¿Cómo definiría el momento de la Unión Europea?
Es un momento existencial. La Unión Europea tiene que decidir si se aferra a sus valores fundacionales y a su voluntad de seguir construyendo una verdadera unión, capaz de generar espacio y dimensión para garantizar la alta calidad de vida que tiene comprometida con sus ciudadanos en los Tratados; o si, por el contrario, cae víctima de una polarización creciente y de la búsqueda de chivos expiatorios en un momento tan convulso.
Evidentemente, las presiones externas generan tensión dentro de Europa. En muy poco tiempo hemos pasado a una situación en la que nuestro socio principal en la construcción del multilateralismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya no practica esa relación particular de confianza y, además, dirige una buena parte de sus ataques hacia la Unión Europea.
A esto se suma un vecino próximo empeñado en una vocación expansiva enormemente peligrosa y agresiva, y una potencia industrial que crece a velocidad de vértigo, como China. También están las dificultades para mantener la coherencia en la defensa de nuestros valores en la escena internacional y para conciliar nuestra agenda doméstica con nuestra agenda exterior.
Todo esto es enormemente desafiante. Tenemos las fortalezas, los valores y las oportunidades para seguir encontrando soluciones, pero si nos mantenemos lentos, si traicionamos nuestros valores y si deshacemos el proyecto europeo, estaremos abocados a una agonía y a un cambio importantísimo en el orden geopolítico, pero también en nuestra capacidad de ofrecer prosperidad, Estado del bienestar y el modelo de éxito que hoy representa Europa en el mundo.
Parece difícil conciliar dos realidades: por un lado, una Unión Europea que necesita estar más unida; por otro, países cada vez más fragmentados políticamente. España, Italia, Francia o Alemania muestran más dificultades para formar mayorías y tomar decisiones. Esa fragmentación nacional afecta después al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo. ¿Cómo se liga ese momento complicado de las políticas nacionales con la necesidad de una mayor unidad europea?
Si tomamos un poco de distancia, algo que siempre conviene ante los grandes problemas, estamos mucho más cerca de lo que refleja ese gran arco parlamentario, enormemente diverso, que vemos en nuestros parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo. Los valores, los principios, el sentido de Europa y el orgullo de sentirnos europeos siguen estando muy presentes. Eso ayuda.
Además, el proyecto europeo ha demostrado durante mucho tiempo que, incluso en situaciones muy complejas, somos capaces de encontrar soluciones creativas para afrontar unidos nuestras responsabilidades. Quizá el desafío reciente más terrible fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el chantaje que vivió Europa en términos de disponibilidad de materias primas energéticas de primer nivel. Lo que se buscaba claramente era la fragmentación, y no se consiguió. No era nada fácil abordar aquella cuestión, y lo hicimos con éxito.
Ahora se han acumulado presiones desde fuera, y eso ha generado el espacio adecuado para abonar el terreno de los populismos y dar rienda suelta a la frustración o al miedo que podemos sentir ante la necesidad de ser valientes en las respuestas.
Por tanto, conviene tener dos cosas presentes. La primera es que, si tomamos esa distancia, estamos más próximos de lo que creemos. La segunda es que, para tener éxito en este momento, necesitamos actuar en dos planos diferentes.
Por un lado, utilizar esa proximidad para las grandes líneas de la construcción europea y de la respuesta europea. Por otro, ser mucho más eficaces y mucho más ágiles en las respuestas que impacten en los ciudadanos, en la acción exterior o en la defensa de ese animal político que la Unión Europea nunca fue construida para ser.
¿A qué me refiero? Cuando vemos cuáles son los grandes temas, cómo se simplifica y se es más ágil en la respuesta, de qué forma ganamos competitividad y seguimos generando riqueza internamente, o cómo ganamos espacio como potencia intermedia construyendo alianzas actualizadas con terceros países, sabemos que ahí está el ámbito para encontrar una propuesta ajustada a los desafíos actuales.
Durante demasiado tiempo hemos dado por hecho que las ventajas iban a permanecer por sí solas, sin necesidad de cuidarlas, y que por tanto podíamos concentrarnos únicamente en insultar, afear o subrayar las cosas que no funcionaban. Este es un momento para acordarse de lo que sí funciona, defenderlo y tener presentes nuestros valores a la hora de modular las respuestas.
