“La administración Biden y el gobernador Newscum (sic) inundaron América con 21 millones de extranjeros ilegales, destruyendo las escuelas, los hospitales y las comunidades, y consumiendo billones de dólares en seguridad social gratuita. Todos ellos tienen que volver a su casa, como otros incontables ilegales y criminales, que nos van a convertir en una nación del Tercer Mundo en bancarrota. América fue invadida y ocupada. Estoy revirtiendo esa invasión. Se llama Remigración.” Donald Trump, 12 de junio de 2025
El primer día de su mandato, Donald Trump firmó 21 medidas sobre temas migratorios. Fue solo el comienzo. En los meses siguientes, el gobierno ha llevado adelante un conjunto de acciones muy agresivas y de alta visibilidad orientadas a disuadir a los potenciales inmigrantes y a expulsar a la mayor cantidad posible de los que ya están viviendo en el país en condición irregular. Las acciones son muchas y muy variadas; tienen en común una orientación abiertamente hostil a la inmigración, pero no se pueden sintetizar o encuadrar con facilidad.
En su discurso inaugural, Trump delineó tres pilares de su política: el cuestionamiento a la globalización, el rechazo a la inmigración y la batalla cultural contra las élites liberales. Cada pilar tiene una manifestación concreta: para el primero es China, México para el segundo, y los criterios de diversidad, equidad e inclusión en instituciones académicas y empresariales para el tercero. El gobierno tiene su receta para cada uno: suba de aranceles, control de fronteras y deportaciones masivas, y presión financiera y legal sobre las universidades.
En todos los casos, la retórica amenazante -una “barbarie de la palabra”, en la expresiva definición de Natalio Botana- es parte integral de la política. Esta retórica comienza en los discursos y declaraciones del presidente y de sus altos funcionarios, y se repite hasta el hartazgo, apoyada en una propaganda agresiva y racista. Un análisis realizado por el Proyecto Marshall -una ONG sobre justicia penal- en octubre de 2024 revisó 12.000 afirmaciones de Trump sobre la inmigración y encontró temas y argumentos recurrentes. Cito solamente uno de los argumentos, el que relaciona inmigración con crimen:
“Los inmigrantes no autorizados son criminales (dicho más de 575 veces), serpientes que muerden (más de 35 veces), se comen las mascotas, vienen de cárceles e instituciones mentales (más de 560 veces), causan crímenes en ciudades santuario (más de 185 veces), y un grupo de casos aislados y trágicos prueban que están matando a estadounidenses en masa (más de 235 veces)”.
Los títulos de las órdenes ejecutivas reflejan el tono y contenido de la política propuesta: “Protegiendo al pueblo americano contra la invasión”, “Designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras” o “Protegiendo a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”. Sus fundamentos no guardan la sobriedad de la argumentación jurídica; más bien, repiten las diatribas de propaganda. Por ejemplo: “La soberanía de Estados Unidos está bajo ataque. Nuestra frontera sur está rebasada de cárteles, bandas criminales, terroristas reconocidos, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar provenientes de países extranjeros adversarios, y de narcóticos ilícitos que perjudican a los estadounidenses. Esta invasión ha causado caos y sufrimiento generalizados en nuestro país durante los últimos cuatro años. Ha provocado el asesinato atroz e inexcusable de muchos ciudadanos estadounidenses inocentes, incluyendo mujeres y niños, a manos de inmigrantes ilegales”.
Esta retórica sirve de fundamento para convertir a la inmigración en un asunto de seguridad nacional y justificar la adopción de medidas de excepción. Trump tomó decisiones que exceden en mucho el tradicional repertorio de instrumentos de política migratoria. Por ejemplo, dispuso la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, sancionada en 1798. Esta ley fue utilizada solamente tres veces: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. No es una ley que tenga una finalidad migratoria sino militar. Esto es, requiere la existencia de una situación de guerra y uno o varios Estados enemigos.
¿Quién es el enemigo comparable a los ejércitos británicos de 1812 o a los alemanes y japoneses de 1941? Trump lo encontró en el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. Alegó que la banda estaba “llevando a cabo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de los Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela”. Es claro que esta justificación no es más que una excusa.
¿Invasores o invitados?
