Siete desafíos argentinos

(Este documento es el primero en nuestro portal con los comentarios abiertos al final del mismo. Inauguramos así una modalidad de intercambio con nuestros lectores).

Una agenda de futuro

El resultado electoral de octubre consolidó un escenario -una sociedad polarizada y distanciada de la vida política-  y confirmó una necesidad: construir una opción de cambio asentada en los principios constitucionales y los valores históricos de libertad e igualdad para todos los argentinos-.

Esa construcción, que  debe contar con el protagonismo del Radicalismo, requiere de una coalición social que la sostenga, un instrumento político que la oriente y un liderazgo que la conduzca.

Pero también, sin ningún tipo de dudas,  requiere de una actualización programática que, reconociendo los múltiples y vertiginosos cambios de escala planetaria,  identifique los desafíos que debemos afrontar para vivir en un país  que posibilite  el progreso social  y la realización individual de todos los argentinos.

Sabemos que la democracia no es posible sin partidos políticos, pero también sabemos que los partidos están en deuda con la sociedad.

El debate horizontal, franco y abierto sobre la problemática social y las posibles alternativas es una de esas deudas que el Radicalismo debe honrar.  Ese es el propósito del trabajo que suscribo y que  se adjunta – resultado de consultas con destacados expertos, académicos y actores políticos- y que  aspira a contribuir a una productiva  discusión que conduzca a un positivo cambio político en la Argentina.

AGENDA DE DEBATE PARA CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA EN 2027

Este documento se propone contribuir a la construcción de una alternativa política a la altura de los desafíos actuales del país, desde una perspectiva anclada en los valores y los mandatos de la democracia constitucional. Para ello, apela a un diagnóstico de la encrucijada política en la que se encuentra la Argentina actual, ubica en primer plano los valores democráticos y republicanos, y propone una discusión de ideas medulares sobre la problemática actual, que no es sencilla. Se requiere, por lo tanto, una mirada hacia el futuro condensada en un cierto número de desafíos políticos, económicos y sociales que entrelazan las circunstancias nacionales con las globales.

En una sociedad con una justificada desconfianza en la actividad política la construcción de una alternativa democrática y republicana es un emprendimiento colectivo tan complejo como necesario, dado que la polarización de las opciones extremas lleva en nuestros días a una brutal simplificación que no da cuenta de la rica diversidad del país ni de sus amplias posibilidades de desarrollo nacional. Ante la posibilidad de la profundización de ese círculo vicioso, resulta entonces oportuno reanudar una conversación pública, con eje en el espacio cultural del radicalismo, pero con apertura a organizaciones, grupos y personas que compartan las premisas fundamentales de la democracia constitucional con sentido social.

Sin adherir a las visiones catastrofistas sobre la situación del país, hay que tomar conciencia de la fragilidad económica, social y política del contexto actual. El gobierno del Presidente Milei ha recibido un respaldo electoral muy significativo. Al mismo tiempo su programa de gestión a lo largo de 2025 parece haber encontrado sus límites. La combinación de un ajuste drástico en lo fiscal, que no constituye un programa consistente de estabilización y presenta serios déficits en lo monetario y cambiario; una gestión política sectaria; un extremismo cultural tanto en los contenidos como en las formas; y, un manifiesto desdén por la institucionalidad liberal no son la fórmula adecuada para encarar los problemas del país en los próximos dos años del período constitucional.

El kirchnerismo intentó recuperarse frente al compromiso electoral con una receta sencilla: la oposición cerrada al gobierno de Milei, la negativa a rendir cuentas sobre el gobierno de Alberto Fernández y la coagulación temporaria de sus diferencias internas. Con la ayuda de los errores del oficialismo, pensaron que les alcanzaba para aparecer como alternativa, sin nada para criticar, nada para corregir, ni nada para revisar de sus últimas cuatro administraciones. La apuesta no resulto como esperaban.

Entre ambos polos se encuentra un archipiélago de fuerzas que ofreció poca competitividad a un electorado cuyas preferencias no son tan diversas. Esa fragmentación es, en cambio, el resultado de la incapacidad de la dirigencia para construir acuerdos. En este contexto, la emergencia de Provincias Unidas pareció una novedad auspiciosa, pero se reveló como una formación incipiente, surgida de gobiernos e intereses provinciales enfocados en defenderse de las elites metropolitanas y no de la confluencia entre partidos e ideas nacionales. Tampoco alcanzaron representación alguna otras variantes inorgánicas que se dicen surgidas de la sociedad misma y prescinden de las organizaciones políticas. Todo eso resalta el vacío de ideas sobre el futuro en que se debate la política argentina y de una potente acción colectiva que las enarbole.