La Comisión está intentando hacer ese ejercicio, con mucha dificultad a veces, pero con un compromiso seguro. Si los tiempos tradicionales para encontrar respuestas eran de dos o tres años antes de contar con una propuesta legislativa, ahora sabemos que tenemos que ser extraordinariamente ágiles. Quizá hay que reducir la voluntad regulatoria y actuar dentro de los márgenes que ya tenemos, que son muchos, muy creativos y que permiten afrontar mejor la actuación sobre el terreno.
En la comunicación y en la explicación, debemos exigir a nuestros representantes políticos —a quienes estamos en las instituciones europeas, pero también a quienes están en la política nacional— que sean mucho más cuidadosos sobre cómo se explican, cómo critican y cómo proponen.
Todo el mundo tiene derecho, y también obligación, de criticar aquello que no funciona. Sin embargo, este es un momento en el que lo más importante es construir puentes, sumar esfuerzos y ser eficaces en la respuesta. No podemos quedarnos en el regate corto de estar enfadados porque consideramos que hay infinitos motivos para estarlo.
Transformemos ese enfado y ese desagrado en propuestas de solución. La lista de problemas es relativamente fácil de construir. La responsabilidad de un buen político es encontrar soluciones a esos problemas.
Depende de cómo se haga. He sido muy crítica con algunas de las iniciativas que se han impulsado porque, si simplificar se equipara a reducir estándares ambientales y sociales, eso no es simplificar. Eso es desregular y deshacer las premisas básicas de un proyecto basado en una economía de mercado abierta, con altos estándares sociales y ambientales.Ese es nuestro modelo. Es a lo que aspiran los ciudadanos. No creo que nuestras sociedades democráticas puedan superar una crisis de protección de valores como la que representaría desregular ambiental y socialmente nuestro modelo.
Ahora bien, claro que hay espacio para la simplificación. Simplificar no implica quitarnos de encima el paraguas compartido entre los Veintisiete, porque eso nos llevaría a tener veintisiete regulaciones diferentes. Simplificar significa preguntarnos de qué forma podemos ser más ágiles en la respuesta; cómo podemos garantizar que la capacidad de acción de la Comisión o de financiación de proyectos sea mucho más operativa y rápida; y cómo podemos acompañar la transformación de nuestras economías.
Simplificar significa que, allí donde identificamos una necesidad —por ejemplo, electrificar a la mayor velocidad posible nuestro consumo energético final—, quizá hay que pensar cómo se proporcionan soluciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a algunas respuestas obvias, como las bombas de calor.
Eso es simplificar: no tener que pasar por un proceso regulatorio que tarda tres años y luego esperar a la transposición de esas normas a nivel nacional. Se puede ser mucho más ágil con instrumentos directamente vinculados a la implementación, a la operatividad o a la clarificación de un tejido regulatorio que a veces tiene solapamientos, contradicciones y desarrollos distintos en cada uno de los Estados miembros, con otros niveles intermedios que también completan su aplicación.
Por tanto, simplificar es pensar cómo construimos un mercado interior, cómo profundizamos en el levantamiento de nuestras fronteras y cómo facilitamos que los ciudadanos y las empresas tengan un acceso mucho más ágil a su realidad diaria, sin reducir los estándares ambientales ni los estándares sociales.
Campeones globales, competencia o mercado único: ¿cuál debe ser la prioridad europea?
Las tres cosas.
Hay un debate muy importante aquí. No creo que a Europa, a la economía, a las empresas europeas ni a los consumidores les convenga activar una política de cheque en blanco en la que las grandes empresas decidan las reglas del mundo o los intereses que merecen protección.
De hecho, estamos viendo lo contrario: una contestación al sector donde mayor concentración de poder se está acumulando, que es el ámbito digital. No nos interesa esa falta de competencia. Limitaría el estímulo a la innovación, a la mejora y a la capacidad de generar productos y servicios de gran calidad.
Afortunadamente, hoy vivimos en un mundo con muchos más actores, que han ido desarrollando más capacidades y que están en una posición que les permite dar saltos muy notables desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Si hay dos vectores importantes en el gran crecimiento de la economía global, son el verde —las tecnologías limpias— y el digital. Y eso está creciendo de forma muy importante en muchas economías muy diferentes, que no son únicamente occidentales.
