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Opinión 07 04 2021

Un nuevo golpe a la democracia: la restricción del voto por correo para argentinos residentes en el exterior


Autor: Julián Álvarez Sansone









Recientemente, el Gobierno Nacional emitió un decreto que derogó varias modificaciones del régimen electoral nacional aprobadas en el último año de la presidencia del Ingeniero Mauricio Macri, especialmente vinculadas al voto de los argentinos residentes en el exterior. Dichas modificaciones, cabe resaltar, beneficiaban a distintos grupos de ciudadanos argentinos residentes en el exterior en el ejercicio a su derecho al voto. Por otra parte, a partir de este año, quedaba habilitado el voto anticipado de los detenidos con prisión preventiva y del personal de seguridad  vinculado a la realización de los comicios. Por otra parte, se disponía la emisión del voto por correo postal para miles de argentinos que residen en países extranjeros.
Cabe aclarar que este último decreto que permitía el voto por correo para residentes en el extranjero tenía como antecedente una ley iniciada en el año 1991 mediante la cual se crea el Registro Nacional de Electores Residentes en el Exterior (Ley 24.007), mediante la cual se reconocía el derecho político de votar a los ciudadanos argentinos radicados en otros países. ¿Cuál fue el problema posterior que surgió con esto? La Ley aprobada en aquel año habilitaba a votar y a crear un registro pero nunca se había reglamentado o especificado cómo llevar adelante los comicios en el extranjero. Este presunto vacío legal vino a llenarse, primero, en el 2017 mediante un procedimiento de inscripción automática (Decreto 403/2017), que agilizaba y modernizaba la confección del padrón electoral. Posteriormente, también bajo la gestión de Macri, mediante el Decreto 45/2019 se ampliaron los derechos políticos al reglamentar la votación de los argentinos residentes en el exterior mediante la utilización del correo postal.

Según su fundamentación, el Decreto dictado por Macri buscaba “facilitar la participación a miles de compatriotas que, por diversas razones –sobre todo por residir a grandes distancias de la representación argentina- se veían imposibilitados de votar en elecciones nacionales”.

Mientras el mencionado Decreto (45/2019) derogado ampliaba derechos políticos aumentando la participación electoral, el nuevo Decreto de la Presidencia de Alberto Fernández (Decreto 189/2021) tiene efectos regresivos para los derechos políticos en general y para la participación política en particular ya que restringe la participación política y la emisión del sufragio sólo a casos presenciales.

Sobre esto se han referido de forma crítica diversos actores políticos. Desde el PRO, los Diputados Nacionales Fernando Iglesias, Silvia Lospennato y Ezequiel Fernández Langan, junto a los Senadores Nacionales Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich han emitido una demanda firmada en la cual sostienen que “la supresión de esta modalidad en el ejercicio del derecho que ya ha sido ejercido por miles de ciudadanos residentes en el exterior atenta contra los derechos constitucionales adquiridos y, en tal sentido, resulta inconstitucional, irrazonable y arbitrario”. 

En dicho documento, se argumenta que esta decisión del gobierno de Alberto Fernández de no permitir el voto por correo de los argentinos que residen en el exterior “lesiona, restringe, y altera de forma mediata pero actual e inminente los derechos de todos los ciudadanos argentinos al afectar la calidad democrática”.

Ahora bien, ¿Qué relevancia tiene la medida? Para comprender los alcances de esta modificación es necesario repasar algunos números: el padrón de votantes argentinos residentes en el exterior tiene un total de 378.892 compatriotas. En el año 2019, en donde los residentes en el exterior pudieron votar por correo, sufragaron 49.324 personas, de las cuales unas 11.205 lo hicieron por correo. Para tomar una dimensión de estos números, en el año 2017 (en donde no hubo voto por correo), fueron a votar 14.007 personas. De esta manera, está a la vista que en 2019 votó por correo un número cercano al total de votantes del 2017 y que la participación ascendió de un 4% a un número cercano al 13% del total del padrón de electores residentes en el exterior. Es decir, la cantidad de votos desde el exterior se triplicó desde el 2017 al 2019, en parte, gracias a la utilización del voto por correo.

En dichas elecciones (las del 2019), la fórmula que tenía a Macri y Pichetto como candidatos obtuvo el 77% de los votos positivos que votaron en el exterior, mientras que el Frente de Todos, la coalición encabezada por Alberto y Cristina Fernández, consiguió el 17%

Es menester aclarar que esta modalidad de votación está lejos de ser una invención de la gestión anterior. Por el contrario, las naciones más avanzadas (y otras no tanto) contemplan legislaciones que regulan y permiten esa modalidad de voto hace años ya que consideran que es un recurso válido y útil para alentar la participación política.

Sobre este punto, un dato que merece mencionarse es que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos (2020), cerca de 65 millones de personas ejercieron su derecho al sufragio por correo. En nuestra región, países como El Salvador, Panamá y México tienen adoptada esta modalidad de voto para residentes en el exterior. México, por caso, adoptó esta medida ya en el año 2006, hace una década y media.

Cabe resaltar que no conformes con haber derogado el decreto 45/2019 que permitía el voto por correo para residentes en el exterior, el Gobierno Nacional también derogó otros dos decretos (54/2019 y 55/2019) que posibilitaban el sufragio anticipado de presos con prisión preventiva y el del Comando Nacional Electoral. Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, consideraron que esas normas, creadas meses antes de las últimas elecciones presidenciales y envueltas entre cruces políticos y un largo devenir judicial desde entonces, son “inconstitucionales”. 

Más allá de los argumentos esgrimidos por ambos bandos, lo cierto es que el único efecto de esta decisión es la limitación de la participación democrática de nuestros compatriotas residentes en el exterior. Así, puede pensarse que el nuevo decreto emitido por la gestión Fernández-Fernández pasa por alto lo consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, el cual garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia.

En suma, como plantea María José Navajas en un artículo publicado en la Revista Seúl, la reciente derogación del decreto 45/2019 emitido bajo la gestión del Presidente Macri contrasta fuertemente con los anteriores avances y concesiones en términos de derechos políticos (Ley Sáenz Peña, sufragio femenino, sufragio de residentes en el exterior y sufragio de adolescentes de 16 años) que supimos conseguir como sociedad antes y después del retorno a la democracia con Alfonsín en 1983. De esta forma, esta (equivocada) decisión es la primera acción restrictiva de derechos político-electorales de nuestra joven y valiosa democracia.