Aunque las instituciones europeas son propensas a realizar ciertos movimientos en silencio, el ruido provocado por la salida de Sabine Weyand, directora general de Comercio y Seguridad Económica, se ha escuchado en todas las capitales de Europa —e incluso en los campos de golf de Florida—. Todo indica que este no ha sido un simple movimiento de sillas en la burocracia comunitaria. La caída de Weyand, la mujer que se atrevió a decir que el “emperador” de la política comercial europea estaba desnudo, tiene un trasfondo político ineludible, reflejo de las diferentes visiones y estrategias que habitan en el Berlaymont.
Weyand, negociadora clave del brexit y guardiana del templo del libre comercio basado en reglas, ha sido apartada tras su posicionamiento respecto al acuerdo comercial alcanzado en Turnberry con la Administración Trump. Es decir, su salida —no planteada como tal— es el precio que la Comisión ha decidido pagar para acallar la disidencia técnica frente a un pacto que muchos, dentro de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica (DG Trade), consideran una capitulación que daña la soberanía comercial de la Unión.
Weyand frente al “apaciguamiento”
El conflicto que ha terminado con la salida de Weyand nace en los campos de golf de Escocia. El acuerdo de Turnberry fue presentado por la presidencia de la Comisión como un éxito diplomático que evitaba una guerra comercial total. Desde España, el actual vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se pronunció desde el realismo: “Lo pactado sí que sirve para reducir la incertidumbre, pero no la elimina”.
Sin embargo, para los puristas del comercio internacional liderados por Weyand, el pacto es un error evidente. Como analiza Domènec Ruiz Devesa, investigador sénior de CIDOB, nos encontramos ante una “estrategia fallida de apaciguamiento hacia Trump”. Weyand se opuso internamente a que la UE aceptara, de forma voluntaria, un arancel medio para la UE del 15% además de ofrecer otras concesiones. Bajo la lógica de Weyand, aceptar un arancel “por la paz” era aceptar un impuesto revolucionario que deteriora la razón de ser de la Unión Europea como bloque comercial.
Su resistencia iba en línea con una lectura histórica que la Comisión parece haber olvidado. El profesor estadounidense Cyrus Veeser recuerda que hace ochenta años, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entendió que “el comercio sin trabas encajaba con la paz; los aranceles elevados y las barreras comerciales, con la guerra”. La exdirectora de Comercio entendía esta doctrina y advirtió que, al aceptar los aranceles de Trump, la UE estaba financiando el próximo conflicto y legitimando el uso del comercio como arma de extorsión.
Uno de los puntos de mayor fricción entre Weyand y la planta 13 de la Comisión fue la gestión del revés judicial de Trump en su propio país. Cuando el Tribunal Supremo de EE. UU. declaró inconstitucionales los aranceles basados en la IEEPA, se abrió una ventana de oportunidad para que la UE recuperara la iniciativa legal.
Sin embargo, como explica el consultor César Guerra Guerrero, fundador de Trade & Access Consulting, la Administración Trump reaccionó con una agilidad que Bruselas no quiso contestar. “A pesar de que esta es una decisión que reafirma el principio de separación de poderes, la Administración Trump ha encontrado un nuevo resquicio para imponer un arancel global del 10%”, señala Guerra Guerrero. Al invocar la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, Washington simplemente cambió la etiqueta de su proteccionismo.
Según las informaciones publicadas, Weyand cuestionó la compatibilidad del acuerdo y de la arquitectura arancelaria derivada con las reglas comerciales internacionales. En esa lectura, la respuesta debía pasar por llevar el nuevo esquema ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activar la discusión sobre el Instrumento Anticoerción. La Comisión, sin embargo, optó por encajar la nueva base legal para no irritar a la Casa Blanca. Weyand se negó a avalar técnicamente una medida que consideraba incompatible con el derecho comercial internacional. Su salida es la prueba de que, en la nueva Bruselas, el derecho internacional ha pasado a ser secundario frente a la conveniencia política.
Una medida guardada en el cajón
El cambio de sillas aleja todavía más a la UE del uso de su herramienta más potente: el Instrumento Anticoerción (ACI). Mientras la Comisión justificaba su inacción por miedo a una escalada, voces autorizadas planteaban la posibilidad de usar este mecanismo que en su día fue pensado para emplearse contra China.
Como bien apunta Óscar Guinea, director en el think-tank europeo ECIPE, existe una confusión fundamental sobre la naturaleza de esta herramienta. Para el economista, “el mecanismo anticoerción no es un arma de guerra, sino que está diseñado precisamente para sentarse a negociar”. La tesis viene a decir que solo cuando el adversario sabe que tienes la capacidad de devolver el golpe, se toma en serio la mesa de negociación.
Al apartar a Weyand, la Comisión se aparta también del mecanismo por la vía de los hechos. Siguiendo la lógica de Guinea, al renunciar a la “disuasión creíble”, Bruselas no está evitando el conflicto: acude a la negociación con las manos atadas a la espalda. Es la diferencia entre la diplomacia de fuerza que Weyand propugnaba y la diplomacia de wait and see que parece haberse instalado en el Berlaymont.
¿Cómo respondió el Parlamento Europeo?