También hay una voluntad de participación en nuestro mercado interior porque es un mercado de alta calidad con 450 millones de personas con alta capacidad adquisitiva en términos comparados.
Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, la construcción de campeones europeos capaces de competir en mercados globales se enfrenta a una dificultad que no procede necesariamente de la voluntad de garantizar competencia, competitividad y estímulo a la innovación. Está mucho más vinculada a la dificultad de operar a nivel europeo por la fragmentación entre veintisiete mercados nacionales, que todavía no ha sido superada gracias a la construcción del mercado interior.
Hay sectores particularmente importantes en este ámbito. Nos falta un mercado único de telecomunicaciones, un mercado único de la energía, un mercado único de capitales y servicios financieros. Esa fragmentación genera más costes para las empresas que operan, pero también para los consumidores que buscan alternativas en otros mercados, ya sea para crecer como empresas o para no quedar resignados a lo que ofrece su mercado nacional.
Ahí es donde tenemos que conciliar de qué forma facilitamos una rápida integración de estos mercados. Este ha sido uno de los compromisos adquiridos por la presidenta en su último discurso sobre el estado de la Unión. También fue el énfasis que pusieron tanto Draghi como Letta en sus informes, y Letta de nuevo en un encuentro reciente al plantear la idea de One Europe, One Market [Una Europa, un mercado].
Desde la perspectiva de la competencia, también debemos actualizar la forma en la que se valoran las ventajas, los inconvenientes y los eventuales daños de estas operaciones. Si necesitamos innovación, escala y resiliencia en nuestro mercado interior para dar espacio a que nuestros propios industriales puedan crecer, hemos de ser conscientes de que en muchos casos los beneficios asociados a una operación de fusión o adquisición tardan en materializarse.
La protección a los consumidores sigue siendo lo más importante. Sobre los daños hay certidumbre: podemos identificar cuáles serían de manera inmediata porque tendrían lugar justo después de la fusión. Las ventajas, en cambio, pueden tardar tiempo en materializarse.
Lo que hemos querido hacer es pensar de qué forma podemos contribuir, respetando nuestro propio mandato, a ese esfuerzo por impulsar innovación, resiliencia, sostenibilidad, tamaño y escalabilidad de nuestras empresas. Y lo hemos querido hacer de una manera muy transparente: explicando cuáles son los criterios que consideramos importantes y compartiéndolos de antemano.
También pretendemos establecer desde el primer momento un diálogo que permita entender mejor las ventajas y los inconvenientes de una operación de estas características. Eso permite evaluar desde el inicio hasta qué punto son operaciones solventes y prometedoras desde el punto de vista de los beneficios a medio plazo, o hasta qué punto existen dificultades que harían insalvable la operación y nos evitarían a todos el tiempo de esa discusión.
Ahora estamos en plena consulta pública de esas directrices, que creo que son rompedoras y quizá las más innovadoras que se han publicado y compartido por parte de cualquier jurisdicción hasta este momento. Ha habido actualizaciones recientes en Reino Unido y Estados Unidos, y creo que son sumamente interesantes.
El camino se hace al andar. En este momento tenemos una oportunidad para acabar de afinar y ajustar. Ha sido un proceso enormemente participativo, en el que hemos escuchado a todo el mundo. Una parte muy importante de la comunidad vinculada a la práctica de la competencia —académica, jurídica y empresarial— ha hecho públicas sus contribuciones y nos ha ayudado a llegar hasta aquí.
Así que necesitamos todo a la vez: escala global, mercado interior y criterios actualizados para evaluar operaciones procompetitivas y favorables a ganar escala, respetando el sentido último de nuestra razón de ser.
España ha hecho una apuesta clara por la energía renovable y por tener un precio de la energía más barato que otros países. En el debate europeo aparecen tres vectores: la energía barata española, que atrae inversiones pero no siempre puede llegar al resto de Europa; Francia y su apuesta nuclear; y Alemania, que atraviesa dificultades económicas, si bien puede seguir recurriendo a ayudas de Estado. ¿Cómo se hacen compatibles estas tres realidades dentro de la agenda industrial europea?
