Entre los liberados hay ciudadanos estadounidenses, otros cinco extranjeros y un exdiputado del Parlasur. Pero también la banalización y el atropello a migrantes que huyeron de la dictadura chavista y ahora fueron devueltos en bandeja de plata.
Las dictaduras de Nicolás Maduro y Nayib Bukele, y el gobierno autoritario de Donald Trump, hicieron un intercambio que involucra a presos políticos y migrantes víctimas de deportaciones en condiciones sospechosas. Tanto Washington como Caracas y El Salvador coincidieron en que participaron de esta operación, que se negoció durante meses.
El Salvador envió en un avión con destino a Caracas a 232 migrantes venezolanos que estuvieron desde marzo presos en el Cecot, la megacárcel que se ha hecho famosa por ser el destino de pandilleros de Centroamérica. Allí llegaron por decisión de autoridades migratorias y judiciales de Estados Unidos, que primero los encarceló y luego los mandó a un tercer país, una medida sin precedentes y serios desafíos legales, como el no poder asistir a audiencias ni tener acceso a abogados ni saber a cuáles leyes regirse.
De ese grupo de 232 personas apenas se habían filtrado nombres. Abogados, familiares, investigaciones periodísticas y ONG coinciden en que la casi la totalidad de ellos carece de antecedentes penales o condenas. No tienen récord criminal ni pertenecen a algún grupo irregular. Se trata de personas que intentaban regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos, mediante asilo, refugio u otras figuras. Varios, además, ingresaron legalmente durante el gobierno de Joe Biden. Pero el propio Trump y sus funcionarios, que persiguen la “mayor deportación de la historia” vieron quizá en ellos el sujeto perfecto para su campaña mediática: latinos, de piel oscura, con otro idioma, pobres, marginados. Huyeron de la dictadura de Maduro en búsqueda del “sueño americano”, se vieron envueltos en una pesadilla y ahora Trump y Bukele los sirvieron en bandeja de plata a quienes los habían hecho dejar todo atrás.
Diosdado Cabello, jefe de los servicios policiales y de inteligencia, junto con los hermanos Jorge Rodríguez (presidente del Congreso) y Delcy Rodríguez (vicepresidenta), recibieron al avión y subieron ellos mismos a estrechar las manos de los “retornados”.
Así, cada dictador sacó provecho de este grupo de migrantes, que en su mayoría buscaban un país para rehacer sus vidas, ahora, otra vez, en el punto de partida.
Trump repetirá que deportó a “monstruos”, Bukele tendrá más imágenes de su cárcel y un favor más para cobrarle a su amigo del norte, y Maduro y el chavismo dirán que hicieron un rescate humanitario. Cabello, por ejemplo, denunció que algunos tenían signos de maltrato, de golpizas, y que les negaban atención médica y alimentación decente. Curioso que eso le preocupe cuando en Venezuela hay más de 900 presos políticos que denuncian exactamente esos abusos.
Unos salen, otros entran
Maduro envió a Estados Unidos a al menos cinco estadounidenses que mantenía presos por motivos políticos. Se los acusaba de manera genérica de planificar atentados o cuestiones por el estilo, sin pruebas ni acceso a abogados o justicia independiente. También fueron puestos en libertad otros cinco extranjeros que residían en Estados Unidos, entre ellos un uruguayo que los gobiernos de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi consideraron como desaparecido.
No hubo, hasta ahora, novedades de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido-desaparecido desde diciembre de 2024.
Y al menos 35 presos políticos, entre ellos Williams Dávila, un exdiputado y miembro del Parlasur, salieron de diferentes cárceles, aunque sobre ellos pesan medidas cautelares, por lo que no tienen libertad plena y pudieran eventualmente ser devueltos a una celda.
Casi en simultáneo a las liberaciones hubo al menos tres detenciones políticas, entre ellas las de un dirigente estudiantil llamado Simón Bolívar. Quizá por compartir nombre con el Libertador, su caso se hizo viral en redes sociales.
Ese fenómeno, el de liberar presos al tiempo que otros entran en las celdas, se denomina “puerta giratoria” según la ONG Foro Penal, que contabiliza más de 15 mil detenciones políticas en Venezuela desde 2014.
Hacia otras “elecciones”
El 28 de julio se cumplirá un año de las elecciones presidenciales que hubo en Venezuela, en las que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos según las únicas actas disponibles.
Desde entonces Maduro se aferra al poder por la fuerza de militares y policías, que intensificaron el terrorismo de Estado. Aumentaron los presos políticos, la censura, siguen el éxodo y la crisis económica. Como una especie de homenaje (o recordatorio), el 27 de julio habrá “elecciones” de alcaldes, en las que seguramente el poder se tomará para sí todos los municipios, sin que la oposición participe, tanto por la falta de condiciones justas como por el riesgo en sí mismo que conlleva hacer actividad política.
En Estados Unidos son miles de venezolanos los que viven en la incertidumbre de ser deportados o enviados a las cárceles de Bukele o Guantánamo. La narrativa de Trump invisibiliza que donde hay refugiados, desplazados o asilados haya, a su vez, personas o familias. En su lugar los menciona como bestias, criminales o como una invasión. Y así busca excusas para pasar por encima de leyes y tribunales, con una policía migratoria que cada vez se asimila más a una policía política que prejuzga según tatuajes, color de piel, vestimenta o idioma.
Maduro, Trump y Bukele, por caso, se insultan entre ellos con la excusa ideológica y la diatriba de izquierda contra derecha, cuando no también de liberales contra conservadores. Pero en las prácticas son similares, si es que uno no toma el manual o busca seguir los pasos del otro. Cada uno le es útil al otro. Para vaciar de poder al Congreso, a los jueces, a la Corte Suprema. Para justificar la censura contra los periodistas que ponen en entredicho sus medidas. Para actuar con impunidad. Y para finalmente pasarle la motosierra a la democracia.