La salida de Weyand se produce después de que el Parlamento Europeo votara en marzo de 2026 a favor de avanzar en la ratificación del acuerdo de Turnberry. Fue una votación traumática. La mayoría de los grupos parlamentarios votó a favor por miedo al caos, pero la disidencia de Weyand durante las sesiones informativas técnicas a los eurodiputados fue la gota que colmó el vaso de la paciencia en la cúpula de la Comisión.
Resulta especialmente sangrante que el Parlamento avanzara en la ratificación mientras Trump mantenía amenazas directas contra Estados miembros. Ruiz Devesa subraya este sinsentido: “Resulta impensable que ante tal circunstancia la Eurocámara se dispusiera a proceder a la validación jurídica de lo acordado en el campo de golf”. El hecho de que la UE avanzara en ese proceso mientras Trump amenazaba con “cortar el comercio” con España por una cuestión de bases militares y defensa es, para muchos observadores, un punto muy bajo de la dignidad diplomática europea.
Para España, la salida de Weyand no es una buena noticia. La directora general era la mayor valedora de la “respuesta única” de la UE. Al ser apartada, Madrid queda más expuesta a la táctica de “divide y vencerás” de Washington.
El eurodiputado Adrián Vázquez Lázara ha sido uno de los más vocales en denunciar la pérdida de relevancia de la Unión. Para Vázquez Lázara, el comercio ha sido el motor de nuestra libertad, pero ese motor está gripado por la falta de coraje estratégico.
La paradoja es cruel: mientras Weyand pedía usar el músculo económico de la UE para proteger a países como España del chantaje arancelario vinculado a la seguridad, la Comisión la apartaba por “no ser constructiva”, según la lectura de sus críticos. Es decir, por no aceptar que España fuera moneda de cambio en un pacto global más amplio. Vázquez Lázara advierte que la UE ha pasado de representar el 20% del PIB mundial al 15%, y que esa irrelevancia se acelera cuando se premia la sumisión y se castiga la defensa de los intereses nacionales y comunes.
Hacia un debilitamiento de la soberanía europea
El análisis de la situación no puede ignorar el sentimiento de “negligencia” que recorre las capitales europeas. Se acusa a la UE de haber permitido que Trump dicte las reglas del juego. Weyand era la última línea de defensa contra esta erosión de la soberanía.
Trump ha logrado hacer pagar “muy caras las negligencias de la Unión Europea”. La UE se confió, pensando que las reglas de la OMC la protegerían para siempre, y no invirtió en su propia autonomía comercial cuando tuvo tiempo. Ahora, con el agua al cuello, la Comisión ha decidido que es más fácil apartar a la jefa de comercio que admitir que su política de los últimos cuatro años ha sido un error de cálculo tras otro.
La salida de Sabine Weyand deja a la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica en un estado de parálisis técnica en el peor momento posible. Con la sección 122 de Trump en pleno vigor y la ratificación convertida en la principal carta de presión, la UE entra en una fase de incertidumbre total.
¿Quién sustituirá a la mujer que conocía cada coma de los tratados comerciales? Probablemente, un perfil político, alguien dispuesto a gestionar la decadencia con mejores modales. Pero, como advierte Ruiz Devesa, la solución pasa menos por la diplomacia de guante blanco que por “recurrir el nuevo arancel ante la OMC, poner en marcha contramedidas arancelarias y el instrumento anticoerción”. Sin Weyand, la probabilidad de que la UE use esas herramientas es prácticamente nula.
En ochenta años, el mundo ha dado un giro completo. Del optimismo de Cordell Hull y la reducción de aranceles para fomentar la paz, hemos vuelto a un escenario donde el comercio es el garrote con el que se golpea a los aliados. Sabine Weyand ha caído defendiendo una idea de Europa que ya no existe: la Europa que se hacía respetar a través de la ley y el mercado. Su salida tras cuestionar el acuerdo de Turnberry es el reconocimiento implícito de que la Comisión Europea ha tirado la toalla. Bruselas ha preferido la quietud del cementerio comercial a la batalla por sus principios.
Mientras en Washington brindan por el fin de la resistencia técnica en Bruselas, en Madrid y en el resto de capitales europeas empezamos a comprender que el precio de este acuerdo se mide en euros o dólares y, sobre todo, en la pérdida definitiva de nuestra fuerza como bloque soberano.
Las reacciones desde Bruselas han sido claras: la Comisión predica la calma ante la amenaza de aranceles de Trump. Calma y seguir adelante con la eliminación de los aranceles estadounidenses, como previsto en el acuerdo de Turnberry. Esta es la línea elegida por la Comisión de Von der Leyen ante la amenaza de Donald Trump de elevar los aranceles sobre los coches y camiones europeos al 25%. “No es la primera vez que recibimos amenazas. No es la primera vez que les decimos desde este podio que seguimos muy tranquilos, centrados en la aplicación de la declaración conjunta en interés de nuestras empresas y ciudadanos”, declaró esta semana un portavoz de la Comisión. “o nos dejaremos influir por amenazas hipotéticas que no se han materializado”, añadió.
La Comisión no quiere lanzarse a una “escalada” de amenazas, explicó el portavoz. En las discusiones entre los Estados miembros, una amplia mayoría quiere acelerar la adopción del texto legislativo para eliminar los aranceles sobre los productos estadounidenses, como previsto en el acuerdo de Turnberry. Solo Francia insiste en incluir cláusulas de salvaguardia, como ha solicitado el Parlamento Europeo.