Más allá de comentarios de política nacional que no me corresponden en mi posición, hay varias reflexiones importantes. La primera es un reproche retroactivo a quienes pusieron palos en la rueda —y los siguen poniendo— a la economía verde, a la sostenibilidad y al uso eficiente de los recursos. Un uso eficiente de los recursos libera dinero para destinarlo a mejoras en formación y a más innovación.
El ejemplo de algunos bienes de consumo masivo, que pueden ser limpios o no serlo, pone de manifiesto hasta qué punto los ataques frontales a ese proceso de transformación, que Europa identificó tempranamente y que ha venido impulsando desde hace años, han sido un error.
Hace más de veinte años que trabajamos en un proceso para electrificar la movilidad, sabiendo la importancia que tiene la industria del automóvil en nuestro continente, tanto en empleos directos como indirectos. Hubo una oposición feroz a ese proceso de cambio. Incluso algunos, de forma irresponsable, acusaban a quienes defendíamos un proceso de cambio pautado y de acompañamiento a la industria de defender posiciones ideologizadas.
De repente nos encontramos con dos cosas muy significativas. Primera: hay quien nos ha adelantado. Segunda: dependemos de algo que no tenemos. Dependemos de combustibles fósiles que no tenemos, cuando sí contamos con la capacidad de electrificar esos usos finales.
Hay países que tampoco tienen recursos fósiles y han logrado una electrificación de su uso final de energía por encima del 30% a velocidad de vértigo. Europa, en cambio, todavía está estancada en torno al 23%. La movilidad y los usos térmicos siguen dependiendo en gran medida de la importación de gas y petróleo, algo que dificulta ese proceso de cambio.
España aprendió bien la lección de hasta qué punto apostar por algo que sí teníamos y convertirlo en un vector para la construcción de un ecosistema industrial y de servicios potente era un gran acierto. No se trataba solo de tener energía más barata que los demás, sino de tener energía asequible, eliminar costes indeseados por importación, calidad del aire, salud y dependencias, y generar al mismo tiempo un tejido industrial de bienes de equipo, instalación y mantenimiento muy atractivo.
Creo que lo hemos hecho bien. Todavía tenemos pendientes arbitrajes procedentes de decisiones políticas del gobierno anterior, pero hoy España cuenta con una situación mucho más sólida, solvente y atractiva desde el punto de vista del despliegue industrial, y mucho más segura para sus consumidores domésticos, que otros países de la Unión Europea que no han impulsado la transformación con la misma intensidad.
Hoy sabemos, y desgraciadamente la guerra de Irán lo subraya, que las razones por las que debemos acelerar nuestro proceso de electrificación, el uso eficiente de la energía y la construcción de respuestas a partir de los recursos de los que disponemos no son solo ambientales, de salud pública o morales, aunque las tres son muy importantes. También son razones de seguridad de suministro, seguridad económica y seguridad, punto.
No podemos quedar al albur del chantaje de terceros países, de las tensiones geopolíticas, de los conflictos o de las guerras que han estado vinculadas a la energía desde el siglo XIX.
Hay otros países en el centro de Europa que han hecho apuestas diferentes. Francia hizo una apuesta temprana por la nuclear y mantiene esa apuesta para la siguiente generación. Y hay otros países que han sido motor de la economía europea durante mucho tiempo y líderes en términos de revolución tecnológica que viven ahora un momento complicado.
La responsabilidad colectiva de todos es encontrar el acomodo para que todo el mundo se sienta bien en la oportunidad de seguir construyendo. Eso incluye cómo se da cobertura a la necesidad de modernización y reducción de dependencias que puede tener Alemania. Al mismo tiempo, las respuestas a esta necesidad de adaptación y a esta transformación de nuestro modelo económico como continente y como mercado único no pueden hacerse a costa de la ruptura de ese mercado único ni del riesgo de deshacer décadas de construcción de mercado interior.
Por eso, desde un momento temprano de este mandato quisimos reflejar que nuestra apuesta económica y nuestra vocación industrial como continente están vinculadas a la industria limpia. Sabemos que esto es una carrera contra el reloj y que una parte muy importante de los Estados miembros quieren acompañar el proceso de modernización de su industria.
