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Opinión 23 01 2023

Un Juicio demasiado líquido


Autor: Roberto Saba









El juicio político a todos los Jueces de la Corte Suprema impulsado por el Presidente de la Nación en las primeras horas del año es, tomando prestado el concepto del sociólogo Zygmunt Bauman, un juicio líquido.

En él nada es sólido, todo cambia permanentemente desde aquella tarde del 2 de enero: cambia el sujeto que lo impulsa (primero, el Presidente; luego, algunos gobernadores; más tarde, un grupo de Diputados; finalmente, podrían incluso sumarse pedidos de juicios políticos presentados por la oposición hace años y que fueron desestimados en su momento por el oficialismo).

Cambia la definición de lo que constituiría el “mal desempeño” de los magistrados sobre el que versaría la acusación: primero, parecía relacionarse con una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires; luego, se agregó un fallo sobre la composición del Consejo de la Magistratura que lleva más de un año de haberse decidido; más tarde, con la revelación de posibles intercambios indebidos entre un empleado del Tribunal y un funcionario de la Ciudad, se agregaron sospechas de parcialidad; y ahora parece sumarse el fallo del 2x1 decidido en mayo de 2017.

Cambia incluso la fecha de inicio del juicio, que va modificándose al compás de la búsqueda de consensos dentro de la Comisión de Juicio Político.

En suma, hace más de dos semanas que asistimos a un escenario cambiante e incierto en torno a una iniciativa que tensiona al máximo la institucionalidad democrática del país, pues apunta al Tribunal que es la última garantía de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional.

Además, como si todo esto no fuera ya demasiado, este contexto parece habilitar propuestas desatinadas como la de ampliar el número de jueces de la Corte por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, a pesar de este estado líquido, parecen existir tres cuestiones menos inciertas vinculadas con la iniciativa.

La primera de ellas es que el Gobierno podría lograr la mayoría necesaria en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para elevar el dictamen a favor de la acusación al pleno de la Cámara Baja, pero que no lograría en esta última la mayoría de dos tercios de los votos para realizar esa acusación ante la Cámara de Senadores.

Lo mismo le pasó al presidente Duhalde cuando impulsó en 2002 el enjuiciamiento de los 9 miembros del Tribunal. Al dejar su cargo reconoció que había sido un error ir contra la totalidad de un Poder del Estado por haber puesto “en riesgo el poder institucional”.

La segunda cuestión que podría anticiparse es que, incluso cuando la acusación no prospere, el antecedente de la arremetida podría generar en muchos jueces, incluidos los de la propia Corte, un efecto de auto-inhibición para decidir futuros casos por temor a ser sometidos a los sinsabores de un proceso semejante. Incluso podría tener otros efectos: recordemos la renuncia por “cansancio moral” del Juez Bossert luego del juicio fallido de Duhalde.

La tercera cuestión cierta es que resulta inevitable ver este pedido de juicio político indiscriminado como el último eslabón de una cadena de acciones dirigidas a socavar la autoridad de los jueces en general y de la Corte Suprema en particular.

No resulta verosímil que una medida cautelar o la publicidad de un supuesto intercambio entre un empleado de la Corte y un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, motive el juicio político a un Juez de la Corte y, mucho menos, a todo el Tribunal.

De hecho, con el correr de los días, como dije, se han ido agregando otras supuestas causales de mal desempeño y esos chats se fueron convirtiendo en meros “indicios” sin centralidad probatoria, a juzgar por los dichos de diferentes funcionarios del oficialismo.

Además, el carácter líquido de múltiples aspectos de este juicio parece indicar que todo vale para esmerilar la legitimidad, credibilidad y autoridad del Máximo Tribunal de la Nación – incluso un procedimiento que nace aparentemente muerto.

A derecha e izquierda se ha extendido por el mundo una cierta visión de democracia que ve en el Poder Judicial, la academia, los medios de comunicación, las ONGs y la disidencia política una amenaza a la voluntad del “pueblo”. Pensadores de izquierda, como Ernesto Laclau, por ejemplo, han defendido la idea de que ninguna institución puede ser “independiente” o “neutral”. El filósofo consideraba que toda institución responde irremediablemente a un interés – incluidos los Tribunales –, y concluía que quienes creen en la mera noción de independencia se autoengañan, como sucedería con los defensores de la democracia liberal.

La teoría de Laclau ha inspirado algunas propuestas políticas en América Latina y Europa, incluida la Argentina. Víktor Orban, el presidente de Hungría, realiza un movimiento similar, pero desde la ultra-derecha: se ha declarado orgullosamente partidario de una democracia “iliberal” o no-liberal, contraria a la noción de división de poderes, a la necesidad de una justicia independiente, a la vigencia de los derechos civiles y políticos universales, a la deliberación parlamentaria, a la libertad de prensa, a la participación sin frenos de la sociedad civil y al derecho internacional.

La posición de Orban, quien ha capturado por completo al Poder Judicial de su país, es semejante a la que tuvieron Trump, Bolsonaro y otros líderes de ultra-derecha asesorados o inspirados por el siniestro operador global Steve Bannon, ex asesor de Trump, aparente ideólogo y explícito defensor de la reciente toma de los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia por fuerzas anti-democráticas.

En una democracia nadie está por sobre la ley. Ni siquiera los jueces de la Corte. Pero este juicio líquido parece ser expresión de algo muy diferente a la pretensión declarada por quienes lo impulsan de honrar el Estado de Derecho. Más bien, lo contrario.

Publicado en Clarìn el 19 de enero de 2023.

Link https://www.clarin.com/opinion/juicio-demasiado-liquido_0_UQzvN7eOpb.html