Sabemos que en materia migratoria el peso de las evidencias en la conformación de la opinión pública y en la toma de decisiones de gobierno es muy limitado. Además, datos e interpretaciones sobre los datos son objeto de confrontación acerba entre partidarios y opositores al gobierno. De cualquier modo, vale la pena introducir alguna información básica, que permite calibrar la solidez del diagnóstico sobre el que el gobierno de Trump justifica su política. El primer aspecto para considerar es el de la “invasión” y sus causas; el segundo, el de la asociación entre inmigración ilegal y delito.
Los flujos anuales de inmigrantes crecieron significativamente entre 2019 y 2024, sobre todo en 2022 y 2023. En ese período, el porcentaje de nacidos en el exterior que residían en los Estados Unidos pasó de poco más del 13% a alrededor del 15% -el mayor porcentaje en la historia del país-. El aumento se repartió en proporciones similares entre la inmigración legal y la ilegal, que se estima en 13.7 millones. No hay duda, entonces, de que en la presidencia de Joseph Biden hubo un aumento muy importante y acelerado de la inmigración. Lo que vale la pena analizar es por qué se produjo este crecimiento. ¿Fue la política laxa de Biden la responsable de la expansión o pesaron más otros factores, sobre todo económicos? En otras palabras, los inmigrantes ¿son invasores o invitados?
Los argumentos y evidencias a favor de la hipótesis de la invitación son muy robustos y descansan sobre la dinámica del mercado laboral estadounidense. De acuerdo con el economista libertario Alex Nowrasteh la explicación es sencilla: “Las ganancias económicas de trabajar en Estados Unidos explican en gran medida por qué los inmigrantes quieren venir, y la escasez de visas explica por qué tantos llegan ilegalmente. Simplemente no hay suficientes visas de trabajo temporales disponibles en suficientes sectores de la economía estadounidense para que los trabajadores migrantes legales satisfagan la demanda del mercado laboral estadounidense, por lo que los trabajadores migrantes ilegales la satisfacen”.
Los datos sobre los que sostiene su afirmación son contundentes. El aumento de la inmigración ilegal coincidió con un período de gran crecimiento de la demanda de trabajo y de muy bajo desempleo. En abril de 2023, la tasa de desempleo cayó al 3.4%, el porcentaje más bajo de los últimos cincuenta años. En 2022 y 2023 la demanda mensual de puestos de trabajo en los Estados Unidos alcanzó picos históricos; es imposible separar el aumento de la llegada de inmigrantes de esa tendencia.
Si bien la asociación entre ciclo económico y dinámica migratoria es muy sólida, creo que la afirmación de Nowrasteh requiere ser matizada. Un factor de importancia no desdeñable en el crecimiento de la inmigración es el impacto de algunos masivos movimientos de población derivados de las guerras y de las dictaduras. Desde principios de la década de 2010 se intensificaron los conflictos armados en diferentes regiones y se endurecieron las condiciones sociales y políticas en diferentes regímenes dictatoriales. Como muestra cabe mencionar, en el primero de los casos, la salida masiva de personas desde Siria, Afganistán y Ucrania. En el segundo, el éxodo masivo de venezolanos desde 2015 y de cubanos desde 2021. La cantidad de emigrantes forzosos en los últimos quince años supera los veinte millones de personas.
Si bien la mayor parte de estos emigrantes se encuentra en países vecinos -venezolanos en Colombia, sirios en Turquía, afganos en Pakistán, ucranianos en Polonia-, Estados Unidos ha sido un destino importante, con políticas de admisión temporaria para los inmigrantes provenientes de países en guerra o bajo dictaduras. Una de las medidas de Trump ha sido cancelar los programas de residencia especiales para estos inmigrantes. Hoy se encuentran en tierra de nadie, con una situación legal incierta y sin poder volver a sus países de origen: ni ellos quieren retornar ni sus gobiernos desean recibirlos.
En lo referido a la criminalidad, hay evidencias robustas de que los inmigrantes legales delinquen menos que los ilegales y ambos mucho menos que los nativos. Para 2023, la tasa de encarcelamiento entre los nativos era de 1221 cada 100.000, entre los inmigrantes ilegales de 613 cada 100.000 y entre los legales de 361 cada 100.000. No se trata de un fenómeno nuevo: los autores de un exhaustivo recorrido por el último siglo y medio de historia migratoria estadounidense señalan que “contrariamente a la retórica anti-inmigratoria, documentamos que, como grupo, los hombres inmigrantes han tenido una tasa de encarcelamiento más baja que la de los nacidos en los Estados Unidos a lo largo de los últimos 150 años de historia americana”.