Por todo esto es imprescindible construir con firmeza una alternativa vigorosa e inteligente: ni el mileísmo, ni el kirchnerismo, ni las disputas fiscales, ni las candidaturas espontáneas pueden proporcionar una visión de futuro deseable y factible para nuestro país. Y la complejidad de los problemas acumulados en las últimas décadas, así como la desarticulación de los intereses económicos, sociales y regionales, generan múltiples bloqueos y contradicciones que solo se pueden abordar si se renuncia a privilegiar intereses inmediatos y ambiciones personales.

Adicionalmente, las dificultades a enfrentar no son solamente internas. Vivimos en un contexto global en el que se advierten signos claros de deterioro de las democracias liberales con el ascenso de líderes con tendencias autocráticas de diversa orientación, de tensiones geopolíticas crecientes, de cuestionamientos generalizados a las formas de autoridad políticas, de aceleración del cambio tecnológico, de retroceso de las reglas comerciales, de intensificación de conflictos migratorios, de aceleración de la transición demográfica, de crecimiento de las economías criminales y de una esfera pública en la que los criterios de verdad y racionalidad científica pierden entidad.

Una alternativa de futuro, por lo tanto, requiere integrar un conjunto de ideas básicas sobre las frustraciones del país y las aspiraciones de sus ciudadanos, un programa que proponga respuestas a todos esos desafíos, una organización política que lo lleve adelante y una coalición social que lo sostenga. Este documento se propone esbozar esos lineamientos, con el ánimo de que sirvan como estímulo para una deliberación amplia, ágil e informada.

IDEAS CON FUTURO

Contra varios pronósticos, el mundo actual sigue siendo protagonizado por los Estados nacionales. Por lo tanto, es imprescindible dotarnos de una Estrategia-nación para integrarnos con ventaja a las corrientes mundiales de producción y comercio y para contribuir a un orden mundial basado en el derecho y la convivencia plural de las soberanías y las culturas.

Nuestro mayor logro, la democracia constitucional, ha sido insuficiente a lo largo de cuatro décadas para alcanzar un crecimiento económico continuo y estable. Tampoco la ciudadanía se siente satisfecha con la acción estatal y, más grave aún, no se recuperó la integración entre los diversos estratos y sectores de la sociedad que antes caracterizaba a la Argentina. Habiendo tenido en la primera década de este siglo una oportunidad excepcional para tomar impulso, la hemos desaprovechado para repetir hasta el cansancio un ciclo fatídico de avances parciales y retrocesos dolorosos.

El actual presidente propone un experimento basado en una promesa: el crecimiento económico será resultado del estímulo a la iniciativa privada con base en el desmantelamiento del nivel nacional del Estado y de la indiferencia frente a las apremiantes necesidades de justicia social. Nuestra convicción es que eso se trata de una quimera, porque la prosperidad de los países requiere siempre dos condiciones: un orden jurídico y político en que se apoyen las libertades económicas y una distribución amplia de bienes púbicos para igualar oportunidades en la base de la sociedad. En consecuencia, la acumulación capitalista para beneficio de nuestro pueblo sólo ocurrirá cuando el sistema empresarial, los diversos niveles e instancias del Estado y la sociedad civil trabajen de manera convergente para insertar con ventaja a nuestra nación en las corrientes mundiales de intercambio y creación de riqueza.

Reconstruir y fortalecer los lazos sociales es indispensable. No será fácil ni rápido, pero es una prioridad que requiere un despliegue coordinado de esfuerzos estatales y comunitarios. La educación pública es el eje troncal para integrar a los jóvenes al mundo del trabajo, con el nivel de saberes y competencias que requieren los empleos frente al ritmo exponencial del cambio técnico. Nuestras escuelas, colegios y universidades deben aumentar el caudal y la calidad de sus enseñanzas, lo cual requiere una política pública bien coordinada entre las diversas esferas del Estado y articulada con un sistema científico-tecnológico dinamizado.

Pero, las políticas públicas efectivas y con resultados palpables son una asignatura pendiente de nuestra democracia. El suelo para diseñar e implementar la acción estatal sistemática con proyección social y productiva son las finanzas públicas. Debemos ser conscientes que los recursos públicos son escasos y deben aplicarse bajo estricto control. Tanto los pobres resultados de políticas públicas que insumieron ingentes esfuerzos fiscales cuanto el clientelismo, el patronazgo, el patrimonialismo y otras manifestaciones de corrupción son flagelos de los que debemos ponernos a resguardo.

