La Asamblea Nacional (Congreso) que maneja unilateralmente la dictadura chavista en Venezuela por fin aprobó la Ley de Amnistía. El anuncio, esperado durante años y que hasta hace un par de meses era absolutamente impensado, no generó la euforia con que se añoró durante años. Lejos de llamar a la reconciliación o mostrar síntomas de un cambio de clima de época, la cúpula mantiene sus mañas de siempre mientras miles de familias aguardan que no haya algún truco escondido de último momento que empantane los reencuentros.
Al momento de la edición de esta nota hay aún 372 presos políticos en cárceles y centros de tortura. 185 de ellos son militares y casi otros 100 son extranjeros, entre ellos dos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
A todos ellos se suman aproximadamente 11 mil personas que aunque ya no estén en una celda tienen causas penales abiertas y la amenaza de ser devueltos en cualquier momento a prisión.
La amnistía, si se aplicase de manera amplia, debería abarcarlos a todos y dejarlos en libertad plena, es decir, sin restricción alguna. Pero el chavismo, como acostumbra, suele dejar gato encerrado.
Excepciones, ambigüedades y contradicciones
La Ley de Amnistía quedó compuesta por 16 artículos. En principio abarca acontecimientos desde 1999 hasta 2026, o lo que es lo mismo, todo el tiempo que lleva el chavismo en el poder. El artículo 8, sin embargo, recorta los años a distintos periodos entre meses, y describe distintos ciclos de protestas civiles pacíficas opositoras como “hechos violentos”. Criminaliza a la disidencia desde lo narrativo. Y el artículo 7 ordena que quienes quieran acogerse a la amnistía han de “ponerse a derecho”, lo que en la práctica es presentarse ante los tribunales, los jueces y los fiscales que los condenaron por crímenes que no cometieron. Así, la víctima pasa a ocupar el rol del victimario, mientras el aparato represor se lava las manos. Incluso quienes están en el exilio han de pedirle a un abogado que los represente antes de que regresen.
También quedaron por fuera de la ley las “personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, solicitar, instigar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar de acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía o la integridad territorial de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
Se trata de algo ambiguo, en tanto que el chavismo hace muchos años que acusa de manera falsa a opositores y extranjeros precisamente de ser partícipes de operaciones de ese estilo, para luego imputarlos por cargos como terrorismo, traición a la patria o intento de magnicidio.
Argentinos a la espera
El abogado Germán Giuliani, hasta la semana pasada, no podía acogerse a la Amnistía. El chavismo iba a dejar por fuera a todos los detenidos en 2025. Finalmente, a último momento, agregaron a quienes fueron puestos presos en el marco de las elecciones legislativas de mayo del año pasado, justo en los días en que capturaron a Giuliani.
Con Gallo hay incertidumbre porque si se excluye a todos los militares, no se sabe qué harían con él, que además nunca fue presentado en tribunales ni le dieron derecho a visitas de familiares. Solo por testimonios de otros presos se sabe que está en la cárcel de El Rodeo.
Cancillería se mantiene en contacto con las familias Gallo y Giuliani, mientras aguarda gestiones para traerlos de regreso a la Argentina.