Dicho esto, la percepción social sobre la peligrosidad de los inmigrantes no se asienta sobre estadísticas, sino sobre evidencia anecdótica: todos los días hay inmigrantes legales e ilegales que cometen delitos y aparecen en los medios, en la propaganda oficial o en las series de televisión.
El fin del compromiso migratorio
La política hacia la inmigración es un asunto recurrente en la política estadounidense, con ciclos de hostilidad y políticas restrictivas, y ciclos de mayor tolerancia y políticas abiertas. Pero más allá de los vaivenes, en las últimas décadas puede identificarse una suerte de compromiso tácito sobre la política migratoria. De manera sintética, ese compromiso comprende, en primer lugar, un reconocimiento de la importancia económica y social de la inmigración, que se manifiesta sobre todo en la autorización de un importante flujo de migración legal, de carácter permanente o transitoria. Las admisiones basadas en las necesidades de trabajadores -de diferentes niveles de calificación- y en la reunificación familiar son los principales canales de acceso al país. Complementariamente, los Estados Unidos otorgan asilo o establecen regímenes de especiales de admisión para inmigrantes provenientes de países en conflicto.
Un segundo componente es la prioridad asignada al control fronterizo. Presidentes republicanos y demócratas compiten a ver quién impide la entrada de más inmigrantes. Si bien bajo algunas presidencias demócratas -sobre todo la de Obama- las deportaciones alcanzaron las cotas más altas, los republicanos tienen discursos más duros y mayor credibilidad en su prédica contra el ingreso ilegal de extranjeros.
El tercer componente es la tolerancia hacia los inmigrantes ilegales radicados en el país. Hay una serie de disposiciones que permiten a los inmigrantes ilegales vivir en los Estados Unidos con alguna protección y derechos -por ejemplo, la escolaridad gratuita en la educación obligatoria para sus hijos, la atención médica de emergencia, el acceso a la justicia o las leyes santuario de algunos Estados-. Esta condición de semi legalidad supone una serie de dificultades, sobre todo en el terreno laboral y el acceso a la salud y la seguridad social, además de la amenaza permanente de la deportación.
Para los empleadores, esta situación tiene sus ventajas, pero también sus riesgos: contratar a trabajadores indocumentados puede tener consecuencias legales y económicas potencialmente graves. La forma en la que las autoridades estadounidenses abordan este problema es simplemente mirando para otro lado. Es decir, limitando el alcance y la frecuencia de las inspecciones laborales.
El gobierno de Trump se propone romper este compromiso. Sobre el primero de los puntos -la regulación de la inmigración legal- no se observa gran claridad. Hay discrepancias entre diferentes sectores de la coalición gobernante, y la deriva de las decisiones del presidente introduce cambios imprevistos. El caso de las visas H1B es un ejemplo de las diferencias en la coalición. Esas visas fueron introducidas en 1990 y autorizan el ingreso temporario de trabajadores de tecnologías de la información -principalmente de la India-. A comienzos del gobierno de Trump, los sectores nativistas propusieron limitar esas visas y chocaron con los empresarios tecnológicos, que fueron respaldados por el presidente.
La limitación de las nuevas visas para estudiantes universitarios y la persecución de estudiantes con esas visas no aparece como una medida de política migratoria del programa inicial de Trump, sino que es un efecto colateral de la escalada contra la universidad de Harvard y el resto de las universidades de investigación.
Pero más allá de que la limitación de la inmigración legal no parece ser el objetivo principal del gobierno, las ideas que inspiran la política migratoria apuntan en esa dirección. Las ideas de Steven Miller -mano derecha de Trump en esta materia- contra las políticas de reunificación familiar y a favor de la discriminación por origen nacional anticipan un escenario de crecientes restricciones para la inmigración legal.
En materia de control fronterizo, su propuesta es una versión muy recargada de la política tradicional: más presupuesto para el ICE, más personal, más centros de detención, menos control judicial de los procesos, más presión a México para controlar el tránsito de migrantes centroamericanos, más tecnología de vigilancia, más amenazas. La aprobación de la One Big Beautiful Bill supone un enorme aumento presupuestario de 165.000 millones de dólares: 45.000 millones para expandir los centros de detención, 8.000 millones para contratar 10.000 empleados nuevos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), 14.000 millones para pagar traslados y deportaciones, y el resto para la cooperación con los Estados, la mejora tecnológica y la provisión de incentivos para retener al personal del ICE.