La edificación de capacidades estatales, es decir de oficinas y reparticiones eficaces, productoras de valor público, profesionales, transparentes y en la vanguardia tecnológica es una clave estratégica que también proponemos discutir. En el seno del Estado deben asignarse con precisión las competencias y los recursos entre la Nación, las provincias y los municipios. Por ese camino el federalismo de nuestra Constitución rendirá sus mejores frutos.

Es que no se deberían perder de vista dos importantes mandatos constitucionales: la provisión de desarrollo humano, con todo su programa de justicia social y progreso en libertad (art. 75) y un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Los desequilibrios entre regiones son visibles e irritantes al punto que el trámite de las múltiples reivindicaciones se convierte en un interminable juego de suma cero entre la nación y las provincias, aunque también entre provincias de diversas regiones.

De allí que el orden fiscal, que comprende también la remodelación del sistema impositivo, debe ser imaginado y levantado como prenda de unión entre regiones, sectores sociales y generaciones. Las disputas sobre recursos y gastos alimentan los fantasmas de la discordia que es fundamental minimizar si se quiere que la Argentina encuentre el rumbo para avanzar como Estado nacional independiente y solidario.

En el trasfondo, el país presenta una estructura productiva con grados diversos de actualización y competitividad que bien puede representarse en cuatro grandes áreas: la pampeana, extensible al nordeste, con su orientación a la exportación y sus avances tecnológicos; la del área metropolitana de Buenos Aires y otras grandes ciudades, con su industria en parte derivada del antiguo modelo de sustitución de importaciones; la del oeste andino, con los yacimientos de gas y petróleo y sus promisorios emprendimientos mineros de cobre y litio; y la de empresas de base tecnológica, sobre todo informática, para la cual el asiento físico no es determinante.

Para alcanzar una productividad extendida sobre un conjunto diverso de cadenas productivas, que a un tiempo aprovechen la dotación de recursos de cada zona y provean puestos de trabajo digno en todo el territorio, será preciso no solo generar y asegurar condiciones macroeconómicas estables, sino también disponer de políticas públicas aptas para respaldar a las empresas, dar saltos tecnológicos, reconvertir sectores, estimular el empleo formalizado y abrir nuevos mercados.

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS

Las aspiraciones señaladas enfrentan desafíos mayúsculos y dilemas que carecen de una respuesta única. No existe un manual con instrucciones a seguir. Se trata de pensar una construcción política en una sociedad plural que arrastra tropiezos de larga data y que ahora debe recrear la esperanza, lo cual requiere articular los partidos políticos y superar, mediante ideas y acciones, el escepticismo generalizado hacia la política como vector de transformación.

