Hamás como poder de facto— y la creación de un Gobierno transitorio internacional que siente las bases para la reconstrucción y un eventual futuro político para los palestinos de Gaza.
La magnitud del anuncio fue subrayada por Trump, quien lo calificó como “uno de los días más importantes en la historia de la civilización”, prometiendo “poner fin a la muerte y destrucción” tras años de conflicto y abrir “un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad” para la región. Netanyahu, por su parte, declaró su apoyo porque “cumple nuestros objetivos de guerra: devolver a todos los rehenes, desmantelar las capacidades militares de Hamás, acabar con su dominio en Gaza y asegurar que Gaza nunca más amenace a Israel”, aunque advirtió que si Hamás no cumple el acuerdo, Israel “terminará el trabajo” militarmente.
El plan de veinte puntos
El documento se articula en cinco ejes: alto el fuego, desarme, asistencia humanitaria, administración transitoria y horizonte político. El cese inmediato de hostilidades y el canje de rehenes y prisioneros constituyen la base operativa del plan. Israel detendría su ofensiva y retiraría tropas a posiciones acordadas, mientras Hamás liberaría rehenes a cambio de la excarcelación masiva de presos palestinos. El desarme de Hamás es el núcleo estratégico: el plan exige la entrega verificable de armas, la eliminación de toda infraestructura militar y la imposibilidad de reconstruirla, con un programa de recompra de armas y reintegración de excombatientes financiado internacionalmente.
En paralelo, se establece un flujo masivo de ayuda humanitaria y un plan de reconstrucción económica liderado por EE. UU., con la propuesta de crear una Zona Económica Especial en Gaza. El plan insiste en que no habrá desplazamientos forzosos, aunque contempla la salida voluntaria de combatientes mediante exilio, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad social y la legitimidad interna del nuevo orden.
En materia de seguridad, se prevé una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que actuará como garante durante la transición, entrenando fuerzas policiales palestinas y coordinándose con Israel y Egipto. Este despliegue, aunque esencial para evitar el vacío de poder, introduce el riesgo de dependencia prolongada y fricciones con actores locales. La retirada israelí será gradual y condicionada al progreso en desarme, lo que otorga a Tel Aviv un poder de veto implícito.
El documento contempla escenarios de incumplimiento: si Hamás rechaza el plan, se aplicará parcialmente en zonas “libres de terrorismo”, institucionalizando una fragmentación territorial que podría perpetuar la división interna palestina. Más allá de las medidas inmediatas, el plan introduce un componente cultural y político: programas educativos para cambiar narrativas y un diálogo interreligioso orientado a la reconciliación. La promesa de un horizonte político hacia un Estado palestino se formula en términos condicionales, supeditada a reformas profundas en la Autoridad Palestina, lo que satisface a actores árabes sin comprometer a Israel.
Hamás: ¿puede aceptar lo que se le pide?
Hamás no participó en la elaboración del plan y lo recibió como ultimátum. Aunque no cierra la puerta directamente, condiciona la entrega de armas a concesiones mayores, como la obtención de un Estado soberano y la retirada total de Israel. El plan exige a Hamás una rendición de facto, lo que hace improbable su aceptación íntegra. Sin embargo, la presión de Qatar y Egipto podría forzar una negociación táctica. La redacción de algunos puntos deja cierto margen que Hamás podría intentar explotar, como la referencia a “decomisar armamento” en vez de entregarlo, lo cual podría interpretarse creativamente. Esta ambivalencia lingüística recuerda al precedente de Hezbolá en Líbano, que firmó en 2024 un acuerdo de desarme territorial limitado pero ha retenido armas en otras áreas. Hamás podría buscar una “zona gris” similar, aunque sería complicado bajo la lupa de una Junta de Paz liderada por EE. UU.
En última instancia, Hamás deberá decidir si prioriza su supervivencia y acepta de facto una rendición disfrazada de acuerdo, vendiendo a su base que logró frenar la guerra a cambio de concesiones, o si rechaza el plan y arriesga todo en una continuación de la guerra. No debe olvidarse que el objetivo principal de Hamás es terminar la guerra y sobrevivir. Sin embargo, la organización sospecha profundamente de las intenciones de Israel y EE. UU. El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, publicó un mensaje desafiante poco después del anuncio: “No confiamos en Trump”, tildándolo de sesgado. Además, Hamás recela del punto diecisiete: interpreta que Israel podría usar cualquier pretexto para decir que Hamás “no cumple” y entonces continuar su ofensiva con apoyo estadounidense.