Sobre el tercer punto, varias medidas adoptadas por el gobierno se dirigen a modificar las prácticas habituales. Hasta 2024, el principal foco de control migratorio era la frontera con México. La mayor parte de las detenciones y deportaciones era de personas que habían cruzado la frontera hacía poco tiempo. La reducción de las detenciones en la frontera desde mediados de 2024 y, sobre todo, en los primeros meses de 2025, permitió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) derivar recursos hacia la persecución de los inmigrantes ilegales ya asentados en el país. En un principio, el foco del ICE debían ser los inmigrantes que representaran algún peligro. Pero el gobierno fijó una meta de 3.000 detenciones diarias, lo que ha llevado a un gran crecimiento de las detenciones de personas sin antecedentes criminales.
Esta nueva orientación del ICE ha sido acompañada por una integración creciente de las bases de datos de diferentes organismos, que permite a las autoridades migratorias identificar a los inmigrantes ilegales a partir de sus actividades legales -por ejemplo, pagar impuestos-. Además, lugares tradicionalmente protegidos de la entrada de los oficiales migratorios -iglesias, escuelas, centros comunitarios- en las ciudades “santuario” -por lo general las que tienen muchos inmigrantes- han comenzado a ser objeto de redadas. Los conflictos recientes en Los Ángeles son una respuesta a esta presión creciente.
Alligator Alcatraz
Analizar la política migratoria de Trump como un conjunto mejor o peor articulado de medidas para resolver problemas migratorios específicos no es un buen enfoque. Los propósitos del grupo nativista que está a cargo de la administración migratoria van mucho más allá de los objetivos y los instrumentos de gestión de la inmigración.
El 1 de julio el gobernador de Florida Ron De Santis y el presidente Trump inauguraron un centro de detención para inmigrantes ilegales, en medio de los Everglades. La construcción de este centro fue muy rápida. En menos de un mes se montó un conglomerado de tiendas de campaña y remolques, con capacidad para recibir a 5.000 detenidos. Los costos diarios de detención se estiman en 245 dólares por detenido.
El centro fue bautizado como Alligator Alcatraz. La doble referencia a los caimanes que habitan en el entorno del centro y de la prisión-símbolo es parte de una operación de intimidación, que se completa con la difusión de imágenes de las camas, cercos e inodoros del centro, la cartelería, la difusión de declaraciones oficiales y hasta una serie de pins alusivos.
A propósito del nuevo centro de detención, Trump declaró que “muy pronto, esta instalación albergará a algunos de los migrantes más amenazantes, algunas de las personas más crueles del planeta”. Si así fuera, las condiciones de seguridad no parecen las más convenientes. Si las instalaciones de tiendas de campaña y remolques fueran las adecuadas para criminales peligrosos, no se entiende por qué las cárceles federales insisten en las celdas, las rejas y los muros inexpugnables. En realidad, la función del centro es intimidar a los inmigrantes ilegales que no cometieron delitos -que representan alrededor de las dos terceras partes de los detenidos por el ICE– o los que cometieron delitos menores -alrededor de un 30%-. Ellos son los que miran con aprensión a las barracas y temen a los caimanes. Supongo que las “personas más crueles del planeta” no se sentirán particularmente intimidadas por el Alligator Alcatraz.
El programa del nativismo radical
El compromiso migratorio tenía un fundamento pragmático. Desde la presidencia de Ronald Reagan -cuando se sancionó la última regularización migratoria-, el Ejecutivo y el Congreso no se pusieron de acuerdo en proporcionar una salida legal realista, que combine el fortalecimiento del control fronterizo con un proceso de regularización migratoria y una ampliación de los cupos de inmigración legal para trabajadores no calificados. Ante este contexto, los diferentes grupos de interés -entre ellos el lobby empresarial pro inmigratorio cercano al partido Republicano- buscaron soluciones de compromiso.
La llegada al primer plano de la administración de los sectores nativistas radicales ha modificado el panorama. Los intereses empresariales han perdido llegada al poder y los defensores de los derechos de los inmigrantes están chocando con un sistema judicial que sigue siendo abierto a las demandas de los abogados de inmigrantes pero que en la Corte Suprema tiende a otorgar mayores atribuciones a las agencias del Ejecutivo.