Ahora bien, si queremos acompañar ese proceso, debemos contar con reglas comunes. Debemos identificar dónde hay un fallo de mercado que necesita acompañamiento, saber cuál es el apoyo provisional que se está produciendo en un sitio u otro y evitar distorsiones, malas prácticas en el uso de los recursos públicos o desigualdades reales dentro de un nivel equivalente de mercado. Eso es lo que garantiza una competencia efectiva, transparente y honesta entre los distintos industriales.
Esta es la realidad que tenemos hoy, con independencia del desafío que todavía representa para los gobiernos nacionales acomodar estas reglas.
Y, de nuevo, en torno a cuál es el papel de la Comisión o cómo simplificamos, creo que nuestra obligación en este momento difícil es facilitar ese proceso de cambio. No basta con decir “usted así no puede”, aunque eso sea importante y forme parte de las conclusiones que aparecen una y otra vez. La Comisión también tiene una responsabilidad como guardiana de los Tratados, que incluye eventualmente la apertura de procedimientos de infracción o sanción.
Pero hay una dimensión que cobra ahora particular relevancia: ser facilitadores de ese cambio, respetando los tratados. Por eso, esa apertura a encontrar respuestas lo más sencillas posibles es capital.
Hay un debate creciente sobre las grandes tecnológicas. Se ha hablado, por ejemplo, del acceso de los menores a las redes sociales. Pero también está la cuestión de cómo actúan empresas no europeas en un mercado como el europeo, con sus propias normas. Al mismo tiempo, parece que el Gobierno estadounidense quiere utilizar estas empresas en su relación con la Unión Europea para conseguir una mayor flexibilidad normativa. ¿Cómo se garantiza que compañías con una fuerza económica superior a la de muchos países respeten las normas europeas?
Este es un ámbito sumamente interesante en el que debemos ser muy rápidos, por muchas razones. Cuando observamos los diferenciales de competitividad entre la economía estadounidense y la europea, no están en la industria o en los servicios con carácter general. Están fundamentalmente en dos tipos de servicios: digitales y financieros. Ahí sí hay una brecha de competitividad que introduce también un elemento de productividad distinta en la economía.
En el resto, en la industria básica, seguimos siendo mucho más competitivos en términos de calidad, retribución y satisfacción para los trabajadores. Por tanto, sabemos claramente dónde tenemos que hacer una apuesta muy notable como continente y como potencia económica.
Europa tiene una gran cantidad de startups, conocimiento, desarrollo cuántico y computación que puede llegar a convertirse en servicios digitales. Sin embargo, en el crecimiento de esos servicios digitales y de esas empresas, la dificultad para encontrar instrumentos financieros que les permitan escalar y la rapidez con la que otros actores han crecido enormemente hacen que muchas desaparezcan o sean absorbidas. Estamos intentando resolver esto con todo nuestro paquete de desarrollo digital, que tiene un componente industrial y económico notable.
Teníamos Skype y la compró Microsoft. Teníamos WhatsApp y la compró Facebook. También teníamos Booking… Hemos visto cómo muchas empresas han ido desapareciendo o quedando integradas en grandes grupos.
Respecto a la digitalización de la economía y a la realidad digital, estamos ante una transformación profunda del modelo económico, de la productividad, de las relaciones sociales y de la forma en la que nos llega, interpretamos o percibimos la información, la publicidad o la prestación de servicios, con eventuales riesgos de sesgo.
El primer dato importante es que el crecimiento de estas empresas se ha producido en un contexto de consentimiento tácito, de falta de gobernanza y de ausencia de sometimiento a reglas más allá de las que ellas mismas se impusieran. La reacción llegó tarde, fundamentalmente a través de las normas de competencia, tanto en la jurisdicción estadounidense como en la nuestra.
Reaccionar a posteriori siempre es más complicado, pero contamos con herramientas potentes: la Digital Markets Act y la Digital Services Act, que creo que son más eficaces y más rápidas que los mecanismos antitrust tradicionales.
Estas empresas, que han sido enormemente exitosas, tienen más del 30% de su volumen de negocio y de sus resultados en el mercado europeo. Por tanto, les importa y han de cumplir con las reglas europeas. Uno cumple con las reglas del sitio donde opera, no con las del país donde tiene su sede principal.