Israel: una victoria a lo largo del espectro
El gobierno de coalición de Netanyahu en Israel apoyó el plan, presentándolo como una victoria estratégica. Para la opinión pública israelí, muy cansada tras veinticuatro meses de guerra, esa promesa era justo lo que necesitaban oír. Netanyahu se movió rápidamente para atribuirse el plan como un logro propio ante el público y al mismo tiempo satisfacer a su base derechista.
En un mensaje en video, Benjamín Netanyahu subrayó que Israel mantendrá tropas en Gaza —incluso tras la liberación de rehenes— hasta que se cumplan todas las condiciones de seguridad, sin plazo fijo. Enfatizó que no aceptó la creación de ningún Estado palestino: “No en absoluto, y tampoco está escrito en el acuerdo”, dijo categórico, aclarando que cualquier referencia a autodeterminación es vaga y condicional. Para evitar divisiones internas, Netanyahu no someterá el plan a votación formal en su Gabinete de seguridad, implementándolo de facto sin riesgo de veto de sus ministros más radicales. La posición oficial de Israel es plenamente favorable al acuerdo, condicionado a que Hamás realmente lo acate.
Actores regionales e internacionales: apoyos con interrogantes
La Autoridad Nacional Palestina (ANP), aunque excluida de la negociación, ha respaldado el acuerdo y se ha comprometido públicamente a reformas internas —elecciones, revisión educativa y creación de una nueva fuerza de seguridad— con el objetivo de poder asumir el control de Gaza en el futuro.
Para la debilitada ANP, el plan Trump-Netanyahu representa una mezcla de oportunidad y desafío: por un lado, ve la posibilidad de recuperar el control en Gaza, perdido desde que Hamás expulsó a sus fuerzas en 2007, y se presenta como la estructura legítima para gobernar una Gaza sin Hamás, encajando con el final del proceso propuesto. Por otro lado, la ANP tendrá que ganarse ese papel con reformas reales, algo que su cúpula ha eludido en ocasiones anteriores.
Prometer elecciones en un año es significativo, implicando probablemente la jubilación de Abbas y la renovación de liderazgo. Netanyahu recalcó que solo aceptará un retorno de la ANP si demuestra una transformación genuina y eficaz.
La reacción internacional al plan ha sido mayoritariamente positiva, aunque con reservas sobre la implementación y el respeto al derecho internacional. El respaldo árabe y europeo ha sido clave, circunscrito a la no expulsión masiva de gazatíes y a la posibilidad, aunque condicional, de un Estado palestino.
En Occidente, la respuesta fue igualmente favorable. Reino Unido calificó la propuesta de “profundamente bienvenida” y la UE pidió aprovechar la oportunidad. Francia celebró que se incluyeran elementos de su propuesta conjunta con Arabia Saudita, mientras Alemania y Canadá insistieron en la necesidad de desarme de Hamás. Sin embargo, surgieron críticas puntuales: Joseph Stiglitz cuestionó la sinceridad israelí respecto a un Estado palestino y ONG alertaron que la amnistía a combatientes podría obstaculizar la justicia por los posibles crímenes de guerra cometidos.
Entre el consenso y el abismo
El plan ofrece una hoja de ruta inédita, pero su fragilidad es evidente: depende de que actores con intereses opuestos cooperen sin fisuras. Todos creen que ganan, pero no todos pueden tener razón. Esa ambigüedad, que hoy facilita el consenso, mañana puede ser el detonante de nuevas tensiones.
Un punto crítico es lo que el plan omite: Cisjordania y Jerusalén. Centrar la atención en Gaza resuelve la urgencia, pero no el conflicto estructural. Sin abordar la ocupación y el estatus de Jerusalén, cualquier paz será parcial. Tal vez se proyecta una “Fase II”, pero para los palestinos, dejar fuera esos temas erosiona la credibilidad del proceso.
Aun así, el acuerdo ya logró algo notable: alinear a EE. UU., Israel, la UE, la ONU y potencias árabes en torno a un marco común. Solo Irán queda aislado, lo que reduce su margen de maniobra, aunque no elimina el riesgo de sabotaje mediante actores proxis. Este alineamiento, inédito en años, es quizá el mayor activo del plan.
La verdadera prueba será la implementación: ¿Hamás liberará rehenes y se desarmará? ¿Israel reducirá su presencia militar? ¿La comunidad internacional desplegará ayuda y fuerzas de estabilización con rapidez? Si estas tres condiciones se cumplen pronto, el impulso puede consolidarse; si fallan, la confianza se evaporará y con ella, el consenso.