1. Un país más integrado a la región y al mundo. El relacionamiento externo de la Argentina requiere, hoy más que nunca, una observación continua frente a un mundo que experimenta cambios mayúsculos y de celeridad inusitada. La matriz de relaciones geopolíticas, económicas y financieras que dominó la globalización desde la segunda posguerra ya no existe: ha quedado atrás la unipolaridad, y el nuevo escenario es incierto. En el ámbito más próximo de América del Sur, el foco que ha puesto el gobierno estadounidense en la región también levanta diversas preguntas. Paradójicamente, cuando desde nuestra pertenencia a occidente se hace más necesario mantener una mirada abierta y atenta a un damero internacional complejo, el gobierno argentino ha optado por una alineación automática y exclusiva con los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Este cambio de postura se ha hecho de manera súbita y sin una estrategia meditada que le sirva de apoyo, y es un camino que aleja a la Argentina de las posiciones que ha defendido tradicionalmente en distintos foros internacionales. Tampoco es compatible con la orientación de nuestros flujos actuales de comercio e inversiones, ni con la necesidad de ampliar el volumen de nuestras exportaciones, atraer inversiones e incorporar tecnología. Mantenemos una política internacional y económica que se encuentra en las antípodas de nuestro principal socio en el Mercosur, y sin capacidad para gestionar las diferencias y avanzar en una agenda positiva. El probable acuerdo con la Unión Europea abre una perspectiva promisoria, pero exige trabajar con paciencia junto a los otros miembros de nuestro bloque. La integración regional y la inserción global de Argentina requiere correcciones antes de que se consoliden obstáculos de mayor costo.
2. La impostergable tarea de la estabilización. La posibilidad de reencontrar el camino del crecimiento está jaqueada por recurrentes desequilibrios que dificultan el funcionamiento económico cotidiano. El horizonte de las decisiones es sumamente estrecho. Más aún, la fragilidad financiera obliga a decisiones que tienen unos pocos beneficios de corto plazo, pero que ocultan consecuencias en un horizonte más largo de tiempo. En consecuencia, la elección de rumbos estratégicos queda inhibida por urgencias inmediatas derivadas de las dificultades para estabilizar la economía, cuando la mayoría de nuestros vecinos ha resuelto este problema. La estabilización económica “a como dé lugar” o, en el otro extremo, el manejo macroeconómico irresponsable, han ocupado el centro de atención de distintos gobiernos. Los restantes instrumentos de política económica han quedado en un plano subalterno o, directamente, fueron capturados por intereses corporativos. Pese a reiterados intentos, los desequilibrios macroeconómicos demorarán en resolverse hasta que se restablezca la confianza en el peso, se recupere el acceso al crédito externo y se disminuya la desmedida deuda interna, consecuencia de los excesos monetarios del pasado. La trayectoria por recorrer en el futuro está caracterizada por la estrechez fiscal, con escasos márgenes de gasto público y la necesidad de generar superávit primario y asegurar saldos positivos en la cuenta corriente externa. Esto exige confrontar difíciles dilemas. De un lado, las expectativas de una sociedad estancada y con reclamos de protección, especialmente de aquellos más vulnerables. De otro lado, la convicción del sector privado que la presión tributaria futura debe ser menor a la actual. Si Argentina lograra encontrarse con la senda de un crecimiento sostenido podrán aliviarse estas restricciones de forma gradual pero sostenida. Entretanto, la urgencia por resolver la estabilización económica no puede perder de vista una mirada más amplia y estratégica del desarrollo nacional. Hay espacio para otras políticas, reafirmando por supuesto el orden fiscal y monetario.
3. El mercado y la inversión privada. La saludable posibilidad de otorgar un papel destacado al dinamismo empresarial y a la inversión también enfrenta obstáculos. Una parte importante de las actividades de mayor proyección y potencial de crecimiento —como la energía, la agroindustria, la minería, la siderurgia, la industria farmacéutica, el complejo automotriz y las telecomunicaciones— a las que cabe agregar los servicios basados en el conocimiento, pueden ser agentes de importantes transformaciones y dinamismo tecnológico en una economía más integrada al mundo. Ya existen evidencias claras en tal sentido, aunque son conocidos también los riesgos de una dependencia excesiva de la exportación de commodities y que es necesario mitigar con políticas adecuadas. Sin embargo, estas actividades también presentan altos niveles de concentración, donde se dan cita importantes grupos empresariales. En una economía estancada y con altibajos pronunciados, donde se repiten episodios de cierre a la competencia externa, la posibilidad de progresar en los negocios ha estado más ligada a la captura de rentas y a la protección frente al “riesgo argentino” que a la innovación y la asunción de riesgos genuinos. No obstante, el mayor reto es cómo transformar a los sectores que quedan en desventaja competitiva frente al contacto más estrecho con el mercado regional y global y que, como es sabido, tienen un peso gravitante en el empleo, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Importantes diferencias de productividad entre empresas conviven en el interior de las distintas actividades económicas, lo cual da lugar a una estructura productiva heterogénea y desigual. Un entorno de crecimiento sostenido, con menores vaivenes y acompañado de políticas específicas destinadas a atender estas realidades, permitirá una corrección progresiva del fenómeno.