Esto ocurre en todas partes, con independencia de la nacionalidad. Los patrones de calidad o de protección de la salud en el mercado de aceite de oliva de Estados Unidos los cumplen las empresas, con independencia de que el aceite se produzca en Italia, Grecia o España. Pues esto es equivalente. Los patrones de funcionamiento en los mercados digitales europeos han de cumplir con las reglas del mercado digital europeo.
Esto debe estar fuera de toda duda. Es nuestra obligación hacia nuestros consumidores y hacia nuestro mercado. También es nuestra obligación intentar que la relación con el resto de vigilantes de esos mercados en otras jurisdicciones sea lo más fluida posible, porque cuanto más compatible y congruente sea, mejor.
En el fondo, la preocupación de un ciudadano medio estadounidense respecto al uso no consentido de imágenes de sus hijos o a la introducción de elementos de adicción en un algoritmo es muy parecida a la preocupación de un ciudadano medio europeo. Y el pronunciamiento de un tribunal estadounidense puede ser muy parecido al que hubiera podido tener un tribunal europeo.
No estamos hablando de cosas tan diferentes. Pero sí estamos abordando una realidad que ha crecido al margen de la regulación porque no hubo cortapisas regulatorias a ese crecimiento. Siempre es más difícil introducir después este tipo de límites.
Asimismo, hay un consenso justo en el momento en que estamos asistiendo al crecimiento exponencial de nuevas realidades digitales. El contenido creado a partir de fuentes sintéticas, sin intervención humana, ya forma parte de nuestra realidad digital diaria. La inteligencia artificial crece a un ritmo exponencial y ya se aplica en términos de defensa, agresión, vigilancia social y limitación de derechos.
Esto plantea problemas sumamente importantes. ¿Cuál es el código ético que hay detrás? ¿Cuál es la realidad en términos de transparencia o responsabilidad? ¿De qué forma podemos asegurar que se emplea para bien, para las personas, y que mantiene una vocación centrada en el bienestar humano?
También plantea un desafío sobre quién tiene realmente el poder. ¿Son los gobiernos democráticos quienes tienen el poder o son quienes han configurado un entramado de dependencias tan importante? Porque, evidentemente, estas herramientas son útiles y han aportado muchas cosas positivas, pero también colocan a determinados actores en una posición de poder al margen de las realidades nacionales. Hoy nos preguntamos cómo es posible declarar una especie de muerte civil por falta de acceso a servicios digitales que forman parte de nuestro día a día: cuentas bancarias, transferencias, reservas de hoteles. Ha ocurrido con jueces del Tribunal Penal Internacional y con funcionarios de Naciones Unidas. Como diríamos popularmente, para muestra, un botón.
¿Cómo es posible identificar digitalmente a alguien y perseguirlo hasta la muerte? ¿Cómo es posible utilizar herramientas de inteligencia artificial como arma de guerra? ¿Cómo es posible que el propietario de una empresa advierta: “Hemos desarrollado una herramienta que tenemos que frenar, porque sabemos que es capaz de identificar debilidades y utilizarlas”?
Nuestro tráfico aéreo, nuestro tráfico financiero y buena parte de nuestra realidad son ya virtuales. También lo son los servicios de salud pública, los datos de los ciudadanos, los resultados electorales y la información que nos llega. Por tanto, claro que tenemos un desafío generacional importantísimo.
No podemos sucumbir a ningún tipo de tentación, presión o chantaje respecto a nuestra obligación como europeos de desarrollar capacidades industriales propias para no depender de terceros. No podemos vernos abocados a afrontar un chantaje parecido al que vivimos no hace tanto tiempo con los bienes energéticos. Al mismo tiempo, debemos pensar qué tipo de gobernanza y garantías queremos para asegurarnos de que nuestro progreso sigue vinculado al progreso de las personas.
Este es uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante. A esto no podemos renunciar. Estamos haciendo un esfuerzo notable y mi convicción es que, además de notable y transversal, tiene que ser un esfuerzo rápido, muy rápido, basado en valores y en la identificación anticipada de riesgos que no queremos afrontar a medio plazo.
Pero insisto: en muchos de estos elementos, nuestras preocupaciones podrían coincidir con las preocupaciones de una parte muy importante del resto de las personas del mundo.