Un intercambio en X permite calibrar el tono de las posiciones del nativismo radical. Para los seguidores de Trump, los argumentos sobre el impacto económico negativo de las restricciones migratorias no son convincentes o, más aún, carecen de importancia. Un gráfico presentado por Stephen Moore -un conservador duro, asesor de Trump en su primera presidencia- muestra que los inmigrantes representaron casi el 50% del incremento de los trabajadores entre 2013 y 2023. De acuerdo con Moore, el crecimiento económico de los Estados Unidos dependió en buena medida del aporte laboral de los inmigrantes y no es posible que continúe sin ese aporte. En sus palabras:
“¡No hay 3% de crecimiento sin inmigración! Con 10.000 Baby Boomers retirándose todos los días y con las tasas de natalidad derrumbándose nuestra fuerza de trabajo depende de la inmigración LEGAL”
Entre las numerosas respuestas -en general opuestas al autor-, un par me parecen particularmente expresivas por su franqueza. Dice @WhiteyNorthcutt:
“No nos importa el PBI. Esta es nuestra casa”
Agrega @Theo_Chilton:
“Si no podemos tener el 3% de crecimiento del PBI sin inmigración, entonces no necesitamos el 3% de crecimiento”
Estas respuestas revelan el talante de los seguidores más duros de Trump. No son un grupo marginal: sus visiones están bien representadas en los escalones superiores de la administración migratoria y en el propio presidente que, más allá de algunas concesiones parciales, encuentra un terreno muy cómodo en la polarización acerca de la inmigración.
Dicho esto, las resistencias al programa de Trump son significativas. Es lógico que una sociedad con cerca de 50 millones de nacidos en el exterior reaccione activamente contra una política que afecta directamente a una parte importante de ellos e indirectamente a todos. Las acciones judiciales son un componente clave de la oposición. En ese terreno, hay un conflicto abierto acerca de las atribuciones de la justicia de los Estados para bloquear las medidas de Trump y sobre la constitucionalidad de algunas de las órdenes ejecutivas.
Otro camino es la protesta -organizada o inorgánica-. Como lo demuestran los recientes incidentes en Los Ángeles, la decisión del gobierno federal de enviar a la Guardia Nacional para enfrentar a las protestas contra las redadas migratorias condujo a una radicalización del conflicto. Es posible que el gobierno de Trump encuentre en los disturbios en California una confirmación de sus ideas. Pero la proliferación de las protestas y motines no necesariamente es pura ganancia para los republicanos. El clima social del último lustro en los Estados Unidos se ha caracterizado por una aguda conflictividad, con un largo ciclo de protestas y disturbios a partir del asesinato de George Floyd. Un escenario de conflictividad creciente alrededor de las políticas contra los residentes ilegales puede resultar incómodo para muchos políticos demócratas, pero tampoco es el deseable para varios políticos republicanos.
Los activistas en la calle y los abogados en los tribunales no son los únicos actores relevantes. Tarde o temprano, la voz de los empresarios se hará oír. Señalamos que el lobby empresarial pro migratorio ha perdido influencia en el partido republicano. Los empresarios tecnológicos conservan influencia -el mencionado caso de las visas H1B lo muestra-. Los empresarios del sector turístico, de la salud y el cuidado, de la construcción, de los frigoríficos o agropecuario, en cambio, aparecen opacados. Pero son actores influyentes en el nivel estadual y sus empresas dependen en buena medida de los inmigrantes ilegales.
Por último, las encuestas muestran una fuerte polarización partidaria alrededor de las medidas de Trump. Pero la paridad entre los que apoyan y los que se oponen a las medidas de Trump se rompe en las opiniones sobre las medidas de deportación masiva. Por ejemplo, en la última encuesta de Pew sobre esta materia, el 65% de los encuestados prefiere un camino legal de regularización de los inmigrantes ilegales por sobre un 34% que opta por las deportaciones masivas. En el mismo sentido, dos terceras partes de los encuestados considera inaceptable deportar a un inmigrante ilegal a un país diferente si no puede retornar a su país de origen.
Es muy temprano para aventurar resultados e impactos de la política de Trump. Lo que parece claro es que la inmigración continuará siendo un tema de primer orden en la agenda política estadounidense, alrededor del que se juegan aspectos críticos de la convivencia democrática en una sociedad polarizada. Y el gobierno de Trump no va a modificar la orientación de su política. La ofensiva del nativismo radical no se limita a rechazar a los inmigrantes “que no cumplen la ley”; más bien quieren dejar fuera del país a los que “no son como nosotros”. Probablemente ese objetivo sea imposible, pero en el camino muchos inmigrantes van a pasar años de sufrimiento.