4. Revolución tecnológica, cambio climático y transición demográfica. Se enfrentan retos que tienen lugar en un contexto de mutaciones de alcance civilizatorio, sin antecedentes para la humanidad. La inteligencia artificial generativa —la más reciente de una ola de innovaciones tecnológicas— comienza a transformar nuestra relación con el conocimiento, el trabajo y la comunicación. Es necesario entenderla no solo como una oportunidad de negocios sino como una ventana de oportunidad social, que exigirá esfuerzos y creatividad para incorporarla con provecho en la educación y en el empleo. Pero al mismo tiempo, se debe tener un ojo atento para no entronizar a los poquísimos magnates y/o corporaciones que controlan estos desarrollos, quienes parecen embelesados con la distopía de un autoritarismo hípereficiente. El cambio climático, se sabe, nos obliga a responder colectivamente a la posibilidad cierta del deterioro irreversible de las condiciones de nuestra supervivencia como especie. Por su parte, la aceleración de la transición demográfica cierra un ciclo de crecimiento sostenido de la población y anticipa un futuro cercano con cada vez menos niños y jóvenes y más adultos mayores, con consecuencias directas sobre la convivencia social y la sostenibilidad de nuestros sistemas de seguridad social. Estos nuevos desafíos son de enorme complejidad: involucran procesos que escapan al control de los gobiernos, tienen alcance global y se despliegan en escalas temporales diversas. Su abordaje requiere niveles de cooperación difíciles de sostener y corren el riesgo de convertirse en material para meras declaraciones bien intencionadas. Pero las evidencias de su importancia son cada vez más contundentes.
5. Las funciones y la capacidad del Estado. La economía pública de esfera nacional tiene responsabilidades indelegables, como la orientación para el desarrollo de infraestructura, los programas sociales, el sistema jubilatorio, la educación superior o el sistema científico. A esto se agrega la necesidad de coordinar funciones y competencias ubicadas en la esfera provincial. Sin embargo, las capacidades de gestión necesarias para implementar políticas públicas se ven amenazadas por la fragilidad del servicio civil, que es particularmente agudo en ciertas áreas y organismos. Allí donde el Estado deja vacíos, los ocupan los intereses de actores privados, en un entramado de relaciones poco transparentes con el sector público. Otra consecuencia de esta fragilidad radica en el desbalance entre necesidades de gasto y capacidad de financiamiento a través de impuestos. Los reiterados intentos de reformas tributarias derivaron en evasión y sucesivos blanqueos, sin mejoras duraderas en el cumplimiento fiscal del sector privado. Antes que postular metas inalcanzables de aumento de la recaudación mediante nuevos diseños impositivos es prioridad reducir la informalidad y la evasión. Hay aquí una asignatura pendiente que pasa frecuentemente desapercibida en el debate público y es la inequidad horizontal de nuestro sistema impositivo: sujetos económicamente comparables –ya sean personas o empresas– soportan cargas muy desiguales según exhiban o no una situación regular frente a la administración tributaria. Una ampliación de la base tributaria, mejoras de diseño para reducir las principales distorsiones, y reordenar la distribución de recursos y competencias entre Nación y provincias son herramientas que es necesario reformar y aprovechar. En cualquier caso, reformas sólidas y perdurables en el tiempo requieren leyes del Congreso y no decretazos unilaterales.
6. Una sociedad integrada y equitativa. Nuestra histórica aspiración de igualdad social enfrenta hoy una doble dificultad. En primer lugar, la pobreza estructural se ha consolidado, abarca a varias generaciones y ha quebrado la estructura social. Lamentablemente, tal como se ha visto en años recientes, sin logros duraderos en la reducción de la inflación y en el crecimiento de la actividad económica, la mejora de los indicadores de pobreza tiende a ser efímera. La falta de creación de empleo y la informalidad laboral, con su correlato de inseguridad económica y fragilidad familiar, constituyen una realidad que interpela y cuestiona toda aspiración legítima de igualdad de oportunidades. La fractura social se expresa en múltiples dimensiones: educación, salud y vivienda, entre otras. Además de las responsabilidades del gobierno nacional, el papel de las provincias en estas esferas resulta clave, ya que tienen a su cargo la responsabilidad primaria del gasto social. En segundo lugar, las políticas capaces de mitigar esta situación solo pueden tener efectos graduales. No existen remedios instantáneos, pero sí es posible avanzar con políticas coordinadas que permitan abrir horizontes y generar esperanza en el mediano plazo. Las carencias actuales suelen quedar opacadas por las urgencias de una economía inflacionaria, pero si llegara a consolidarse un régimen de estabilidad probablemente emergerán con más fuerza mayores demandas de equidad social.
7. Democracia e instituciones. Uno de los fenómenos destacables de las transformaciones recientes a nivel global es la llamada regresión democrática. Después de años de avances, hay evidencias de que los ejes principales sobre los que reposa la democracia liberal están bajo tensión en diversos países. Ni siquiera aquellos con instituciones consolidadas escapan del embate. La Argentina, con características que le son propias, no es una excepción. La dimensión democrática y republicana está en jaque por una debilidad institucional que permea los tres poderes del Estado –tanto a nivel nacional como provincial– y que se corona con las falencias y opacidades del Poder Judicial. Las debilidades en la administración de justicia empujan a la sociedad a un “estado de naturaleza”, donde prevalecen los intereses de quienes ocupan los lugares más altos de la pirámide de poder. La reforma del poder judicial es uno de los principales caminos para avanzar hacia una sociedad apoyada en el cumplimiento de la ley y que permita erradicar la corrupción endémica, detener el avance de la economía ilegal y su secuela de violencia, y reafirmar la seguridad jurídica. Pero aquí no termina el problema: el desafío es más amplio. El abuso de las posiciones de poder, que es una forma de corrupción, obedece a la falta de transparencia, tanto de los actos de gobierno como de las conductas empresariales y corporativas. El acceso abierto a la información de calidad es un vital mecanismo de control y es también una manera de sumar activamente a la ciudadanía al debate público y, por esta vía, fortalecer la vida en democracia. El abuso de las posiciones de poder tiene causas múltiples, como la baja institucionalidad y una cultura política populista, y tiene también consecuencias múltiples, como el avance sobre libertades civiles y políticas, y el péndulo entre ciclos de euforia y desencanto que erosionan tanto la calidad como la estabilidad de la democracia. La falta de confianza en los gobiernos, el mal clima para los negocios y la inestabilidad económica no están desligadas de estos déficits políticos, que por lo tanto no son meras formalidades de segundo orden sino columnas centrales para el desarrollo.

