La mayor potencia mundial, que exhibe una sociedad con creciente desigualdad económica, corre el riesgo de profundizar esa tendencia lograda a base de influencias enormes sobre el sistema político por parte de una minoría billonaria.
El presidente Joe Biden dio a conocer dos propuestas fiscales, a tratarse en abril o mayo, que posiblemente podrían retrasar o incluso revertir la marcha de Estados Unidos hacia la oligarquía. La primera consta de un gravamen del 20 por ciento sobre los hogares con un patrimonio neto de más de 100 millones de dólares que afectaría al 0,01 por ciento superior de la sociedad. Este impuesto al que Biden llama un “Impuesto mínimo de la renta de milmillonarios” se aplicaría tanto a las ganancias imponibles como a las ganancias de capital no realizadas (el aumento del valor de sus activos), y funcionaría como una especie de pago anticipado (análogo a la retención) de los impuestos que eventualmente se adeudarían por la venta de activos apreciados o la muerte.
El impuesto no se plantearía como una liquidación anual, sino como un pago único o a plazos que luego se actualizaría en función de cómo se revalorice el patrimonio. De hecho, el borrador incluye un plazo de cinco años para desembolsar la cantidad hasta alcanzar el 20 por ciento sobre los ingresos reales, además de un periodo inicial de nueve años para los beneficios no realizados en los ejercicios previos (es decir, incrementos patrimoniales en el valor de activos no vendidos, como podría ser una participación en una empresa familiar o acciones en compañías cotizadas).
El proyecto argumenta de que al menos las 400 familias más ricas del país tienen una presión fiscal por debajo del 8 por ciento, mientras que el resto de ciudadanos del país soportan una mayor carga impositiva. Esto se debe a que en EE.UU. no se tributa por el incremento del valor del patrimonio hasta que el activo no se realiza, es decir, hasta que no se vende o se hereda.
Si el impuesto se aprueba, el Tesoro calcula que podría recaudar 360 mil millones de dólares en los primeros 10 años, provenientes de los 20.000 hogares más ricos de Estados Unidos, y el cambio introducido representaría un hecho sin precedentes en la política fiscal de Estados Unidos desde principios del siglo XX, cuando Teddy Roosevelt aplicó medidas similares para frenar el auge de los millonarios. Por ejemplo, supondría un desembolso extra de 50.000 millones de dólares para Elon Musk, y de unos 35.000 millones para Jeff Bezos, según los cálculos realizados por el economista de Berkeley Gabriel Zucman y recogidos por el diario The Washington Post.
La segunda propuesta cerraría el vacío legal que permite eludir impuestos a los herederos. Hoy un ciudadano paga impuestos a las ganancias de capital sobre el aumento del valor de los activos cuando los vende. Pero si sus bienes se traspasan a los herederos, ellos pueden venderlos y no pagar un centavo de ganancias de capital. En otras palabras, se eluden los impuestos sobre las ganancias de capital al morir.
Según la ley actual, además, si los herederos nunca venden estos activos y continúan aumentando su valor (lo cual es casi seguro que lo harán), los herederos pueden pedir prestado contra ellos para pagar los gastos de manutención y luego pasárselos a sus herederos, quienes no pagarán impuestos sobre las ganancias de capital. Todo este círculo vicioso produce una transferencia generacional de riqueza sin precedentes que está a punto de ocurrir, de los boomers ricos a sus hijos de la generación millennials, consolidando una oligarquía que ejerce todo el poder que conlleva su fabulosa acumulación riqueza pero que nunca han trabajado muchos días en toda su vida.
A medida que los boomers ricos mueran en las próximas tres décadas, se estima que 30 billones de dólares irán a parar a manos de sus herederos, quienes, a su vez, podrán disponer de los ingresos que generan estos activos y luego traspasar la mayor parte de ellos a su propia descendencia, libres de impuestos, bajo el esquema actual. Si esto se repite en las próximas décadas casi toda la riqueza de los EE.UU. estará en manos de unas pocas – digamos miles – de dinastías familiares.
Un estudio realizado por la firma de investigación Spectrem, publicado mientras Biden se prepara para desmantelar este esquema de elusión fiscal, reveló que un 66 por ciento de las familias con un patrimonio neto de más de 25 millones de dólares en 2020 atribuye su riqueza a la herencia. Eso representa un aumento del 22 por ciento respecto de 2007.
Años de revolución neoconservadora han permitido que los ricos compren poder político e instalen que la quita de impuestos es la única manera de mantener al sistema económico saludable y vigoroso. Y vaya si lo ha sido para ellos. Pero la oligarquía, tan correctamente señalada en la Rusia de Putin – aunque “descubierta” en este último mes -, no es un régimen que vaya muy bien con los ideales democráticos que los EE.UU. se han encargado de esparcir por el mundo.
El poder económico en manos de un pequeño número de personas que “nunca se ha ganado el pan con el sudor de su frente” pero cuyas decisiones de inversión tienen un efecto significativo en el futuro de la mayor potencia del mundo es, sin dudas, la antítesis de la democracia. Biden lo sabe y se encamina a dejar la impronta más significativa de su administración si logra convencer al Congreso de su aprobación.