EL TRIUNFO DE LA TEMPLANZA

La conveniencia de replantear valores y aspiraciones compartidas es también un intento de evitar errores del pasado y extraer lecciones hacia adelante. Los extremos se favorecen uno al otro y acorralan la sensatez como virtud política.

La demagogia recargada condujo al descalabro económico y a un nuevo deterioro del tejido social. Sus objetivos acarrearon consecuencias negativas de las que sus mentores no asumen responsabilidad alguna: el agotamiento de las finanzas públicas, el estancamiento exportador y la ineficacia que la protección indiscriminada inflige a la productividad y a la competitividad nacionales.

Frente al fracaso, el espacio fue ocupado por el gobierno de Milei, inspirado en principios igualmente inviables, pero de signo contrario: la negación del Estado, la entronización de un concepto errado de libertad, el cuestionamiento de principios básicos de solidaridad social y la idealización de un modelo de economía de mercado basado en autores ubicados en los márgenes de la tradición del pensamiento económico y social.

En la práctica, sus políticas quedan reducidas al objetivo único de la reducción del gasto del Estado, ancladas en el ajuste fiscal y el atraso cambiario, mientras que los demás resortes de la economía fueron desatendidos y entregados a diversos grupos del sector privado.

Se ha precipitado una crisis cambiaria que consumió el apoyo del FMI, dilapidó recursos fiscales y obligó al gobierno a solicitar el apoyo de EE. UU. en términos que sólo se conocen de forma fragmentaria. El gobierno carece de una estrategia inteligente de inserción internacional y las acciones desplegadas en ese frente no poseen un fundamento articulado.

Se abre ahora, luego de las elecciones de medio término, la necesidad de reformular la política macroeconómica que, además, muy probablemente deberá ser complementada con ajustes en los contenidos discursivos, en la gestión de políticas del resto de las áreas de gobierno y el replanteo de la relación con el Congreso. Los resultados de la elección del 26 de octubre ofrecen al gobierno la oportunidad de avanzar y habrá que demandarle que las políticas afronten y no eludan los desafíos que más arriba se señalaron.

En síntesis, ante el peligro de estos planteos extremos, resulta oportuno rescatar valores y aspiraciones compartidos que permitan abrir rumbos distintos y proyectar hacia el 2027 un nuevo horizonte. Es legítimo aspirar a un camino que movilice nuevamente a la ciudadanía argentina, pero esta vez buscando acumular capital político en temas que logren resignificar la configuración de la competencia política en una en la que la democracia, la Constitución, la racionalidad política, el equilibrio económico y la coherencia de valores vuelvan a ser una opción sensata y popular.

Esa alternativa queda a cargo del arco moderado y progresista del sistema político. Requiere del protagonismo, por lo tanto, de la Unión Cívica Radical, que debe asumir ese reto, y tiene que gestarse con diligencia y lucidez para que pueda surgir con fuerza hacia el próximo turno constitucional. La esperanza democrático-social reside en que la Argentina adopte una Estrategia-nación que inicie un ciclo largo, estable y continuado de crecimiento económico, progreso social y calidad institucional.

República Argentina, 3 de noviembre de 2025.